Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
754/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Renán Hidalgo Echazarreta y Otros.
  • Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
  • Enrique Mejía Bello y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Enrique Alvarado Saucillo y Otros.
  • Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.
  • Hugo Melchor Nieto
  • Edwin Daniel Guerra Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de nueve del mes y año en curso, en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que dicha impugnación se hiciera valer. En consecuencia, se declara que el acuerdo de referencia HA CAUSADO ESTADO; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se indica a las partes que en términos de los numerales 1, 3, 68, 71, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se elaboró versión pública de los acuerdos dictados en autos. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos judiciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente expediente, es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; por tanto, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años y después de ese lapso se procederá a su destrucción y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a lo que dispone el párrafo segundo del punto décimo primero del repetido acuerdo, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.

  2. Principal

    CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor proveer el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, toda vez que en proveído de nueve del mes y año en curso se tuvo por no presentada la demanda de garantías.

  3. Principal

    Ciudad de México, México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, no desahogaron la prevención formulada en proveído de doce de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el acuerdo de referencia, y se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, aunado a que, la asesora jurídica no exhibió en original las constancias aparentemente signadas por los justiciables. Además, es un hecho notorio que a la fecha en que se emite este acuerdo, el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón y varios de los presuntos quejosos, han promovido desde el uno de enero de dos mil veinte, más de diez mil juicios de amparo indirecto reclamando los mismos actos, lo que implica un ejercicio equivocado de esta garantía constitucional prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lejos de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, está siendo utilizado para impedir la correcta administración y funcionamiento de un centro penitenciario, imposibilitando a las autoridades responsables cumplir con el mandato constitucional, consagrado en el numeral 18 de la Carta Magna, relativo a la operatividad del sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Registro digital: 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Ciudad de México, México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Paula Abigail Duran Camargo, asesora de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, a través del cual informa y acredita que se entrevistó con los quejosos a fin de asesorarlos en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto del anexo al escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la prevención que pretende desahogar se formuló a los quejosos antes señalados; en consecuencia, éstos son quien deben desahogar la citada prevención de forma personalísima, puesto que el ejercicio de la acción de amparo debe ser formulada y suscrita por quien afirma sufrir un agravio personal y directo; aunado a que debe realizarse bajo protesta de decir verdad. Además, cuando se presenta una demanda de amparo o escrito en el PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica, lo que no acontece en el caso, pues el anexo exhibido no contiene la firma electrónica de los quejosos y por tanto, no se aprecia la voluntad de éstos, es decir, no hay instancia de parte de quien aduce sufrir un agravio personal y directo, lo cual es del conocimiento de la promovente como perito en la materia, máxime que del propio escrito de la asesora se advierte que los quejosos le pidieron la presentación del escrito por su conducto, de lo que se infiere que le entregaron el original y es el que debe exhibir. Con apoyo en lo previsto en el artículo 297 fracción II, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la asesora jurídica Paula Abigail Duran Camargo, para que dentro del plazo concedido en la prevención, de la cual ya tiene conocimiento, exhiba el escrito original citado, a fin de proveer lo conducente. Se apercibe a la asesora jurídica que de no cumplir con el requerimiento en el término concedido, se acordara lo que en derecho corresponda; apercibida que de no cumplir con lo solicitado, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá multa de ciento veinte unidades de medida y actualización vigente en esta ciudad, según lo previsto en los ordinales 237 y 259 de la ley de la materia.

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