Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 1040/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1040/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa que se avoca al conocimiento de la incompetencia planteada en autos Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas; mediante el cual hace del conocimiento que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dicho juzgado se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó con el número 1823/2021. Se remiten constancias. Por otra parte, visto el estado de autos de los que se advierte que en proveído de cinco de noviembre del año en curso, se ordenó reservar los relativo al oficio SSP/DEAJDH/SJ-A/3744/2021, signado por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, hasta en tanto se recibiera la determinación correspondiente de la competencia declinada, lo cual ya aconteció. Por tanto, se ordena remitir la promoción con número de registro 16391, dejando copia certificada de la misma, en el presente cuaderno, sin que se haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Valoración y Archivo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior con fundamento en el artículo 21, fracción I, inciso j), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria de Tribunal Colegiado. Agréguese a los autos el oficio número 7692/2021 signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por el que devuelve autos del juicio de amparo 629/2020, un tomo de pruebas y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 164/2021, en la que se revolvió confirmar la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Acúsese recibo de estilo correspondiente, glósese el expedientillo que se formó con motivo de su remisión y comuníquese a las partes lo resuelto por la Superioridad. Se ordena el archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Destino del expediente de amparo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, en atención a que se negó el amparo y protección de la justicia federal, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los noventa días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, procédase a la depuración de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se devuelven constancias. Devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala la copia certificada de las actuaciones del expediente laboral 502/2005, el cual adjuntó a su informe justificado. Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se concedió la suspensión provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de depuración; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo, el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y la definitiva. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Expediente incidental duplicado. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses, y una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Inexistencia de documentos. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos originales aportados por las partes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado declara infundado recurso de queja. Por recibido el oficio número 220/2021 suscrito por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja número 71/2021, interpuesto por los quejosos ****, en contra del auto dictado el catorce de mayo de la presente anualidad, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de siete de abril del año en curso, y se entiende que los quejosos no señalan como autoridades responsables a alguno de los Jueces de Distrito en el Estado de México, Morelos, Querétaro e Hidalgo. Acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; y apareciendo que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Se plantea incompetencia legal Ahora bien, en atención a lo anterior, cabe decir que del escrito inicial de la demanda de amparo, así como de la diligencia practicada a los quejosos Juan Manuel Espinosa González y Carlos Alberto Angelino Barrón, se advierte que se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. En ese sentido, es menester tener presente que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un distrito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Este criterio está contenido en la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala, que dice: "Registro digital: 2020828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." En el caso que nos ocupa, los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un distrito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, los promoventes no tienen noticia del lugar al que serán trasladados. En consecuencia, cobra actualidad la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De igual forma, respecto de los actos restantes consistentes en la reubicación del dormitorio cuatro zona uno, estancia once a otro dormitorio diverso módulo de castigo o área diversa que pone en riesgo grave la salud, vida integridad y dignidad personal; actos de represalias, y discriminación, actos de coacción e intimidación con el objeto de que se desista de los juicios de amparo, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que si los quejosos están recluidos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en ese lugar donde se ejecutan o donde tendrán ejecución los actos que se reclaman. Ahora bien, en el presente asunto se hizo efectivo el apercibimiento realizado en autos, y no se tiene como autoridades responsables a algún Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de México, Morelos, Querétaro e Hidalgo. Por tanto, con apoyo en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio y declina la competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de México, en turno, que es quien tiene competencia por ser el más cercano a la Ciudad de México en el ámbito territorial en donde se ejecutan o se ejecutarán los actos reclamados; por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este Juzgado si acepta o no la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase vía SISE el oficio que derive del presente asunto y todas las constancias que conforman el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De igual forma háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena girar exhorto para notificar al quejoso. Para notificar el presente proveído al quejoso, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º., gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno, a fin de que notifique el presente proveído, a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, quienes se encuentran recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México; y, les entregue copia autentificada con evidencia criptográfica del presente proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Notifíquese por exhorto a los quejosos ****

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega sobre devuelto. Agréguese a los presentes autos, el sobre cerrado que devuelve el Administrador de Correos de Tlaxcala, el cual contiene el oficio 15953/2021, dirigido al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, con la leyenda "rehusado por la oficialía de partes por no corresponder a la dirección que cita"; lo anterior a fin de que surta sus efectos legales correspondientes. Se reenvía oficio Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones dentro del presente juicio de amparo, se ordena reenviar el oficio mencionado al Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, en su denominación correcta, en el domicilio ubicado en Avenida Rio Consulado 715-721, Santa María Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc, 06430 Ciudad de México; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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