Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1125/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ampudia Fraustro
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Director de Defensoría Pública, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con sede en la Ciudad de México, a través del cual, da contestación al requerimiento hecho el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, y en este sentido, informa la imposibilidad jurídica y material que le asiste de designar defensor público que pueda representar legalmente a los quejosos en el presente juicio; dado que refiere que no se le adjuntó copia de la demanda interpuesta en el presente expediente por los quejosos. Atento a lo anterior, por la misma vía, infórmese a la autoridad oficiante, que mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; informando a este juzgado de Distrito, que se aceptó la competencia declinada y que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda planteada por **, quedando registrada con el número **, de su estadística; lo anterior, dado que dicha demanda le fue remitida por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Por tal motivo, en dicha fecha se ordenó el archivo definitivo del presente expediente. Por lo anteriormente expuesto, remítase el oficio de cuenta, al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, previa copia que del mismo obre en autos, a fin de que acuerde lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que conste como corresponda, el oficio que remite el Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; mediante el cual informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda planteada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, Axel García Bonilla, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Luis Alberto Flores Maldonado, Luis Fernando Martínez Reyes, Cristian Eduardo Nava Verde, Juan Carlos Cárcamo Cano, Alejandro Díaz Madrid y Hugo Melchor Nieto, la cual fue remitida por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Sin que resulte necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, dado que al haber sido remitido vía electrónica, el mismo se genera automáticamente al momento de su envío relativo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de seis meses, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes por incompetencia. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Así, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el oficio y documentales anexas provenientes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; mediante las cuales devuelve diligenciado el exhorto 294/2023 (orden 706/2023) de nuestro índice, enviado para la notificación de los quejosos; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena dar de baja la referida comunicación oficial, y hacer las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos, el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual informa que ordenó el archivo del recurso de queja 566/2022 de su índice, como asunto concluido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, a las siguientes: (se transcriben). Al respecto, es importante señalar, que la competencia constituye una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. En otras palabras, la competencia constituye un límite al ejercicio de la jurisdicción, pues se trata de la suma de facultades que otorga la ley a las autoridades para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de conflictos. Bajo este contexto, una vez establecidos los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables por los quejosos, se estima que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior, ya que del análisis de la demanda de amparo indirecto se desprende que los quejosos reclaman cuestiones vinculadas con órdenes de traslados de la penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su reubicación a otro dormitorio; por ende, el órgano jurisdiccional competente para conocer de la problemática corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Es así, pues no existe disidencia entre el órgano que debe conocer del asunto atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, lo cual, incluso, está plenamente definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 18/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, página 17, registro digital 2001982, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Además, debe tomarse en cuenta que entre los diversos actos reclamados, como son ataques y actos de coacción, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, restricción de comunicación, son de naturaleza positiva, por lo cual, resulta evidente que son actos que tienen ejecución material en el lugar en el que se encuentran recluidos (Ciudad de México), pues la pretensión de los peticionarios del amparo es la cesación de dichos actos. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. No obsta, la circunstancia de que todos los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, hayan sido señalados como autoridades responsables, toda vez que no podría rechazar el conocimiento del asunto por ese aspecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello, porque el primer presupuesto que debe colmarse para que se estime actualizada la excepción a la regla general de competencia territorial, que prevé el aludido numeral 38, es que exista claridad en cuanto a la existencia de un acto reclamado atribuido a un juez de distrito, sin que ello acontezca en la especie, puesto que en la demanda de amparo no se aprecia qué acto en específico es el que se les reclama a los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, sino sólo alegan violación al principio pro Persona y la inaplicación de criterios internacionales, lo que no es un acto en sí, para estimar que se está frente a un caso en donde se materializa el referido supuesto excepcional. En este orden, es pertinente traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el conflicto competencial 11/2019, sostuvo que no existía conflicto competencial, debido a que el desacuerdo entre los tribunales colegiados no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos contendientes alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. ... Por tanto, se concluye que el señalamiento como autoridad responsable, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre otros juzgadores federales, no es motivo suficiente para que, de manera inicial, se rechace la competencia por materia y territorio que les corresponde, antes bien, se considera prudente que, en lo aplicable, el que conozca de la demanda por turno observe las directrices planteadas en el criterio aislado que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrito; principalmente, en función de que no se aprecia con exactitud qué acto o actos le atribuye de manera particular. Por lo anterior, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de cuenta, y estima que son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme al respecto, remítanse los autos originales al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; solicitando amable y atentamente comunique a este juzgado lo que tenga a bien determinar. Toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado Federal; envíese exhorto vía interconexión, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, en turno, para que auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en la Penitenciaría de la Ciudad de México, y notifique el presente proveído a los quejosos.

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