Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1171/2021, promovido por Felipe Nava Lemus, por propio derecho, contra actos de los Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso Libre y Soberano de Tlaxcala y otras autoridades con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial el tres de diciembre de dos mil veintiuno y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y en este órgano jurisdiccional el seis de diciembre de dos mil veintiuno, Felipe Nava Lemus, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de los Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso, Diputados del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, los titulares el Consejo de la Judicatura del Estado y que hizo consistir en: El dictamen de diez de noviembre de dos mil veintiuno, respecto al haber de retiro del quejoso, Magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; La omisión legislativa respecto del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y, El acuerdo que aprobaron en la Sesión Ordinaria Pública el once de noviembre de dos mil veintiuno, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que Felipe Nava Lemus reclamó lo siguiente: De los Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: El dictamen de diez de noviembre de dos mil veintiuno, respecto al haber de retiro del quejoso, Magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De los Diputados del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: La omisión legislativa respecto del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; El acuerdo que aprobaron en la sesión ordinaria pública celebrada el once de noviembre de dos mil veintiuno, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. De los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y los Titulares del Consejo de la Judicatura del estado Libre y Soberano de Tlaxcala: La ejecución de los actos reclamados. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Comisión Permanente y Representante Legal y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión legislativa que se les atribuye, sin embargo hicieron manifestaciones que evidencian su certeza. Por otra parte, aceptaron los demás actos que se les reclaman. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, no estableció si es cierto o no el acto que se les reclama, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO Causales de improcedencia fundada Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente por ser de orden público, con forme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se apoya lo anterior en la Jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Parte TCC, cuyos datos de identificación son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, en relación a la omisión por parte de las autoridades responsables legislativas respecto del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; quien aquí resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción II, del mismo ordenamiento, así como 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, interpretados a contrario sensu, como a continuación se evidencia. De una interpretación del marco normativo mencionado, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, cuando no exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Es aplicable lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a. LVIII/2018 (10a.), Página: 965, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS. De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la fracción VII del artículo 107 de la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, es decir, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, si el Poder Legislativo puede considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio de relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que al proteger a la persona que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas absolutas." En función de lo anterior, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En este orden de ideas, pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado qué debe entenderse por "omisión legislativa" al analizar las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ello es así, pues al resolver la controversia constitucional 14/2005, el Tribunal Pleno distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas. Las primeras se presentan cuando "el órgano legislativo simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencia". En cambio, las omisiones legislativas relativas ocurren cuando "el órgano legislativo ha ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes." Es aplicable la tesis que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. XX/2018 (10a.), Página: 1100, de rubro y texto: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." También existe una distinción entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional. Así, de la combinación de ambas clasificaciones, podrían distinguirse cuatro tipos distintos de omisiones legislativas: (a) absolutas en competencias de ejercicio obligatorio; (b) relativas en competencias de ejercicio obligatorio; (c) absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y (d) relativas en competencias de ejercicio potestativo. Aplica a lo anterior, la tesis que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia(s):Común, Tesis: 1a. XVIII/2018 (10a.), Página: 1107, de rubro y texto: "TIPOS DE OMISIONES COMO ACTOS DE AUTORIDAD PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Pueden identificarse al menos tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Dentro de las omisiones legislativas puede a su vez distinguirse entre las omisiones legislativas absolutas y las relativas. Ahora, según lo resuelto por el Pleno en la controversia constitucional 14/2005, las primeras se presentan cuando el órgano legislativo "simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido"; en cambio, las segundas