Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Cuestión Previa. Vistas las demandas de amparo que promueve ***********; contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, así como las certificaciones de cuenta; se procede a proveer en los siguientes términos. De las demandas de amparo presentadas por *************** contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, radicadas en los juicios de amparo 1128/2021, 1129/2021, 1130/2021, 1131/2021 y 1132/2021, se advierte que se reclama: La resolución de sesión 48/2021 del comité técnico interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México. La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión dentro o fuera de dicha ciudad. La reubicación a otro dormitorio, módulo o área diversos del que se encuentran; ello, por motivos discriminatorios, intimidatorios equiparados a tortura. Así como la discriminación, actos de intimidación y represalias, actos de molestia y dolor sicoemocional y sicofísico; y los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el diverso juicio de amparo 1133/2021, se advierte que ************** contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, reclama: La resolución de sesión 48/2021 del comité técnico interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México, La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión dentro o fuera de dicha ciudad La reubicación a otro dormitorio, módulo o área diversos del que se encuentran; ello, por motivos discriminatorios, intimidatorios equiparados a tortura. Así como la discriminación, actos de intimidación y represalias, actos de molestia y dolor sicoemocional y sicofísico; y los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En los diversos juicios de amparo 1134/2021, 1135/2021 y 1136/2021, se advierte que 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Alejandro Díaz Madrid, 3. Luis Gabriel Jop Corzo, 4 José Antonio Contreras Chávez, 5. Enrique Mejía Bello, 6. Enrique Alvarado Saucillo, y 7.Eduardo Flores Castro; contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, reclama: La resolución de sesión 48/2021 del comité técnico interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México, La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión dentro o fuera de dicha ciudad La reubicación a otro dormitorio, módulo o área diversos del que se encuentran; ello, por motivos discriminatorios, intimidatorios equiparados a tortura. Así como la discriminación, actos de intimidación y represalias, actos de molestia y dolor sicoemocional y sicofísico; y los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el diverso juicio de amparo 1137/2021, se advierte que Carlos Alberto Angelino Barrón; contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, reclama: La resolución de sesión 48/2021 del comité técnico interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Escrito presentado en la sesión 47/2021 y valorado en la sesión 48/2021. La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión dentro o fuera de dicha ciudad La reubicación a otro dormitorio, módulo o área diversos del que se encuentran; ello, por motivos discriminatorios, intimidatorios equiparados a tortura. Así como la discriminación, actos de intimidación y represalias, actos de molestia y dolor sicoemocional y sicofísico; y los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De lo expuesto se desprende que en las demandas de amparo promovidas por 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Juan Manuel Espinosa González, 3. Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, 4. Alejandro Díaz Madrid, 5. Luis Gabriel Jop Corzo, 6. José Othón Ramiro Hernández Lima, 7. José Antonio Contreras Chávez, 8. Enrique Mejía Bello, 9. Enrique Alvarado Saucillo, y 10.Eduardo Flores Castro; contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, registradas con los números de demanda 18012, 18013, 18014, 18015, 18016, 18017, 18018, 18019, 18020 y 18021; respectivamente, se reclaman: La resolución de sesión 48/2021 del comité técnico interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Escrito presentado en la sesión 47/2021 y valorado en la sesión 48/2021. La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión dentro o fuera de dicha ciudad La reubicación a otro dormitorio, módulo o área diversos del que se encuentran; ello, por motivos discriminatorios, intimidatorios equiparados a tortura. Así como la discriminación, actos de intimidación y represalias, actos de molestia y dolor sicoemocional y sicofísico; y los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De ahí que sea procedente la acumulación de oficio en el presente asunto, pues en los casos en que existan diversos juicios promovidos contra las mismas autoridades, mismos actos reclamados, el juzgador podrá decretar la acumulación, con el objeto de cumplir cabalmente con la garantía consagrada por el artículo 17 constitucional, que establece la impartición pronta y expedita de justicia, misma que se traduce en que exista economía procesal durante la tramitación de dicho expediente y evitar resoluciones contradictorias que impliquen el mismo problema jurídico. Así, dado que los actos reclamados en la demanda 1128/2021 son los mismos que se reclaman en las diversas 1129/2021, 1130/2021, 1131/2021, 1132/2021, 1133/2021, 1134/2021, 1135/2021, 1136/2021 y 1137/2021 promovidos por**************; tomando en consideración la íntima conexión que existe entre los juicios (identidad de autoridades responsables, actos reclamados y quejosos), por economía procesal y con el fin de evitar la contradicción de resoluciones en asuntos que impliquen el mismo problema jurídico, se decreta de plano la acumulación de los juicios de amparo 1129/2021, 1130/2021, 1131/2021, 1132/2021, 1133/2021, 1134/2021, 1135/2021, 1136/2021 y 1137/2021 al presente 1128/2021, todos del índice de este órgano jurisdiccional, al ser éste último el más antiguo, ello en términos del artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a) siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2009910 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/2015 (10a.) Página: 19 ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por lo tanto, se procede acordar en los términos siguientes: Radicación de las demandas de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por ***********; contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1128/2021. