Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
856/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin realizar mayor pronunciamiento el oficio con anexo de cuenta presentado vía electrónica con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 195/2023, con número de orden 202/2023 girado para notificar a los quejosos *************** el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, toda vez que en veintiséis de junio del año en curso, causó estado el auto por el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa y se ordenó el archivo del presente expediente. En tales condiciones, dese de baja la comunicación oficial de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Sin que resulte necesario acusar recibo de la comunicación oficial, toda vez que al haber sido devuelta por interconexión, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera dicha constancia. Finalmente, no pasa desapercibido para la suscrita juzgadora que, de la notificación realizada a los quejosos por el Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en cinco de junio del año en curso, se advierta que Carlos Alberto Angelino Barrón expresó "Como representante común promuevo incidente de violación a la suspensión"; al efecto no ha lugar a acordar de conformidad a su petición, toda vez que en el presente asunto se desechó de plano la demanda de amparo y no se concedió suspensión alguna de los actos aquí reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en ocho de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 20, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, por el cual comunica el acuerdo de dos de junio del año en curso, emitido en el juicio de amparo 684/2023-III de su índice, y remite los autos originales de dicho juicio formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado Federal en el diverso juicio de amparo 856/2022 en que se actúa; acúsese recibo. Atento a su contenido, se advierte que el Juez Federal a quien se planteó la competencia no la aceptó, sosteniendo lo siguiente: "(.) Por tanto, si el Juzgado declinante hizo uso de su facultad de no conocer del asunto sometido a su consideración al estimarse incompetente legalmente, bajo la premisa de que el órgano federal de su adscripción fue señalado como autoridad responsable, cuando, como se vio, en la demanda únicamente respecto se le atribuyen los actos consistentes en violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, tal argumento, como ya se precisó, no constituye una declinatoria de competencia por razón de grado, materia o territorio; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada. (.)". En estas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia legal para conocer del presente juicio. DESECHAMIENTO DE PLANO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demandas y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, esta Juzgadora Federal, considera que la misma es improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, ello por falta de voluntad de la parte quejosa al carecer de firma electrónica y por inverosimilitud de su contenido. De la fracción que se actualiza, se reconoce la improcedencia del juicio de amparo por una causa distinta de las enunciadas en sus primeras 22 fracciones, siempre que derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo. Una de esas causas es la que deriva de la primera norma referida (artículo 6); pues el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. La forma en que la parte quejosa valida la autenticidad de su voluntad, es a través de su firma (autógrafa o electrónica) o la de un tercero que promueva en su nombre; salvo los casos excepcionales -las previstas en el artículo 15 de la ley de Amparo. En el caso sometido a estudio, la demanda de amparo fue presentada en el Portal de Servicios en línea (Sistema Electrónico) del Poder Judicial de la Federación. Al efecto, se precisa que en los artículos 2, fracciones XV, XVI; XXVI; 3, fracción V, 42, 43, 45 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que regulan la manera en la que se tendrán que presentar las demandas de amparo por esa vía ante los órganos jurisdiccionales, y dichos preceptos, establecen que, las demandas de amparo que se presenten a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación deben contener la firma electrónica del promovente, con la evidencia criptográfica correspondiente. Esa disposición constituye una regla general que, conforme los diversos numerales 42 y 43 del acuerdo Plenario invocado, admite como excepción los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, la demanda presentada de manera electrónica (en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación) debe contener, por regla general, las evidencias criptográficas de quien la promueve; o, en su defecto, satisfacer un mínimo de requisitos para hacer verosímil que fue promovida por la parte quejosa o por otra persona (individualmente identificable) en su nombre. En efecto, los artículos 42 y 43 del Acuerdo Plenario invocado distinguen entre "la parte quejosa" y "la persona promovente"; lo cual se explica porque, contra los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (enunciados en el numeral 42 del aquel Acuerdo) la demanda no siempre puede ser promovida por la parte quejosa, sino que es necesario que un tercero lo haga en nombre o a su favor. En el caso, la demanda, según se aprecia de su texto, fue promovida en apariencia por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************Sin embargo, la demanda carece de firma electrónica y no es verosímil que las personas nombradas en el mismo escrito la hayan promovido por sí; sin que, por otro lado, contenga el nombre de quien, en su caso, la haya promovido a su favor. En efecto, para esta Juzgadora Federal, es un hecho notorio que los internos, cuando efectivamente formulan por sí una demanda contra actos ocurridos en su lugar de internamiento, hacen uso de cualquier medio a su alcance, como son, verbigracia, las manifestaciones al momento de notificarse de otro asunto, demandas manuscritas o, incluso, a través de un tercero en libertad, quien desde luego manifiesta al menos su nombre. En el caso, por un lado, no es verosímil que la demanda haya sido formulada directamente por las personas enunciadas en la demanda; pues en el mismo escrito se dijo que se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario, por lo que no tienen acceso a dispositivos de cómputo o de comunicación inalámbrica; y, por otro, tampoco se puede considerar que fue un tercero quien la promovió en su nombre, pues no se dijo así en la demanda ni se cuenta con algún elemento que permita apreciarlo de esa manera. Lo que en realidad se aprecia es un abuso desmedido de la facilidad de promover una demanda sin firma electrónica; pues, por los numerosos informes requeridos y rendidos por este juzgado respecto de demandas idénticas o similares a la de cuenta, es un hecho notorio la presentación multitudinaria de demandas de ese tipo sin un fin claro; tal es así que se señalan como responsables a todos los jueces de Distrito de casi toda la República, como se corrobora en el siguiente fragmento de la demanda (igual o similar a aquéllas). En esas condiciones, al carecer la demanda de firma electrónica (evidencia criptográfica) ni ser verosímil que la hayan promovido quienes se enuncian en el mismo escrito o un tercero en su nombre, es evidente que no existe una voluntad real de la parte quejosa; y, por ende, en realidad se trata de una demanda de amparo anónima, en la que no es posible identificar a su verdadero autor, de ahí que proceda DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo intentada. Similar criterio han sostenido el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver su recurso de queja 106/2022 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2022. No se inadvierte que a diversos actos enunciados en el escrito de demanda se les agregaron calificativos de que a los quejosos les "generan afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios". Sin embargo, las manifestaciones transcritas no se consideran ni como actos reclamados ni como actos de tortura, pues la demanda de amparo no contiene información alguna que permita advertir que efectivamente se trata algún acto de tortura ni las particularidades de cada uno de los actos enunciados; por lo que tampoco se pueden tener como actos reclamados los que anteceden. En efecto, la demanda no contiene un mínimo de información sobre la naturaleza, origen o características de cada uno de los actos enunciados. Tampoco se advierten elementos para considerar que alguno tiene el carácter de tortura o tratos crueles de ahí que no se tienen como actos reclamados las manifestaciones de la demanda, transcritas en último término. Por las mismas razones explicadas al inicio de esta determinación, no procede tener por señalado domicilio alguno señalado en la demanda; pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el acuse electrónico de cuenta, el cual se generó con motivo del envío del exhorto 202/2023, orden 195/2023, del índice de este juzgado, girado al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de notificar a ********************, por sí y como representante común de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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