ocurren cuando el "órgano legislativo [ha] ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes." Por otra parte, no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una norma preexistente del sistema jurídico. En cambio, como se señaló, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XIX/2018 (10a.), Página: 1095, de rubro y texto: "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar." Así, se considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio constitucional. En el caso concreto, no es procedente el juicio de amparo contra la omisión legislativa reclamada, - haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;- pues en torno a dicha cuestión no existe un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo local en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en ese sentido específico. En efecto, dentro de las facultades asignadas al Congreso local relacionadas con los haberes de los Magistrados únicamente se obtiene la establecida en el artículo 54, fracción XXVII y LIII de la Constitución del Estado de Tlaxcala la cual señala: "ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: [.] XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad, paridad de género e independencia del Poder Judicial del Estado. LIII. Legislar sobre estímulos y recompensas a la población y servidores públicos del Estado y los Municipios; [.]" De lo anterior, si bien se obtiene una obligación general del Congreso de Estado de Tlaxcala, de legislar en materias de estímulos y recompensas de los servidores públicos, lo cierto es que ello no implica que dicho congreso deba emitir regulación respecto del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, pues en cuanto a esto no se impone claramente el deber de hacerlo en la Constitución local, como tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no existir constitucionalmente una norma en la que se establezca expresamente y de manera clara y precisa la obligación del Congreso de Tlaxcala de legislar del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, ya que al respecto en dicha Constitución se establece: "Art. 127.- Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: [.]. IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. [.] VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo [.]" En ese orden de ideas, no se puede establecer que exista una omisión legislativa propiamente dicha, para efectos de ser analizada a través de este medio de control constitucional, y como consecuencia una vulneración a derechos fundamentales de la parte quejosa. En esa virtud, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción II, del mismo ordenamiento, así como 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, interpretados a contrario sensu y, por tanto lo procedente es sobreseer en el juicio respecto a dicho acto. Dada la conclusión alcanzada, resulta innecesario el examen de la causal de improcedencia que hacen valer el Presidente de la Comisión Permanente y Representante Legal y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala. b) Causal de improcedencia infundada. Por otra parte, es infundada la causal de improcedencia que hace valer el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, puesto que el quejoso no precisó el acto que reclama del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura ambos del Estado de Tlaxcala. Ello es así, porque contrario a lo sostenido, en la demanda si se señalaron los actos que se atribuyen a las autoridades responsables, pues al respecto se estableció quienes tenían el carácter de ejecutoras y por ende los actos que se les atribuyen son los de ejecución de los actos que combate de las ordenadoras. QUINTO. Estudio de fondo Son fundados los conceptos de violación planteados por la quejosa. En esencia, el quejoso señala que es inconstitucional el monto del haber o pensión de retiro que le fijaron las autoridades responsables ordenadoras, en tanto que vulnera el principio de igualdad. En ese sentido, señala que el haber de retiro por ser parte de la garantía constitucional de estabilidad, inamovilidad en el cargo e independencia no puede estar condicionada o limitada de alguna manera, pues forma parte de los atributos inherentes al ejercicio del cargo de Magistrado, para el correcto e independiente desempeño de la función jurisdiccional, sin distingos o restricciones. Continua argumentando que las autoridades responsables ordenadoras infringieron en su agravio el artículo 116, fracción III, párrafo segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues fijaron un haber o pensión de retiro que inobserva las garantías de estabilidad e inamovilidad judicial, que a su vez son componentes de la independencia judicial. Se señala que en el caso, las autoridades responsables ordenadoras realizaron una distinción con relación al haber o pensión que le fijaron el once de noviembre de dos mil veintiuno, en relación al diverso que fijaron apenas meses antes, esto es, el ocho de febrero del mismo año, a diversa magistrada que se desempeñó en similares términos y cargo al hoy quejoso, en el sentido de que fueron calculados de manera desigual y para evidenciarlo precisó en un cuadro comparativo aquellos rubros que estimó fueron fijados de manera disímil, enfatizando tales diferencias en lo relativo a: Los años por los cuales va a operar el haber de retiro, La forma de calcularlo al tomar diversa base atento a los distintos elementos integrantes del salario; y, Los porcentajes que operaran cada año en que es procedente recibir el haber de retiro Lo anterior, pues refiere que el ocho de febrero de dos mil veintiuno, las autoridades responsables fijaron un haber o pensión de retiro por un período de seis años, calculado con base en el sueldo integrado, con bonos conforme a la periodicidad en que se otorgaron aguinaldo, servicio médico integral, así como las demás prestaciones percibidas de manera regular hasta la