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Consideraciones previas Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que, entre otros actos, se reclama la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión dentro o fuera de dicha ciudad y la reubicación a otro dormitorio, módulo o área diversos del que se encuentran; ello, por motivos discriminatorios, por represalias o con fines intimidatorios; así como la intimidación; represalias; actos de discriminación; tortura psicofísica y psicoemocional; y los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, enseguida se procederá a realizar el pronunciamiento correspondiente. Suspensión de oficio y de plano. En ese sentido, dado que se reclaman actos de los señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y prohibidos por el artículo 22 constitucional, que conllevan un riesgo en la integridad física y dignidad personal de la parte quejosa; con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS para los efectos siguientes: a) Actos de tortura psicofísica, psicoemocional, intimidación y represalias Ahora bien, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la tortura psicofísica y psicoemocional, intimidación y represalias, los cuales están prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por implicar un riesgo en la integridad física y dignidad personal de la parte quejosa, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente cabe señalar que la medida cautelar no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto el juzgado competente dicte la sentencia que en derecho corresponda en el presente asunto. b) Resolución 48/2021, escrito presentado en la sesión 47/2021 y valorado en la sesión 48/2021, orden de traslado y de reubicación de dormitorio. En cuanto a la resolución 48/2021 emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario, escrito presentado en la sesión 47/2021 y valorado en la sesión 48/2021, orden de traslado y de reubicación de dormitorio no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que se trata de actos reglados; es decir, no son actos privativos de libertad dictados fuera de procedimiento. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Undécima Época Registro: 2023063 Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de mayo de 2021 10:12 h Materia(s): (Penal) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Se requiere cumplimiento de la suspensión. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta determinación, anexando copia certificada de las constancias necesarias para acreditarlo; apercibidas que de no hacerlo así, se aplicarán en su contra las medidas de apremio que establecen los artículos 237 fracción I, 238 párrafo primero, 259 y 262 fracción III de la Ley de Amparo, consistente en una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación de inmediato. En el entendido que de no obedecer en sus términos la suspensión de oficio otorgada en el presente juicio de amparo, se procederá, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] "III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Dada la urgencia del asunto, las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios correspondientes, aun cuando su denominación no sea la correcta, por lo que, de ser el caso, se les requiere para que en el momento de su recepción, o bien, en el informe que rindan se sirvan realizar las aclaraciones correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que se encuentran obligadas a prestar el auxilio necesario para el desahogo de las diligencias decretadas por este órgano jurisdiccional y por el órgano que se exhorte, siendo su responsabilidad estar en aptitud de hacerlo, lo cual, bajo ninguna circunstancia, excusa el entorpecimiento del desarrollo de diligencias jurisdiccionales urgentes, como el presente, por lo que de no prestar el apoyo y auxilio necesario al funcionario judicial encomendado para esta diligencia, de conformidad con el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, para que proceda conforme a derecho corresponda. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente establece lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Se ordena girar exhorto En tal virtud, considerando que la tramitación del presente asunto es urgente; que la reclusión de la parte quejosa se ejecuta en la Penitenciaría de la Ciudad de México; que algunas de las autoridades responsables tienen su residencia oficial en la misma ciudad; esto es, en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; y que la notificación tradicional mediante oficio a la autoridades responsables que pertenecen a la Penitenciaría de la Ciudad de México, tal como se contempla en los artículos 26 fracción II, inciso a) y 28 fracción II, de la Ley de Amparo, demoraría el cumplimiento de la medida cautelar decretada, este Juzgado de Distrito estima pertinente para la eficacia de la notificación de la presente determinación que, con fundamento en el artículo 28 fracción III, de la misma