Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
198/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Berenice Galicia Rojas, Defensora Pública Federal
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de uno de abril de dos mil veintidós, se ordenó girar el exhorto 180/2021 al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de notificar a los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón; y, 2) Juan Manuel Espinosa González; sin que conste en autos que se haya dado cumplimiento a lo anterior. Se da de baja comunicación Sin embargo, en virtud al estado que guardan los presentes autos, resulta innecesario el envío de la comunicación oficial citada, por tanto, dese de baja en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de abril de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de conflicto competencial. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado por este Juzgado de Distrito y el homólogo Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que fue registrado con el número 13/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de abril de dos mil veintidós. Juzgado no acepta competencia. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 198/2021-II, del índice de este juzgado federal, del que se advierte que la autoridad en cita no aceptó la competencia planteada por este órgano constitucional. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se plantea conflicto competencial Ahora bien, debe decirse que, mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata, atendiendo a las siguientes consideraciones: "(.) Se declina competencia Debe considerarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Así, debe precisarse que la competencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala se rige por lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; sin embargo, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, por razón de territorio. Lo anterior en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que serán motivo de análisis en este juicio de derechos son los siguientes: Traslado fuera de procedimiento de los quejosos de la penitenciaría de la Ciudad de México, a otro diverso que ponen en riesgo grave su salud, vida, integridad y dignidad personal por la situación de pandemia que atraviesa el país, por el problema de salud COVID-19. Discriminación por condición y violación al principio pro homine. Ahora bien, la autoridad señalada como responsable con sede en el Estado de Tlaxcala, donde este juzgado ejerce jurisdicción, fue el Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de Tlaxcala, a quien se le reclamó únicamente el primer acto. Así pues, del informe justificado rendido por dicha autoridad responsable se advierte que negaron el acto que le fue reclamado (fojas 355 a 358), lo que revela que el acto reclamado no tiene ni tendrá ejecución en el Estado de Tlaxcala. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye Traslado fuera de procedimiento de los quejosos de la penitenciaría de la Ciudad de México, a otro diverso que ponen en riesgo grave su salud, vida, integridad y dignidad personal por la situación de pandemia que atraviesa el país, por el problema de salud COVID-19, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar debe tener ejecución dicha orden, lo cual no ocurrirá en la entidad federativa donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, pues la autoridad responsable de este Estado, a la que se le atribuyó, negó el acto reclamado (fojas 355 a 358). Aunado a lo anterior, respecto del ato reclamado consistente en la discriminación por condición y violación al principio pro homine, a las autoridades responsables a las que se le reclamó se les declaró inexistentes por auto de once de junio de dos mil veintiuno (fojas 370 y 371); por ello, es evidente, que si los quesos se encuentran internos en la penitenciaría de la Ciudad de México, la discriminación por condición y violación al principio pro homine, reclamada constituye un acto que por su naturaleza, verificará su ejecución en la Ciudad de México. En este sentido, resultan ilustrativas las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia por reiteración consultable en la página 97, tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Cabe apuntar, que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil trece, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En conclusión, si la parte quejosa señala como autoridades responsables a diversas con sede en la Ciudad de México y de las constancias del presente juicio de amparo se advierte que las denominadas como Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría la Ciudad de México, Comité Técnico de la Penitenciaría la Ciudad de México y Secretaria de Seguridad Ciudadana la Ciudad de México, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de que fueron debidamente notificadas del auto por el que se les solicitó (foja 322), lo que actualiza la presunción establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, entonces, es claro que corresponde conocer del presente juicio de derechos a un Juez de Distrito con residencia en la referida Ciudad, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Máxime, que las autoridades responsables denominadas como Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de CDMX fueron declaradas inexistentes en el proveído de once de junio de dos mil veintiuno (fojas 370 y 371). En tales condiciones, este juzgado lo procedente es que este Juzgado de Distrito se declare legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se plantea a su conocimiento. (.)" Ahora, visto el oficio de cuenta se advierte que los argumentos que en esencia condujeron al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a no aceptar la competencia planteada, se hicieron consistir en: Sin embargo, a juicio de este juzgado federal lo pertinente es insistir en la competencia planteada, en virtud de que, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que los actos que reclama la parte quejosa, no tienen ni tendrán ejecución en el Estado de Tlaxcala, donde este Juzgador tiene residencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en la fracción II, del punto Quinto, del Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, a fin de que determine a qué órgano constitucional le corresponde substanciar el presente juicio de amparo promovido por 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, y, ) Juan Manuel Espinosa González. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada con el número P.J. 31/95, visible en la página 26, del Tomo II, de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada." Se ordena girar exhorto. Ahora, toda vez que los quejosos directos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, y, 2) Juan Manuel Espinosa González, se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido del presente proveído a los directos quejosos antes señalados. Notifíquese y por exhorto a los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, y, 2) Juan Manuel Espinosa González Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Devuelve expediente. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio referido en la cuenta secretarial, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 198/2021, dado que fue remitido de forma directa a dicho órgano jurisdiccional. Sin embargo, remítanse los autos del presente juicio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para lo que tenga a bien determinar respecto a la competencia planteada en sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 198/2021, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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