conclusión de cargo. Parámetros que considera que mínimamente debieron tomarse en consideración al momento de emitir el dictamen correspondiente a su persona, en noviembre siguiente, a fin de no infringir la igualdad que debe regir en el haber o pensión de retiro. El quejoso manifiesta que las autoridades responsables ordenadoras trastocaron la no regresividad, ya que de manera ilegal, en el acuerdo publicado el once de noviembre de dos mil veintiuno, decidieron reducir de forma significativa el monto del haber o pensión de retiro, en comparación con lo que determinaron el ocho de febrero de dos mil veintiuno. Se señala que en el dictamen reclamado la autoridad responsable precisó que el haber de retiro no se otorga de forma vitalicia pues a la conclusión de los cinco años correspondientes al haber de retiro el hoy quejoso está en condiciones de generar ingresos para satisfacer sus necesidades mediante el ejercicio profesional de la abogacía o cualquier otro trabajo relacionado con la profesión que ostenta; sin embargo, dicho argumento carece de fundamento, debido a que no emana de un precepto jurídico, sino de una simple creación espontánea y arbitraria de la autoridad responsable que infringe lo estatuido en los artículos 16, primer párrafo y 127 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es incierto que sucedan esas condiciones pues en ese transcurso de tiempo pueden sobrevenir multitud de circunstancias que impidan tal cosa, incluso, por lo que dicho argumento es débil por incierto. Luego, considera que en aras del respeto al derecho humano a la igualdad y bajo un criterio de razonabilidad, las legislaturas estaduales deben de fijar el haber o pensión de retiro, observando los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, de ahí que al fijar los parámetros sobre los que ha de regirse el haber o pensión de retiro de los magistrados, deben motivarlo de manera reforzada. Como se adelantó, los anteriores motivos de inconformidad son fundados. Para demostrar lo fundado de los argumentos previamente sintetizados es conveniente hacer mención que en el caso si bien es cierto que no existen parámetros objetivos previsto en la legislación en que se haya precisado la forma y términos en que debe calcularse el haber de retiro, lo cual permite cierto margen de discrecionalidad, también lo es que tal circunstancia no justifica que las autoridades responsables actúen de forma arbitraria al emitir este tipo de determinaciones y menos que al hacerlo vulneren derechos humanos. En efecto, la discrecionalidad es una potestad atribuida, en este caso, al poder legislativo, sin predeterminar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo que queda habilitado para elegir dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan. De tal suerte que la discrecionalidad no debe entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que permite la realización de actos caprichosos y arbitrarios, pues la actividad del Congreso del Estado, al emitir este tipo de resoluciones como lo es el acto reclamado, por ningún motivo puede quedar fuera o por encima del orden jurídico; es por ello que se establecen límites a la discrecionalidad. Lo dicho, pues conforme al sistema de principios que nos rige, tal y como lo dispone el artículo 1º constitucional, la discrecionalidad está sujeta a control judicial, aunque condicionado o subordinado a diversas intensidades. Por tanto, la autoridad debe elegir el medio más pertinente, valioso y eficiente para alcanzar el fin con los mejores criterios de razonabilidad. Así, el control judicial será intenso cuando los derechos fundamentales de protección deben cumplirse y son de importancia para la colectividad, como es el caso, en que la sociedad está interesada en que quienes integran los poderes judiciales tanto federal como de los estados, mantengan su independencia respecto a los poderes ejecutivo y legislativo; principio de independencia en el que se encuentra involucrada la obligación de que se proporcione un haber de retiro cuando un Magistrado concluye su encargo y que este se otorgue en similares circunstancias a efecto de que no pueda constituir un mecanismo de presión para quienes están próximos al retiro. De tal suerte que la discrecionalidad implica que la decisión no está sujeta a referentes o elementos jurídicos, pero sí de otra naturaleza, de lo que se debe dar cuenta bajo criterios de razonabilidad, pues discrecionalidad no puede ser sinónimo de libertinaje ni arbitrariedad, ni irresponsabilidad absoluta. Resulta ilustrativa la tesis : I.4o.A.196 A (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1985, que dice: "FACULTADES DISCRECIONALES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. SUS CARACTERÍSTICAS, LÍMITES Y CONTROL JUDICIAL CUANDO SE ENCUENTREN EN JUEGO DERECHOS FUNDAMENTALES. La discrecionalidad es una facultad atribuida a los órganos administrativos por las leyes, sin predeterminar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo que el titular de las potestades o competencias queda habilitado para elegir, dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan, el medio más pertinente, valioso y eficiente para alcanzar el fin, con los mejores criterios de razonabilidad. Sin embargo, no debe entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que permita realizar u omitir actos caprichosos que, a final de cuentas, se traducen en arbitrariedad, pues la actividad administrativa por ningún motivo puede quedar fuera o por encima del orden jurídico, en particular cuando la decisión requiere el entendimiento de conceptos que impliquen un conocimiento especializado; lo anterior, máxime que cuando haya deberes, ya sea expresos o categóricos, implícitos o indirectos, si se encuentran en juego derechos fundamentales, la discrecionalidad tiene límites y está sujeta a rendición de cuentas, esto es, al control judicial, incluso en temas especializados, debiendo