normatividad, así como en el diverso precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la misma se realice mediante atento EXHORTO vía electrónica que se gire al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN TURNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya de manera inmediata en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de que notifique personalmente al quejoso este proveído y notifique mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada, siendo concretamente a las siguientes: Director y Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirección y Subdirector de Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefe y Jefatura de Unidad de Departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Para logar la notificación de las autoridades responsables, anéxese al exhorto copia de este acuerdo y de la demanda de amparo. Por tanto, se faculta al Juez de Distrito exhortado para que, con plenitud de jurisdicción, provea lo conducente a fin de lograr la encomienda de que se trata, de conformidad con la ley aplicable, pudiendo disponer que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su desahogo, incluso, acuerde promociones, recabe copias y habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juez de Distrito exhortado que una vez que sea diligenciada esta comunicación oficial electrónica, la devuelva por la misma vía a este juzgado. Se reserva la notificación de la suspensión de plano a diversas autoridades responsables. Atento a la naturaleza de los actos reclamados, se observa que las autoridades responsables Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y los Jueces de Distrito en las diferentes Entidades Federativas que se indican, por sus atribuciones, no pueden ordenar o ejecutar los actos respecto de los cuales se decretó la suspensión de plano; en efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los citados Jueces de Distrito están facultados para conocer y resolver los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal y contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal; por lo que, no cuentan con alguna atribución para modificar cuestiones relacionadas con el régimen de los centros carcelarios y de las personas que se encuentren privadas de su libertad en dichos lugares, que puedan derivar en algunos de los actos que se reclaman. De igual forma, se precisaron como autoridades responsables al Presidente de la República, a la Jefa de Gobierno, así como a una diversidad de secretarías federales y del Gobierno de la Ciudad de México y Gobernadores de diferentes entidades federativas; empero, a pesar de que dichos funcionarios forman parte de la administración pública federal, y en particular, de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las constituciones locales o leyes orgánicas de la administración pública federal o estatal, carecen de facultades para determinar de forma directa las condiciones que deben imperar en el centro de carcelario en que se encuentran recluidos los directos quejosos, dado que, ello compete a las dependencias establecidas para tal efecto, como lo son las direcciones, subdirecciones y unidades adscritas a la Penitenciaría de la Ciudad de México, o al sistema penitenciario de dicha entidad federativa; de manera que a las restantes autoridades no pueden atribuírsele la emisión o ejecución de alguno de los actos reclamados. Por tanto, al ser notorio que las citadas autoridades jurisdiccionales y administrativas mencionadas no pueden tener intervención en la emisión o ejecución de los actos reclamados, resultaría infructuoso notificarles el acuerdo en el que se decretó la suspensión de plano y esperar a que rindan su informe correspondiente; pues ello implicaría dilatar injustificadamente la tramitación y resolución de este juicio, en detrimento del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado el número considerable de Jueces de Distrito que se ubican en la Ciudad de México y en la República Mexicana, y al gran número de asuntos que competen a las autoridades administrativas mencionadas. Entonces, lo procedente es reservar su notificación hasta en tanto las demás autoridades responsables rindan su informe y se cuente con elementos para determinar si es procedente o no ordenar la notificación de la suspensión de plano. Máxime que hasta este momento no se ha admitido a demanda de amparo, por lo que, en caso de declinarse la competencia para conocer del asunto a un órgano jurisdiccional diverso, será dicho juzgado el que determine si debe notificarse la suspensión de plano a las autoridades mencionadas. Este proceder encuentra sustento en la tesis aislada I.6o.P.81 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "Registro digital: 2014163 Décima Época Materias(s): Común, Penal Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1705 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO. SI ÉSTE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PENITENCIARIAS FEDERALES Y LOCALES Y JUECES DE EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI RESULTA LÓGICO Y PERTINENTE EMPLAZAR A TODAS ESAS AUTORIDADES AL JUICIO. Conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades encargadas de administrar justicia, estarán expeditas para impartirla de manera pronta, completa e imparcial; por ello, para efectos del juicio de amparo, el Juez de Distrito, tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen. Por tanto, ante las pretensiones y/o peticiones de las partes, expuestas en la demanda, está facultado para analizarlas y determinar si: 1) resultan procedentes a los fines del juicio; 2) debe prevenir al interesado ante alguna deficiencia o irregularidad en su petición; 3) procede desechar de