Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
75/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos González Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 5695/2021 en el que se le remitió el cuaderno principal del presente sumario constitucional e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por Carlos González Valencia, en representación de los quejosos *** y ***, quedando radicado el amparo directo 128/2021 de su índice. En consecuencia, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. Por tanto, dicho expediente es susceptible de destrucción; hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de seis meses. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el plazo que establece el diverso artículo 20 del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, firmado por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de esta última, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de febrero del año en curso. Atento a ello, toda vez que mediante proveído de cuatro de marzo de esta anualidad, este juzgado se declaró incompetente para continuar con el conocimiento del juicio promovido por ***, en representación de los quejosos *** y *** y en consecuencia, ordenó remitir el mismo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, resérvese a acordar lo conducente al ocurso de cuenta hasta en tanto este órgano jurisdiccional tenga conocimiento del Juzgado de Distrito al que por razón de turno le corresponda conocer del asunto.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha en que se actúa ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de febrero de la presente anualidad, a efecto de que precisara el acto reclamado a las autoridades responsables ahí precisadas, sin que lo hubiesen hecho. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y se deja de tener como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo; así como a los gobernadores de las entidades federativas precisadas en la demanda de amparo. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ***. En ese contexto, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo ***, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la *** prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, en atención a que el artículo ***dispone lo siguiente: ***. Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los impetrantes de derechos fundamentales se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables pretendan trasladarlos a otro dentro o fuera de la citada ciudad; así como de diversos actos con ejecución dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde iniciaría la ejecución de traslado (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuara ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución del traslado reclamado y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Sin que obste para la anterior determinación el hecho de que los quejosos hubieren señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pues en párrafos anteriores se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintidós de febrero pasado, y se dejaron de tener, junto con otras, como autoridades responsables. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, no es el caso girar exhorto al juez de Distrito correspondiente a fin de que comunique la presente determinación de los quejosos, pues en caso de que el homologo federal con sede en la Ciudad de México acepte la competencia declinada, estará en aptitud de comunicárselos de manera directa, en caso contrario, este órgano jurisdiccional comunicará lo conducente a los peticionarios. Finalmente, a través de proveído de veintidós de febrero del año en curso, se requirió, entre otras, a las autoridades responsables Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAPSRS) y a la Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria, para que dentro del plazo de veinticuatro horas informaran el cumplimiento dado a la suspensión de plano ordenada en dicho auto. Sin que al efecto hayan dado cumplimiento al mismo. Por tanto se les requiere por segunda ocasión para que en el plazo improrrogable de veinticuatro horas informen lo solicitado, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en el citado proveído.

  4. Principal

    Vistos los oficios de cuenta signados por el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y Presidente del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de febrero del año en curso. Atento a ello, téngase a las autoridades responsables rindiendo su respectivo informe con relación a la suspensión de plano concedida en el presente sumario constitucional y por hechas sus manifestaciones. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** del índice de este órgano jurisdiccional, enviado por este juzgado derivado del juicio de amparo ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, como lo solicita la Juez exhortada, acúsese de recibo, al correo electrónico oficial señalado para tal efecto.

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