allegarse los tribunales de la asesoría y saberes necesarios para decidir y asegurar la mejor protección posible. Así, la principal connotación de discrecionalidad, implica que el legislador, confiere mediante una norma habilitante a determinadas autoridades, la consecución de ciertos fines o consecuencias, pero sin describir y menos detallar los medios para conseguirlo. Es así que el órgano facultado dispondrá de libertad creativa para elegir o diseñar los medios que se estimen más adecuados, lo que no impide o desmerece que tal función se ejerza con razonabilidad y acorde a valores y principios que gobiernan la creación y operación del orden jurídico en su conjunto; por tanto, son temas que no pueden ni deben escapar del control judicial, pues deben ser analizadas bajo un control de razonabilidad. Expuesto lo anterior, debe señalarse que en el considerando XI del dictamen reclamado en el presente juicio constitucional, en la parte que interesa se puntualizó: "[.] Por otro lado, para esta Soberanía es importante pronunciarse respecto al haber de retiro en favor del Licenciado FELIPE NAVA LEMUS, al efecto debe tomarse en consideración que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sustentado que el "HABER DE RETIRO", es una prestación periódica, temporal y suficiente para la subsistencia de los funcionarios judiciales, que una vez que se retiran de sus funciones, ya sea por retiro forzoso o al cumplir el tiempo por el cual fueron designados, tengan un haber de retiro. En ese sentido, y dado que se plantea la declaración de que está se ha cumplido el plazo para el que fue designado el Magistrado, se estima oportuno establecer a favor del Licenciado FELIPE NAVA LEMUS, un haber de retiro [.] Ahora bien, es preciso señalar que la temporalidad y porcentajes a determinar respecto del haber de retiro, se otorgan al Licenciado FELIPE NAVA LEMUS, en razón de que habrá fungido como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia por doce años, con motivo de su nombramiento y posterior ratificación, plazos en los que dicho profesional se desempeñó en favor de los justiciables de manera pronta, completa, e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Por tanto para que esta Comisión dictaminadora, se ajuste a los lineamientos dictados por el máximo Tribunal del país y conforme a los razonamientos precedentes, al implementar un haber de retiro a favor del Licenciado FELIPE NAVA LEMUS se determina por el término improrrogable de cinco años, tomando como parámetro el sueldo base que percibía al momento en que dejó de ejercer el cargo, hasta la conclusión del cargo, el primer año le será pagado el equivalente al cincuenta por ciento de su sueldo base que percibía como Magistrado en funciones; el segundo año le será pagado el cuarenta por ciento de su sueldo base que percibía, el tercer año le será pagado el treinta por ciento, de su sueldo base que percibía, el cuarto año le será pagado el veinte por ciento de su sueldo base que percibía, y finalmente el quinto año le será pagado el diez por ciento de su sueldo base que percibía; para ello el Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro. Se precisa que la temporalidad y porcentajes descritos en el párrafo que antecede, se otorga al Licenciado FELIPE NAVA LEMUS, en razón de que habrá fungido como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia por doce años con motivo de su nombramiento y posterior ratificación, plazos en los que dicho profesional se desempeñó en favor de los justiciables de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, circunstancia que se corrobora en el expediente parlamentario número LXI150/2015, relativo al proceso de evaluación y ratificación al que en su momento se sometió dicho profesional, en el que obran los informes remitidos por el Magistrado. Es menester precisar que el haber de retiro no se otorga en forma vitalicia, pues a la conclusión de los cinco años correspondientes al haber de retiro, el licenciado FELIPE NAVA LEMUS, está en condiciones de generar ingresos para satisfacer sus necesidades, mediante el ejercicio profesional de la abogacía o cualquier otro trabajo relacionado con la profesión que ostenta. Así esta Comisión dictaminadora que suscribe el presente dictamen, estima que esta propuesta es acorde a los parámetros constitucionales delineados por diversos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues específicamente en el voto concurrente relacionado con la controversia constitucional 25/2008, emitido por los Ministros razonaron que: para establecer el haber de retiro se debe fijar las bases, mecanismos y periodicidad, para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando la autonomía del poder judicial para su integración y funcionamiento, pero respetando y garantizando su independencia judicial, pues el haber de retiro es un derecho reconocido por la Constitución a favor de los impartidores de justicia. En la misma tesitura, esta Comisión dictaminadora reitera que el haber de retiro establecido para el Licenciado FELIPE NAVA LEMUS, es acorde a los parámetros que derivan de la experiencia de la labor de los Tribunales Constitucionales de nuestro país, acorde a las percepciones que perciben los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en activo, siendo inadmisible un haber de retiro tomando como base prestaciones provenientes de la Ley Laboral local, en virtud de que los Magistrados del Poder Judicial Local son titulares del órgano que realiza la función jurisdiccional, que tienen otorgada a su favor la garantía de independencia judicial, lo cual es incompatible con la noción de subordinación, de ahí que no sea posible considerar que los magistrados sean al mismo tiempo, titulares y trabajadores o empleados, de manera que los Magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios de uno de los tres poderes. Aunado a lo anterior y, congruente con el hecho de que la causa