Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado electrónicamente por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. REGISTRO Con la demanda y anexos, fórmese expediente físico y electrónico; y, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, bajo el progresivo 26/2022-5. DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. II. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte accionante reclama los actos de molestia del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, respecto de la tortura psicoemocional e intimidación y actos de represalias. No obstante lo anterior, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: De forma clara y manifiesta se revela la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6, 14 y 15, todos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente (...)" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa a las Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad (.)" La regla general para cumplir con el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo en términos del ordinal 6 de la ley de la materia, es que el juicio lo promueva directamente la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto de autoridad. Dicho principio, empero, puede cumplirse cuando el agraviado insta al órgano jurisdiccional por conducto de su representante legal, apoderado, lo cual deberá acreditarse con las constancias respectivas (artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo). En materia penal, también puede comparecer el defensor o cualquier persona en los casos que la ley permita; éstos últimos son, específicamente: 1. Cuando el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifieste ser defensor del agraviado ello bastará para el trámite inicial pero deberá ser corroborado por la autoridad responsable con las constancias relativas (artículo 6, segundo párrafo y 14 de la Ley de Amparo). 2. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo (artículos 6, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo). En el caso, por una parte, quien dice ser el representante común de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y/o los propios quejosos no firmaron el escrito de demanda. Por otra, los actos reclamados no son de los comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, tampoco se menciona ni se advierte que los diversos quejosos ¨***, estén imposibilitados para promover de manera directa la demanda, o bien, incomunicados para justificar que cualquier persona lo haga en su nombre (como acontece). En tanto, que los actos reclamados por sí mismos no entrañan incomunicación o imposibilidad alguna para promover la demanda por propio derecho, de ahí que se concluye que los citados quejosos están en aptitud de presentarla por sí mismos y no a través de quien promueve en su nombre. Aunado a ello, no pasa inadvertido que la parte promovente ha instado diversos escritos con las mismas características (falta de todas las formalidades que la ley de la materia establece) y que han dado origen a los expedientes 1569/2021, 1570/2021 y 1612/2021, en los que ha señalado los mismos actos reclamados de lo que puede válidamente inferirse que la intimidación equiparada a tortura socio emocional y actos de represalias, son actos futuros e inciertos. Lo anterior se robustece con el criterio contenido en la tesis aislada IV.3º.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, visible en la página mil seiscientos setenta y cinco, tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto". También es aplicable al caso la tesis XX.308K, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías.". Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que procede es desechar de plano la demanda de derechos que intentan promover electrónicamente los quejosos ***, con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal. Toda vez que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena realizar todas las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado; ello en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevé que las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales, hasta en tanto designe uno. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que procede es desechar de plano la demanda de derechos que intentan promover electrónicamente los quejosos ***, con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueven ***, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Notifíquese.
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