Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 550/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Juan Manuel Espinosa González
- Eduardo Ampudia Frausto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual indica que el oficio 22567/2022 carece de firma electrónica, solicitando el reenvió del mismo. En su atención, reenvíese el oficio 22567/2022 vía SISE, con las formalidades respectivas. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual solicita se informe el estado procesal del juicio de amparo 550/2022-II. En su atención, reenvíese el oficio 22567/2022 vía SISE, por el cual se hizo de su conocimiento que este juzgado asumió la competencia planteada.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosi, mediante el cual determinó no asumir la competencia para conocer de la demanda de amparo signada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro y Renan Hidalgo Echazarreta, remitiendo al efecto cuaderno de amparo 494/2022 de su índice. Por tanto, este órgano de control constitucional asume la competencia planteada. Acúsese de recibo. DETERMINACIÓN JUDICIAL El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que a continuación se proceda a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión sostiene que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del presente asunto, es necesario tener a la vista el diverso juicio de amparo 552/2022-4, del índice de este Juzgado Distrito, mismo que se tiene a la vista como hecho notorio; el cual la secretaria que acuerda da fe de tener a la vista los originales al momento de resolver el presente asunto; constancias citadas a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, del que se advierte: En el diverso expediente 552/2022 del índice de este Juzgado los mismos quejosos Alberto Angelino Barrón y otros, promovieron el referido asunto en contra de los mismos actos y autoridades responsables, que en el juicio de amparo en que se actúa. Expediente en el cual mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano por notoriamente improcedente. Apoya a tal consideración, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por contradicción de tesis 4/2007, resolvió entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 285 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007, Novena Época, del rubro y texto, siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". También es aplicable la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 804, tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto, siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Precisado lo anterior, quien aquí resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción y artículo en cita señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Pendiente de resolución (no concluido); y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué la suscrita estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo; se ordenó en párrafos anteriores traer a la vista como hecho notorio constancias derivadas del juicio de amparo 552/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtuvieron los siguientes datos: En el diverso expediente 552/2022-4 del índice de este Juzgado los mismos quejosos Alberto Angelino Barrón y otros, promovieron el referido asunto en contra de los mismos actos y autoridades responsables, que en el juicio de amparo en que se actúa. Expediente en el cual mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano por notoriamente improcedente. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que se estudia como ya se dijo fue promovida por Alberto Angelino Barrón y otros, en contra de los mismos actos reclamados y atribuidos a las mismas autoridades responsables que en el diverso juicio 552/2022, que a la fecha se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, Tomo 215-216, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, del rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Así como la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 35, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Sexta parte, que establece: "ACTOS MATERIA DE OTRO AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. AMPARO CONTRA. Para que se actualice la improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, es necesario que el quejoso impugne en un posterior juicio constitucional los mismos actos a las mismas autoridades, que en el amparo que se revisa; resultando intrascendente, para la operancia de la causal aludida, si la sentencia dictada en ese ulterior procedimiento causó o no estado." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en tal virtud SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del ordenamiento legal citado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Domicilio y autorizados. Tomando en consideración que los promoventes del amparo se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Ello, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Empero, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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