del retiro que es la declaración de la conclusión del período para el que fue ratificado el Magistrado FELIPE NAVA LEMUS y, toda vez que durante el ejercicio de sus funciones, demostró sentido humano, eficiencia y capacidad en la impartición de justicia, dejando un legado de esfuerzo y conocimiento durante su función judicial como muestra de reconocimiento y respecto a su ya aprobada carrera judicial. Esta soberanía hace un reconocimiento pública a la trayectoria del Licenciado FELIPE NAVA LEMUS por su labor en la impartición de justicia en beneficio de la sociedad tlaxcalteca [.]" (Lo resaltado es propio). El anterior dictamen fue aprobado el once de noviembre de dos mil veintiuno y publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Estado. De tal documento se advierten los parámetros que tomó en consideración el órgano legislativo para fijar el haber de retiro, de lo que se deduce que consideró que el desempeño del Magistrado hoy quejoso, fue acorde con los parámetros de honorabilidad, profesionalismo y excelencia, es más, todos los argumentos que se hicieron valer para fijar tal derecho, van encaminados a determinar que tuvo un buen desempeño, sin que se advierta nota desfavorable o que se haya ponderado alguna circunstancia para diferenciar de otros casos, el monto, temporalidad y forma de cálculo del haber que se determinó. Ahora bien, como lo evidenció el quejoso, las autoridades responsables realizaron una distinción con relación al haber o pensión que le fijaron a diversa persona funcionaria que desempeñó el mismo cargo, en similar temporalidad y condiciones, y que atento a la motivación que se emitió al otorgarle haber de retiro fue calificado su desempeño en idénticos términos que al hoy quejoso. Tal circunstancia queda evidenciada en el dictamen emitido el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en tanto que el monto y término del haber o pensión de retiro fijado es desigual, puesto que se le otorga el haber de retiro por seis años y no cinco como al quejoso, en porcentajes diferentes, pues en el primer caso será el primer año de 90%, e ira disminuyendo cada año en un diez por ciento, salvo el quinto y sexto año que se calculará en un 50% en ambas anualidades. Luego, en el supuesto del quejoso se fijó a partir del 50% el primer año, disminuyendo en 10% cada anualidad siguiente, hasta llegar a considerar que el 5to año gozara de un equivalente al 10%. En similares términos, respecto a la base sobre la cual se aplicara el cálculo, varían los rubros que la integran siendo perjudicial el indicado al hoy quejoso, respecto de aquella diversa persona funcionaria pública. En este orden de ideas, respecto al principio de igualdad, es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. El derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional, del cual se advierte que el derecho humano de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En efecto, el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, además, prevé una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género; cuando la constitución prevé que el varón y la mujer deben ser tratados por igual, pues con ello se garantiza la igualdad de oportunidades, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona. En ese sentido, es evidente la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, la cual estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. En otras palabras, el artículo en análisis establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En ese panorama, se debe de evitar la expedición de leyes y actos que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. Por otra parte, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. Por su parte, el artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ordenamiento internacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, dispone: "Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional; b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad; c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre la mujer; f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia". Como se puede advertir, el ordenamiento internacional establece que México, como Estado parte del mismo adquirió, entre otros, los compromisos siguientes: a) Adoptar todas las medidas apropiadas para hacer posible la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, esto es, asegurar diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; y, b) Establecer la protección jurídica de los derechos con base en la igualdad entre hombres y mujeres para así garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva contra todo acto de discriminación. En ese orden de ideas, para cumplir el mandato constitucional, así como las obligaciones contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación ya sea contra la mujer o el hombre, debe realizarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad constitucional y convencional, para así respetar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos humanos. En el caso, el hoy quejoso se duele de que el haber de retiro otorgado a diversa magistrada en similar periodo al que el ocupó y ejerciendo similares funciones, en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, es desigual al otorgado al ahora solicitante del amparo el once de noviembre de dos mil veintiuno, sin que en la resolución reclamada se haya expresado argumento alguno que justificara y explicara las razones que sustenta el trato desigual y que por tanto pudiera considerarse justificada como una acción afirmativa para garantizar el ejercicio de un derecho en igualdad. Sobre este tópico la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación expresó esencialmente que al fijar el porcentaje y temporalidad del haber de retiro de la Magistrada mencionada, se observaron las garantías de estabilidad e inamovilidad judicial, que a su vez son componentes de la independencia