plano la pretensión, por notoriamente frívola o improcedente; o, 4) reservar su decisión en relación con alguna petición, y/o pretensión de alguna de las partes, para el momento procesal oportuno. En ese sentido, cuando la demanda de amparo es promovida por un sentenciado que compurga una pena de prisión en la Ciudad de México, y reclama una orden de traslado, señalando como autoridades responsables a todas las dependencias penitenciarias federales y locales del país, incluyendo a los Jueces de ejecución, el Juez de Distrito, bajo el principio de instancia de parte agraviada, debe analizar si resulta lógico y pertinente emplazar a todas esas autoridades al juicio, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Sin que lo anterior implique que el quejoso no pueda ejercer sus derechos ante los Juzgados de Distrito, ya que ese ejercicio no es ilimitado, pues debe atender a los principios de expeditez, prontitud y prosecución judicial y, por ello, el juzgador, como garante del procedimiento, debe velar por que no se retrase injustificadamente, con el único fin de prolongar los beneficios cautelares que la suspensión del acto reclamado apareja a su esfera jurídica, durante su vigencia, ya que esa conducta desnaturaliza los fines del juicio de amparo y perjudica los intereses de la sociedad, a quien le interesa que los medios económicos y humanos invertidos para la pronta y expedita administración e impartición de justicia, no se vean mermados con pretensiones infundadas e improcedentes de los particulares, quienes acceden a ella sabedores de esta situación". Se declina la competencia del presente asunto. Ahora bien de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México; así como a los diversos Jueces Federales de Aguascalientes, Colima, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, excepto el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, por lo que de lo anterior se aprecia que este juzgado federal es autoridad responsable en el presente juicio de amparo; por lo que, debe tenerse presente que el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca" De acuerdo con el numeral antes transcrito, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que se promueve contra actos de otro Juez de la misma categoría, lo será otro dentro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, al haberse señalado a este órgano jurisdiccional como autoridad responsable, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez en el juicio de amparo; razón por la cual se declina la competencia al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, que no ha sido señalado como responsable. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 38 del ordenamiento legal en cita, constituye una regla de excepción a la competencia por territorio. En tal virtud, envíese mediante mensajería Estafeta, las demandas de amparo al Juzgado Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero por conducto de la Oficina de Correspondencia Común solicitando atentamente el acuse de estilo correspondiente, asimismo, informe a este órgano jurisdiccional la determinación correspondiente. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis identificada con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2022546 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 946 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido." Lo anterior, debido a que como en la presente demanda de amparo se señala como autoridades responsables, a diversos Jueces de Distrito de varios circuitos, el que no fue señalado como tal, lo es el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Con motivo de lo anterior, con copia autorizada de las demandas y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente, así como en el Sistema Integra de Seguimiento de Expedientes SISE. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notificación a las autoridades responsables. Se instruye a los actuarios adscritos que las notificaciones que deban realizarse por oficio a las responsables, atento a las medidas de distanciamiento social el Consejo de la Judicatura Federal, recomienda con motivo de la pandemia que aqueja al país, las lleven a cabo, de ser posible, por medios electrónicos, a través de los correos oficiales de las responsables, mediante fax o por notificación electrónica en la modalidad del juicio en línea; por lo cual para lograr lo anterior, se les solicita proporcionen tales datos y su conformidad para que las notificaciones se realicen por alguno de dichos medios; y, en caso de no hacerlo, las comunicaciones se realizaran mediante oficio en su recinto oficial. En la inteligencia que atento al artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir el oficio de notificación, por la razón que sea, como lo es que siendo el domicilio oficial, la autoridad buscada no esté en ese momento, aunque conforme a su horario o funciones deba estarlo; se encuentre de vacaciones y exista obligación atento a sus atribuciones a que diverso funcionario lo cubra o cualquier otra circunstancia injustificada legalmente, el actuario deberá informarle que, no obstante ese motivo, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos de quién atendió la diligencia, el motivo por el cual se niega a recibir y, se tendrá por legalmente practicada. A su vez, a fin de agilizar el procedimiento, las autoridades responsables podrán enviar promociones vía electrónica a través del juicio en línea, vía telegrama, o bien, al correo electrónico institucional: 1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por exhorto a los directos quejosos y por oficio al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero.
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