Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- Jose Othon Ramiro Hernandez Lima
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del oficio mediante el cual, esté órgano jurisdiccional declinó competencia a su favor para conocer del presente asunto; asimismo, informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo..Se toma conocimiento de lo informado por el homólogo federal y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como el archivo del presente asunto como totalmente concluido...De conformidad con lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, en relación con el quinto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente, no tiene relevancia documental...Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso j), en relación con el quinto transitorio, del citado Acuerdo General, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de tres años.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ***, contra los actos que reclaman del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades responsables, consistentes en: 1) Reubicación de *** del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11 a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio ***, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B del tercer grupo y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana. 3) Reubicación de ***, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, al Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 4 que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción de custodio Victor Joel Palma Escalante para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como agresiones de custodio de tercer grupo de seguridad Penitenciaría de nombre Rafael Mateo Arenas Tabares así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México *** quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área. 4) Reubicación de ***, del Dormitorio *** Zona *** Estancia ***, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 5) Reubicación de ***, del Dormitorio *** a otro diverso que le genera tormento Psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 6) Reubicación de *** y ***, del Dormitorio ***, a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 7) Reubicación de ***, del Dormitorio ***, a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 8) Reubicación de ***, del Dormitorio *** a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 9) Reubicación de Renán *** del Dormitorio *** a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 10) *** reclama la Restricción de reubicación del dormitorio nueve zona dos estancia doce al dormitorio cuatro zona uno Estancia once ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia, así como afectaciones psicofisicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con *** 11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión 13) Traslados de los quejosos dé la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalía 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos 16) Discriminación. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta 24) realización de estudios y perfiles sicológico y criminologico que son inconstitucionales sin presencia de asesores jurídicos 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos 26) *** reclama Reubicación del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 12 a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 27) negación del servicio médico y dental 28) coacción de comité técnico para reubicara *** a otro dormitorio o módulo como medio de intimidación y represalia ello en contubernio con persona privada de la libertad y Restricción de reubicación al dormitorio cuatro zona uno Estancia once ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia, así como afectaciones psicofisicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con *** 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodio Rafael Mateo Arenas Tabares del tercer grupo de seguridad Penitenciaría 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por el custodio *** del tercer grupo de seguridad Penitenciaría 31) coacción de *** contra el quejoso Edwin Daniel Guerra Cordova para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofísica.y sicoemocional. 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparo promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desiste y pide su Reubicación a otra área diversa lo cual NO HA SOLICITADO el quejoso 33) intimidación contra *** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con *** 34) restricción de otorgar ropa de lluvia a los quejosos 35) intimidación contra *** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos *** así como reclama la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro zona uno estancia once por su afinidad con *** y esto es discriminación plena Al respecto, se provee: Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal con los números 854/2022-VI, fórmese el expediente físico, así como el electrónico y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Representante común. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común designado por los quejosos a ***. III. Suspensión de plano. Respecto de los actos que los quejosos atribuyen a las autoridades responsables indicadas en el inciso A) de la demanda, consistentes en aquellos actos prohibidos que se encuentran proscritos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, en especial, por cuanto hace a la intimidación, tormento, agresiones como medios de represalia, cualquier tipo de violencia y/o ataques psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción, así como la negativa de prestarles servicio médico si es que tuvieran algún padecimiento por el que así lo requirieran, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE DICHOS ACTOS, los que deberán cesar de inmediato; determinación que desde luego deberá hacerse del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables para que la acaten de inmediato bajo su más estricta responsabilidad. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, rindan informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada; con el apercibimiento que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente en el país, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo, ello con independencia de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir con su conducta. Ahora bien, por cuanto hace al resto de los actos reclamados, hágase del conocimiento de los quejosos que no es procedente decretar la suspensión de plano respecto éstos, debido a que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el aludido artículo 126 de la Ley de Amparo, o de los previstos por el artículo 22 Constitucional. IV. Incompetencia. En otro orden de ideas, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la misma, por los motivos que se exponen a continuación: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito geográfico en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A manera de ejemplo, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se hubiere presentado la demanda; que es competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho fundamental, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto tenga ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En efecto, se tiene que la parte promovente del amparo, señaló como actos