judicial, observando el derecho de igualdad sustantivo y material, que existe de forma expresa a favor de una Magistrada al garantizar un haber de retiro mayor a un Magistrado, lo cual, según su parecer, es acorde con los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que son de observancia obligatoria. Asimismo, adujo que el Congreso actuó con perspectiva de género y con perspectiva de "incapacidad" debido a que la Magistrada de referencia es una persona con discapacidad motriz permanente, condición que, según su dicho, evidentemente la coloca en desventaja haciéndola más vulnerable que otros funcionarios que entran en retiro, si se considera que el derecho a la salud es prioritario, inmediato y de primera necesidad, por lo que el haber de retiro, sostiene la responsable, debe de garantizar entre otros ese derecho. De lo hasta aquí expuesto, se aprecia que la responsable si bien es cierto, al rendir su informe justificado trató de sostener las razones que lo llevaron a fijar un haber de retiro en diversos términos al otorgado a diversa magistrada, es decir, bajo distintos parámetros, porcentajes y temporalidad, con diferencias significativas, también lo es que esta juzgadora considera que tales argumentos debieron ser parte de la motivación que conforma el acto reclamado, pues en esa determinación es en donde se debió justificar tal circunstancia, sin que así se haya realizado. Es más, no existe certeza de que en la resolución en que se fijó haber de retiro a la Magistrada a quien se dio un trato diferenciado, se haya motivado y justificado que el trato desigual obedeciera a la necesidad de equilibrar las circunstancias específicas de la magistrada por cuestiones de género y de vulnerabilidad por su condición de discapacidad; y, que sostuvieran que se encontraba en una situación de desventaja, respecto a sus pares, y que todo ello justificada ese trato diferenciado y en qué proporción debía darse tal diferencia. De ahí que se considere que el acto reclamado vulnera el principio de legalidad que debe regir todo acto de autoridad, traducido este como la obligación de evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones. Es decir, se considera que al no haberse especificado las circunstancias específicas que motivaran y justificaran el trato desigual dado a dos personas que ocuparon en similar periodicidad y condiciones el cargo de Magistrados, y respecto del cual no se evidenció que la condición de mujer y/o discapacidad física que padece una de ellas, haya sido determinante para considerar que el haber de retiro debía ser diverso y además que justificara la medida de tal diferencia, por esas razones, es por lo que se considera que el acto reclamado resulta arbitrario y, por tanto, violatorio de derechos humanos. En efecto, la determinación de la autoridad responsable respecto del haber de retiro del ahora quejoso vulnera los derechos fundamentales de igualdad jurídica que existe entre el hombre y la mujer y de no discriminación por razón de género, contenidos en los artículos 1 y 4 de la Carta Magna, que establecen, en la parte conducente, que queda prohibida toda discriminación motivada por el género; y, que el varón y la mujer son iguales ante la ley y si bien es cierto, es posible que existan distinciones de trato, las mismas deben encontrarse justificadas, ser las medidas idóneas y proporcionales con el fin buscado. Lo dicho, pues el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta paridad, sino que se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un prejuicio o desigualdad injustificada. La igualdad ante la ley, como principio de justicia, significa que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera en iguales circunstancias, de forma que sólo puede otorgarse un trato distinto en virtud de situaciones relevantes que puedan justificarse, a fin de evitar el trato desigual; además, esta prerrogativa parte de la concepción de que la persona es lo más importante, por lo que no está permitido hacer diferencias en razón de género, sin dar argumentos sólidos que lo justifiquen. El valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Luego, el otorgar un trato disímil atendiendo exclusivamente al sexo, sin dar mayor argumento o bien por presentar una discapacidad sin evidenciar lo incapacitante de la misma respecto a la función que desempeña, es una distinción que no se encuentra justificada en razones objetivas, lo que genera una discriminación por razón de género; es decir, en este momento se considera que esa distinción es arbitraria en tanto que no se justificó en qué sentido esas condiciones ponen a la persona en desventaja, y que tal circunstancia justifica un trato desigual para con el resto de personas que hayan desempeñado el cargo de magistrado. Además que tampoco se evidenció en el acto reclamado, por qué las medidas desiguales adoptadas en uno y otro caso, son las adecuadas e idóneas para contrarrestar las asimetrías que dice la responsable en su informe justificado era necesario equilibrar. En otras palabras, el otorgar un haber de retiro a una magistrada con porcentajes y términos distintos al de un magistrado; cuando ambos se desempeñaron de forma honorable (según la motivación del propio acto reclamado), y en similar plazo y temporalidad, viola la garantía de igualdad jurídica entre el varón y la mujer, en tanto que en el acto reclamado no se justificó la medida, no se explicó por qué esas diferencias de trato en la forma en que se realizaron son los mecanismos idóneos para equilibrar el goce de derechos. Por otra parte, en relación a las alegaciones que señalan las responsables en torno a que en la especie se otorgó un haber de retiro diferente al del hoy quejoso respecto al otorgado a la Magistrada, en tanto que padece discapacidad motriz permanente, lo cual la coloca en una condición evidentemente de desventaja, haciéndola más vulnerable que otros funcionarios que entran en