Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADAApizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de quince de marzo del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, determinación que no fue recurrida por ninguna de las partes; por auto de dos de marzo del año en curso, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia de mérito; y conforme a ello, el diez y quince de marzo de los actuales, se tuvo a las autoridades responsables remitiendo las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa a efecto que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables, deberán: El Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y la Encargada del Centro de Reinserción Social Femenil de Apizaco, Tlaxcala, deberán emitir un acuerdo en el que confirmen que quedan enterados de su obligación de continuar otorgando la atención médica, así como los bienes y servicios adecuados que requieren la quejosa y su menor hija; lo que implica que, debe cumplir, por lo menos, con lo siguiente: Proporcionar alimentos suficientes y adecuados a la quejosa, así como a su menor hija, administrados en horarios apropiados; para lo cual un profesional de la salud deberá asesorarla y supervisarla periódicamente. Brindar a la quejosa un trato digno y respetuoso a su condición de mujer en lactancia y garantizarle instalaciones que sean específicas para la lactancia. Proporcionar atención médica obstétrico ginecológica a la quejosa y pediátrica a su menor hija, lo cual deberá realizarse en lugares específicos establecidos en el centro penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado, o bien en instituciones públicas del sector salud. Reconocer que la menor hija de la quejosa podrá permanecer con ésta dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que haya cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. Asegurar que la menor hija de la quejosa disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud; por lo que en caso de no contar con las instalaciones o con personal médico, ésta se garantizará en instituciones públicas del sector salud. Garantizar que la menor hija de la quejosa reciba educación inicial, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de edad. Habilitar servicios y adoptar disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de que la quejosa pueda participar en actividades de reinserción social apropiadas para las madres lactantes que tienen hijos. Establecer que las sanciones disciplinarias que se impongan a la quejosa, deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones como madre; para lo cual no podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares especialmente con sus hijas o hijos. Reconocer que no podrán aplicarse sanciones de aislamiento a quejosa y que el personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de revisión cuando se encuentren la menor hija de la quejosa. Así de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, siete de marzo de dos mil veintidós, emitió el acuerdo en el que asume en el ámbito de sus atribuciones que le otorga la Ley, la obligación de que se realicen las acciones pertinentes a fin de continuar otorgando la atención médica, así como los bienes y servicios adecuados que requieren la quejosa y su menor hija. Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Tlaxcala, en atención a la ejecutoria de amparo, así como de las obligaciones legales que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, informó que por parte de dicho centro penitenciario, se ha proporcionado la atención médica especializada, en materia reproductiva y ginecológica, así como atención pediátrica para la menor hija, de la quejosa, además de que ha proporcionado alimentos suficientes y adecuados durante el postparto, así como a su hija, los cuales han sido suministrados en horarios apropiados y que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la protección y respeto a los derechos humanos de la acusada y su menor hija lactante, tal y como lo ha informado cada quince días al Juez Quinto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Asimismo, manifiesta que en lo sucesivo se continuará brindando dicha atención médica y servicios por parte del Centro de Reinserción Social Femenil, en términos del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, adjuntó copia certificada del oficio C.F.279/03/2022 que fue girado a los Responsables de las Áreas Técnicas y de Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Tlaxcala. Es decir, tanto el juez responsable como la autoridad carcelaria emitieron sendas determinaciones en las que confirmaron que quedan enterados de su obligación de continuar otorgando la atención médica, así como los bienes y servicios adecuados que requieren la quejosa y su menor hija; por lo anterior, lo que procede es declarar que la sentencia de amparo ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la copia certificada de la causa judicial 294/2020 y los DVD relativos a las audiencias celebradas en dicha causa; sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; terceros interesados identificados como víctimas A y B; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.***.
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