Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 1138/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1138/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20 fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en el citado Acuerdo General. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos las demandas registradas con los números 15254, 15256 y 15257, que al parecer promueve Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, sin firma electrónica o autógrafa, sentado lo anterior, y vistas las demandas de amparo que promueve Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, así como la certificación de cuenta, se procede a proveer en los siguientes términos: De la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la penitenciaría de la Ciudad de México y diversas autoridades más, se advierte similitud a los diversos juicios de amparo 1139/2023 y 1140/2023. De ahí que sea procedente la acumulación de oficio en el presente asunto, pues en los casos en que existan diversos juicios promovidos contra las mismas autoridades, mismos actos reclamados (actos vinculados) e incluso, los quejosos sean idénticos, el juzgador podrá decretar la acumulación, con el objeto de cumplir cabalmente con la garantía consagrada por el artículo 17 constitucional, que establece la impartición pronta y expedita de justicia, misma que se traduce en que exista economía procesal durante la tramitación de dicho expediente y evitar resoluciones contradictorias que impliquen el mismo problema jurídico. Así, dado que los actos reclamados en la demanda 1138/2023-III sustancialmente son los mismos y están íntimamente vinculados, a los que se reclaman en las diversas 1139/2023 y 1140/2023, tomando en consideración la íntima conexión que existe entre los juicios (identidad del quejoso y actos reclamados), por economía procesal y con el fin de evitar la contradicción de resoluciones en asuntos que impliquen el mismo problema jurídico, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA ACUMULACIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO 1138/2023, 1139/2023 y 1140/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, al ser el primero mencionado el más antiguo, ello en términos del artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. "[.] Época: Décima Época Registro: 2009910 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/2015 (10a.) Página: 19 ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal.[.]." Por lo tanto, se procede a acordar sobre las demandas de amparo, en los términos siguientes: Ténganse por recibidas las demandas de amparo que dicen ser signadas por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la penitenciaría de la Ciudad de México y diversas autoridades más, por violación a sus derechos fundamentales. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrense en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1138/2023 y sus acumulados 1139/2023 y 1140/2023. DESECHAMIENTO DE PLANO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar los escritos de demandas y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, este Órgano jurisdiccional, considera que la misma es improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, ello por falta de voluntad de la parte quejosa al carecer de firma electrónica y por inverosimilitud de su contenido. De la fracción que se actualiza, se reconoce la improcedencia del juicio de amparo por una causa distinta de las enunciadas en sus primeras 22 fracciones, siempre que derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo. Una de esas causas es la que deriva de la primera norma referida (artículo 6); pues el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. La forma en que la parte quejosa valida la autenticidad de su voluntad, es a través de su firma (autógrafa o electrónica) o la de un tercero que promueva en su nombre; salvo los casos excepcionales -las previstas en el artículo 15 de la ley de Amparo. En el caso sometido a estudio, las demandas de amparo fueron presentadas en el Portal de Servicios en línea (Sistema Electrónico) del Poder Judicial de la Federación. Al efecto, se precisa que en los artículos 2, fracciones XV, XVI; XXVI; 3, fracción V, 42, 43, 45 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que regulan la manera en la que se tendrán que presentar las demandas de amparo por esa vía ante los órganos jurisdiccionales, y dichos preceptos, establecen que, las demandas de amparo que se presenten a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación deben contener la firma electrónica del promovente, con la evidencia criptográfica correspondiente. Esa disposición constituye una regla general que, conforme los diversos numerales 42 y 43 del acuerdo Plenario invocado, admite como excepción los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, las demandas presentadas de manera electrónica (en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación) debe contener, por regla general, las evidencias criptográficas de quien la promueve; o, en su defecto, satisfacer un mínimo de requisitos para hacer verosímil que fue promovida por la parte quejosa o por otra persona (individualmente identificable) en su nombre. En efecto, los artículos 42 y 43 del Acuerdo Plenario invocado distinguen entre "la parte quejosa" y "la persona promovente"; lo cual se explica porque, contra los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (enunciados en el numeral 42 del aquel Acuerdo) la demanda no siempre puede ser promovida por la parte quejosa, sino que es necesario que un tercero lo haga en nombre o a su favor. En el caso, las demandas, según se aprecia de su texto, fue promovida en apariencia por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejia Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Hechezarreta y Eduardo Ampudia Flaustro. Sin embargo, la demanda carece de firma electrónica y no es verosímil que las personas nombradas en el mismo escrito la hayan promovido por sí; sin que, por otro lado, contenga el nombre de quien, en su caso, la haya promovido a su favor. En efecto, para esta Juzgadora Federal, es un hecho notorio que los internos, cuando efectivamente formulan por sí una demanda contra actos ocurridos en su lugar de internamiento, hacen uso de cualquier medio a su alcance, como son, verbigracia, las manifestaciones al momento de notificarse de otro asunto, demandas manuscritas o, incluso, a través de un tercero en libertad, quien desde luego manifiesta al menos su nombre. En el caso, por un lado, no es verosímil que la demanda haya sido formulada directamente por las personas enunciadas en la demanda; pues en el mismo escrito se dijo que se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario, por lo que no tienen acceso a dispositivos de cómputo o de comunicación inalámbrica; y, por otro, tampoco se puede considerar que fue un tercero quien la promovió en su nombre, pues no se dijo así en la demanda ni se cuenta con algún elemento que permita apreciarlo de esa manera. Lo que en realidad se aprecia es un abuso desmedido de la facilidad de promover una demanda sin firma electrónica; pues, por los numerosos informes requeridos y rendidos por este juzgado respecto de demandas idénticas o similares a la de cuenta, es un hecho notorio la presentación multitudinaria de demandas de ese tipo sin un fin claro; tal es así que se señalan como responsables a todos los jueces de Distrito de casi toda la República, como se corrobora en el siguiente fragmento de la demanda (igual o similar a aquéllas). En esas condiciones, al carecer las demandas de firma electrónica (evidencia criptográfica) ni ser verosímil que la hayan promovido quienes se enuncian en el mismo escrito o un tercero en su nombre, es evidente que no existe una voluntad real de la parte quejosa; y, por ende, en realidad se trata de una demanda de amparo anónima, en la que no es posible identificar a su verdadero autor, de ahí que proceda DESECHAR DE PLANO las demandas de amparo intentadas. Similar criterio han sostenido el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver su recurso de queja 106/2022 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2022. No se inadvierte que a diversos actos enunciados en el escrito de demanda se les agregaron calificativos de que a los quejosos les "generan afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios". Sin embargo, las manifestaciones transcritas no se consideran ni como actos reclamados ni como actos de tortura, pues la demanda de amparo no contiene información alguna que permita advertir que efectivamente se trata algún acto de tortura ni las particularidades de cada uno de los actos enunciados; por lo que tampoco se pueden tener como actos reclamados los que anteceden. En efecto, las demandas no contienen un mínimo de información sobre la naturaleza, origen o características de cada uno de los actos enunciados. Tampoco se advierten elementos para considerar que alguno tiene el carácter de tortura o tratos crueles de ahí que no se tienen como actos reclamados las manifestaciones de la demanda, transcritas en último término. Por las mismas razones explicadas al inicio de esta determinación, no procede tener por señalado domicilio alguno señalado en la demanda; pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por medio de lista. DOMICILIO. Se tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

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