retiro, es necesario señalar que el concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. La discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno, es decir, las barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Por lo tanto, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con discapacidad. De acuerdo con el modelo social, las discapacidades no deben ser entendidas como una enfermedad -como se concibió en el modelo médico-, pues esta afirmación comporta grandes implicaciones en el modo de concebir y regular temas atinentes a la discapacidad y, a su vez, tiene consecuencias profundas en el ámbito jurídico. Así, la discapacidad es una situación de hecho que limita la posibilidad real de las personas de ejercer sus derechos de manera plena, sin que necesariamente implique una limitación formal a su capacidad de ejercicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada I.3o.C.111 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el siete de febrero de dos mil veinte, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es de rubro y texto siguientes: "DISCAPACIDAD. SUS ELEMENTOS. La discapacidad está conformada por tres elementos, a saber: a) una diversidad funcional; b) el entorno o contexto que rodea a la persona con diversidad funcional; y, c) la interacción de ambos elementos [a) y b)], que trae como resultado que la persona con discapacidad participe plenamente en la sociedad; sin embargo, cuando existe sólo una diversidad funcional, no se está en presencia de una discapacidad, por falta de los otros elementos. En ese sentido, conforme al artículo 2 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no toda discapacidad afecta con la misma intensidad a la persona que tiene esa condición, que repercute de manera distinta en el desarrollo de sus actividades y que varía dependiendo del ámbito de sus actividades laborales u ordinarias, en tanto que pueden influir en una u otra función de la persona, y hasta concurrir varias en un mismo individuo a la vez que pueden desfavorecerle. En consecuencia, si bien en un inicio las personas con discapacidad pueden estar consideradas preliminarmente dentro de un mismo grupo de individuos con una disminución física, sensorial o psíquica, lo cierto es que a partir del tipo de deficiencia que les distinga es que pueden subdividirse, en tanto que el desarrollo de sus actividades en los distintos ámbitos de su vida se verá influenciada de diferente forma, y hasta será ubicado de una u otra manera dentro del entorno social, ya sea, por ejemplo, mediante acciones positivas o desde un aspecto de facto negativo.". Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto, del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por "ajustes razonables" se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Con relación a esa definición aportada por la Convención acerca del término "ajustes razonables", el protocolo aludido señala que los mismos no deben ser una carga desproporcionada o indebida para el sujeto que se encuentra obligado a realizarlos, pues de lo contrario se considerará que esos cambios o modificaciones no están justificados y, por lo tanto, no deben llevarse a cabo. Asimismo, la doctrina sobre el tema señala que la obligación de llevar a cabo o no los ajustes dependerá del análisis que se haga en cada caso en concreto, debiendo tomar en cuenta, entre otros factores, los costos de la medida a realizar, el tamaño de la entidad que la debe poner en práctica y su situación financiera, la posibilidad de obtener algún tipo de apoyo o subvención para la realización de la modificación, la afectación de algún modo al resto de personas que no se beneficiarán con la medida. En ese contexto, las autoridades responsables al otorgar el haber de retiro al quejoso, debieron establecer las causas por las cuales se le daba un trato diferente al que se le dio a la Magistrada en retiro antes señalada, y en general con el que se ha otorgado a diversos funcionarios que han ocupado el cargo de magistrados y se han retirado, pues la condición de discapacidad a la que aludieron en el informe justificado, por ese simple hecho de que se actualice tal supuesto, no es suficiente para evidenciar que la medida diferenciada adoptada fue necesaria, idónea y proporcional; máxime que tratándose de personas con discapacidad, lo que se tutela es el derecho a la igualdad de condiciones con las demás personas. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado en la tesis 1a. XII/2013 (10a., por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital 2002516, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, página 631, que dice: "DISCAPACIDAD. EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMPLICA LA ADOPCIÓN DE AJUSTES RAZONABLES QUE PROPICIEN LA IGUALDAD. La naturaleza de una disposición normativa que contiene un valor instrumental en el ámbito de la discapacidad, no se determina en exclusiva por la redacción del mismo en forma aislada, sino por su relación con el ámbito en el cual se pretende implementar. Así, cuando una prohibición a discriminar se encuentra dirigida a un ámbito en el cual la situación prevaleciente se caracteriza por la existencia de políticas discriminatorias y su consecuente falta de igualdad, tal disposición no debe concebirse como una medida de naturaleza simplemente negativa, pues en todo caso se tratará de una exigencia implícita de efectuar medidas o ajustes que propicien un plano de igualdad, en el cual una prohibición a discriminar adquiera sentido como una medida suficiente. Por tanto, tomando en consideración las prácticas de contratación de seguros para personas con discapacidad, es que no resulta posible interpretar la prohibición a discriminar contenida en el artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como una medida de naturaleza negativa, sino como una exigencia de implementar los ajustes necesarios, a efecto de generar una