Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
344/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora bien, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, cabe destacar que en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se concedió de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General, aplicado por analogía, y en términos del punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, emitido en el mes de agosto de dos mil veinte, de conformidad con el artículo noveno transitorio del Acuerdo General multireferido, se decreta que este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años, en este órgano jurisdiccional, indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, esta autoridad judicial, dentro de los noventa días naturales siguientes, realizará la transferencia íntegramente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual solo deberá hacer constar que se encuentra debidamente digitalizado y vinculado en el sistema SISE. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en auto de cuatro de septiembre del presente año, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta registrado con el folio 16560, por medio del cual la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, informa que el juicio de amparo 344/2022 y sus acumulados 345/2022 y 346/2022, le correspondió conocer al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, glósese a los autos el oficio de cuenta registrado con el folio 16561, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, por medio del cual entre otras cosas informa que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional por los motivos que ahí expone; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. Atento a lo anterior, acúsese recibo mediante oficio que para tal efecto se gire vía interconexión. En consecuencia, este Juzgado de Distrito no insiste en declarar su incompetencia para conocer de las demandas de amparo 344/2022 y sus acumuladas 345/2022 y 346/2022, promovidas por 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Juan Manuel Espinosa González, 3. Edwin Daniel Guerra Córdova, 4. Luis Gabriel Jop Corzo, 5. José Othón Ramiro Hernández Lima, 6. José Antonio Contreras Chávez, 7. Enrique Mejía Bello, 8. Enrique Alvarado Saucillo, 9. Eduardo Ampudia Fraustro, 10. Eduardo Flores Castro, 11. Renan Hidalgo Echazarreta y 12. Hugo Melchor Nieto; contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; por tanto, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO DE PLANO LA DEMANDA. En mérito de lo anterior, se procede a proveer la demanda de amparo y sus acumuladas, en los siguientes términos: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demandas y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Ahora bien, analizada en su integridad las demandas de amparo, esta Juzgadora Federal, considera que la misma es improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, ello por falta de voluntad de la parte quejosa al carecer de firma electrónica y por inverosimilitud de su contenido. De la fracción que se actualiza, se reconoce la improcedencia del juicio de amparo por una causa distinta de las enunciadas en sus primeras 22 fracciones, siempre que derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo. Una de esas causas es la que deriva de la primera norma referida (artículo 6); pues el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. La forma en que la parte quejosa valida la autenticidad de su voluntad, es a través de su firma (autógrafa o electrónica) o la de un tercero que promueva en su nombre; salvo los casos excepcionales -las previstas en el artículo 15 de la ley de Amparo. En el caso sometido a estudio, las demandas de amparo fueron presentadas en el Portal de Servicios en línea (Sistema Electrónico) del Poder Judicial de la Federación. Al efecto, se precisa que en los artículos 2, fracciones XV, XVI; XXVI; 3, fracción V, 42, 43, 45 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que regulan la manera en la que se tendrán que presentar las demandas de amparo por esa vía ante los órganos jurisdiccionales, y dichos preceptos, establecen que, las demandas de amparo que se presenten a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación deben contener la firma electrónica del promovente, con la evidencia criptográfica correspondiente. Esa disposición constituye una regla general que, conforme los diversos numerales 42 y 43 del acuerdo Plenario invocado, admite como excepción los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, las demandas presentadas de manera electrónica (en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación) debe contener, por regla general, las evidencias criptográficas de quien la promueve; o, en su defecto, satisfacer un mínimo de requisitos para hacer verosímil que fue promovida por la parte quejosa o por otra persona (individualmente identificable) en su nombre. En efecto, los artículos 42 y 43 del Acuerdo Plenario invocado distinguen entre "la parte quejosa" y "la persona promovente"; lo cual se explica porque, contra los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (enunciados en el numeral 42 del aquel Acuerdo) la demanda no siempre puede ser promovida por la parte quejosa, sino que es necesario que un tercero lo haga en nombre o a su favor. En el caso, la demanda, según se aprecia de su texto, fue promovida en apariencia por 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Juan Manuel Espinosa González, 3. Edwin Daniel Guerra Córdova, 4. Luis Gabriel Jop Corzo, 5. José Othón Ramiro Hernández Lima, 6. José Antonio Contreras Chávez, 7. Enrique Mejía Bello, 8. Enrique Alvarado Saucillo, 9. Eduardo Ampudia Fraustro, 10. Eduardo Flores Castro, 11. Renan Hidalgo Echazarreta y 12. Hugo Melchor Nieto. Sin embargo, las demandas carecen de