situación de igualdad." Así, se advierte que las autoridades responsables, al emitir el acto reclamado no justificaron la diferencia de trato de forma alguna, pues nada dijeron al respecto, por lo cual se puede concluir que el trato desigual se torna arbitrario, ya que no explicaron sustantiva y expresamente, así como de manera objetiva y razonable su proceder. Es decir, no establecieron de manera clara por qué el mecanismo para determinar el haber de retiro, respecto a la temporalidad, forma de cuantificar y limitaciones para ejercer otro cargo, respecto al hoy quejoso en relación con diversos funcionarios o funcionarias que se han desempeñado como magistrados en igualdad de circunstancias profesionales, con similares obligaciones y derechos inherentes a su nombramiento; y, que han accedido al retiro, es congruente con las circunstancias diferenciadas que advirtió entre los sujetos al beneficio. Y, en su caso si tales circunstancias son determinantes para justificar que, aun cuando el cargo lo desempeñaron en igualdad de circunstancias respecto al salario y demás percepciones que recibían varones y mujeres mientras se encontraban en funciones, al enfrentarse al retiro, se les dé un trato desigual. Al respecto, resulta ilustrativa por las razones que la sustentan la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P./J.111/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, página 2814, de rubro y texto: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO SÓLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL, ES INCONSTITUCIONAL. El citado precepto, al prever la entrega del haber por retiro a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco que se retiren de manera forzosa o voluntaria, únicamente a favor de los que hubiesen cumplido con la carrera judicial es inconstitucional, ya que el artículo 59 de la Constitución Política de esa entidad federativa no establece ese requisito para ser nombrado Magistrado, lo que evidencia que dicho cargo obedece a un nombramiento otorgado con base en requisitos específicos determinados por esa Constitución local, cuyos efectos son los mismos para todos aquellos que reciban el cargo. Por ende, el artículo 61, penúltimo párrafo, de la referida Constitución local es contrario a los artículos 1o. y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 44/2007 de rubro: "ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN.", dentro de los parámetros relativos al aseguramiento del respeto de la estabilidad en el cargo y la independencia judicial de los Magistrados de los Poderes Judiciales locales, se encuentra el referente a que en caso de que el periodo de nombramiento no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber por retiro, determinado por el Congreso del Estado." En este orden de ideas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia, para el efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala y Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia del Congreso del Estado de Tlaxcala, dejen insubsistentes los actos reclamados, consistentes en el dictamen de diez de noviembre de dos mil veintiuno y Acuerdo aprobado en sesión ordinaria pública celebrada el once de noviembre de dos mil veintiuno, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, respecto al haber de retiro otorgado al hoy quejoso y, en su lugar, emitan otro en el que ante la falta de parámetros legales precisos para fijar tal prerrogativa, justifiquen de manera reforzada y congruente con las diversas resoluciones que han emitido respecto de diversos Magistrados que se encontraron en similares términos que el solicitante del amparo, el por qué se toma determinada base cuantificable; los porcentajes aplicables; término en que se proveerá del haber de retiro; y, deberá motivar si es adecuado o no fijar limitaciones para ejercer otra actividad mientras se goce del beneficio, o en su caso, indicar las diferencias que existen y que justifican, en el caso del quejoso en particular, la reducción de la base, porcentaje y temporalidad y condiciones en que se cuantificará y podrá ejercer el haber de retiro. En la inteligencia que de considerar que deben otorgarse de manera diferenciada respecto a diversos funcionarios que han ocupado el cargo de magistrados, en similares términos, deberá justificar por qué el trato diferenciado es idóneo o adecuado, necesario y proporcional entre las desventajas causadas por la medida y los beneficios de los objetivos buscados. Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución, de las autoridades responsables, Presidenta y Representante Legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura Federal; porque se hacen depender de los actos reclamados atribuidos a las autoridades ordenadoras y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia tesis de jurisprudencia 103, visible en la página 67, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.- La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional". Atento a la conclusión alcanzada resulta innecesario realizar un estudio de los restantes conceptos de violación, ya que en nada cambiaría el sentido del fallo. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia II.3º. J/5, Tomo IX, Marzo de 1992, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que en su orden dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo". SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de forma del acto que constituyó la litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, de los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Felipe Nava Lemus, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Nava Lemus, por lo que hace a los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy nueve de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado María de Lourdes Morales García, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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