firmas electrónicas y no es verosímil que las personas nombradas en los mismos escritos las hayan promovido por sí; sin que, por otro lado, contenga el nombre de quien, en su caso, la haya promovido a su favor. En efecto, para esta Juzgadora Federal, es un hecho notorio que los internos, cuando efectivamente formulan por sí una demanda contra actos ocurridos en su lugar de internamiento, hacen uso de cualquier medio a su alcance, como son, verbigracia, las manifestaciones al momento de notificarse de otro asunto, demandas manuscritas o, incluso, a través de un tercero en libertad, quien desde luego manifiesta al menos su nombre. En el caso, por un lado, no es verosímil que las demandas hayan sido formuladas directamente por las personas enunciadas en la demanda; pues en el mismo escrito se dijo que se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario, por lo que no tienen acceso a dispositivos de cómputo o de comunicación inalámbrica; y, por otro, tampoco se puede considerar que fue un tercero quien la promovió en su nombre, pues no se dijo así en las demandas ni se cuenta con algún elemento que permita apreciarlo de esa manera. Lo que en realidad se aprecia es un abuso desmedido de la facilidad de promover una demanda sin firma electrónica; pues, por los numerosos informes requeridos y rendidos por este juzgado respecto de demandas idénticas o similares a la de cuenta, es un hecho notorio la presentación multitudinaria de demandas de ese tipo sin un fin claro; tal es así que se señalan como responsables a todos los jueces de Distrito de casi toda la República. En esas condiciones, al carecer las demandas de firmas electrónicas (evidencia criptográfica) ni ser verosímil que la hayan promovido quienes se enuncian en el mismo escrito o un tercero en su nombre, es evidente que no existe una voluntad real de la parte quejosa; y, por ende, en realidad se trata de una demanda de amparo anónima, en la que no es posible identificar a su verdadero autor, de ahí que proceda DESECHAR DE PLANO las demandas de amparo 344/2022 y sus acumuladas 345/2022 y 346/2022, intentadas. Similar criterio han sostenido el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver su recurso de queja 106/2022 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2022. No se inadvierte que a diversos actos enunciados en el escrito de demanda se les agregaron calificativos de que a los quejosos les "generan afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios". Sin embargo, las manifestaciones transcritas no se consideran ni como actos reclamados ni como actos de tortura, pues las demandas de amparo no contienen información alguna que permitan advertir que efectivamente se trata algún acto de tortura ni las particularidades de cada uno de los actos enunciados; por lo que tampoco se pueden tener como actos reclamados los que anteceden. En efecto, la demanda no contiene un mínimo de información sobre la naturaleza, origen o características de cada uno de los actos enunciados. Tampoco se advierten elementos para considerar que alguno tiene el carácter de tortura o tratos crueles de ahí que no se tienen como actos reclamados las manifestaciones de las demandas, transcritas en último término. Por las mismas razones explicadas al inicio de esta determinación, no procede tener por señalado domicilio alguno señalado en la demanda; pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de ocho de agosto de dos mil veintitrés, informa que después de realizar una búsqueda en el sistema computarizado SISE-OCC y en el Sistema de Turno Aleatorio (SIAT), así como en los archivos físicos de oficios remitidos por diversas autoridades donde solicitan turno de demandas de amparo por declararse incompetentes, no localizó algún registro con los datos que se le proporcionó, y al efecto remite las constancias con las que acredita su dicho, asimismo, manifiesta que Lorena Moran (quien recibió dicho expediente), no presta servicio en esa oficina, y desconoce si labora en alguno de los juzgados a los que se encuentra adscrita; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ya se realizaron las gestiones pertinentes para localizar a qué juzgado fue turnado el juicio de amparo 344/2022 y sus acumulados 345/2022 y 346/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, promovidos por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, y Hugo Melchor Nieto, con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, sin que se advierta su destino. En tales condiciones, en aras de una pronta impartición de justicia y evitar más dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Amparo, obténgase copia certificada del expediente digital a que se refiere el artículo 3°, de la Ley de Amparo, el cual permanece sin alteración alguna; consecuentemente, se ordena de oficio la reposición del expediente físico de los autos del juicio de amparo 344/2022 y sus acumulados 345/2022 y 346/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, promovidos por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, y Hugo Melchor Nieto. Sin embargo, en atención a lo anterior, sin necesidad de tramitar el incidente relativo; se tiene por repuesto el expediente físico del juicio de amparo 344/2022 y sus acumulados 345/2022 y 346/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; para los efectos legales conducentes. Por tanto, y en cumplimiento al acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, envíese de nueva cuenta mediante mensajería Estafeta, las constancias obtenidas del presente juicio de amparo y sus acumulados al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común solicitando atentamente el acuse de estilo correspondiente, asimismo, informe a este órgano jurisdiccional la determinación correspondiente. Notifíquese.

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