reclamados: 1) Reubicación de *** del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11 a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción. 2) Ataques y actos de coacción contra *** por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio Victor Joel Palma Escalante, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B del tercer grupo y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 3) Reubicación de ***, del dormitorio *** que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción de custodio Victor Joel Palma Escalante para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como agresiones de custodio de tercer grupo de seguridad Penitenciaría de nombre *** así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México *** quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área. 4) Reubicación de ***, del ***, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 5) Reubicación de ***, del *** a otro diverso que le genera tormento Psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 6) Reubicación de *** y ***, del ***, a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 7) Reubicación de ***, del ***, a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 8) Reubicación de ***, del *** a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 9) Reubicación de *** del *** a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 10) *** reclama la Restricción de reubicación del dormitorio nueve zona dos estancia doce al dormitorio cuatro zona uno Estancia once ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia, así como afectaciones psicofisicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con *** 11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión 13) Traslados de los quejosos dé la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalía 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos 16) Discriminación. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, mas fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta 24) realización de estudios y perfiles sicológico y criminologico que son inconstitucionales sin presencia de asesores jurídicos 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos 26) *** reclama Reubicación del *** a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo 27) negación del servicio médico y dental 28) coacción de comité técnico para reubicara Edwin Daniel Guerra Cordova a otro dormitorio o módulo como medio de intimidación y represalia ello en contubernio con persona privada de la libertad y Restricción de reubicación al dormitorio cuatro zona uno Estancia once ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia, así como afectaciones psicofisicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con *** 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodio *** del tercer grupo de seguridad Penitenciaría 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por el custodio *** del tercer grupo de seguridad Penitenciaría 31) coacción de *** contra el quejoso *** para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofísica.y sicoemocional. 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparo promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desiste y pide su Reubicación a otra área diversa lo cual NO HA SOLICITADO el quejoso 33) intimidación contra *** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con *** 34) restricción de otorgar ropa de lluvia a los quejosos 35) intimidación contra *** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con *** así como reclama la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro zona uno estancia once por su afinidad con *** y esto es discriminación plena Bajo ese contexto, partiendo de la base de que la demanda de amparo es un todo, la cual debe ser estudiada de manera integral, junto con sus anexos, de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo a lo que de ellos se desprende en su aspecto material y no únicamente formal. Entonces, si el elemento cardinal que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene o deba tener ejecución el acto reclamado, es inconcuso que la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo le asiste a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, pues es dentro de dicha jurisdicción en donde se encuentran recluidos los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, que a la letra establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Sirve de apoyo, por analogía la tesis que lleva por rubro y texto lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." No se soslaya que todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, fueron señalados como autoridades responsables, al igual que fueron señalados todos los jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, al que pertenece este órgano jurisdiccional; sin embargo ese solo hecho no es determinante para que en realidad se le tenga con dicho carácter, pues para ello resulta necesario que se le vincule con un acto concreto en el que efectivamente hubiera tenido participación, siendo lo jurídicamente relevante para determinar a quién corresponde conocer del asunto en cuestión que el acto reclamado tendrá ejecución en la Ciudad de México, sin que hasta el momento, de los datos y manifestaciones vertidas en el escrito de demanda se advierta la participación en la emisión y/o ejecución de alguno de los actos reclamados atribuidos a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En efecto, en el presente asunto se reclama a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, lo siguiente: "17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales." Bajo esa óptica, no le asiste la calidad de autoridad responsable a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que se insiste, no se le atribuye haber dictado, ordenado, ejecutado o tratar de ejecutar un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita actos de que realizarse crearía dichos actos jurídicos. Así las cosas, con apoyo en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con independencia de que se reúnan o no los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley en cita, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo respecto de los quejosos 1) CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, 2) EDWIN DANIEL GUERRA CÓRDOVA, 3) LUIS ARTURO ZAVALA ROSAS, 4) LUIS GABRIEL JOP CORZO, 5) JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA, 6) JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CHÁVEZ, 7) ENRIQUE MEJÍA BELLO, 8) ENRIQUE ALVARADO SAUCILLO, 9) EDUARDO FLORES CASTRO, 10) RENÁN HIDALGO ECHAZARRETA y 11) EDUARDO AMPUDIA FRAUSTRO, por cuestión de territorio; en consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez, lo turne al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, solicitando de la manera más atenta al Juzgado Federal que corresponda conocer, que se sirva informar a este juzgado de distrito la determinación que tenga a bien adoptar. V. Exhorto. Por otra parte, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, en ***, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a uno de los actuarios de su adscripción para que se constituya en las instalaciones antes mencionadas a fin de que le notifique el presente acuerdo al representante común de la parte quejosa ***; asimismo, para que en el momento de la diligencia le requiera para que nombre a un abogado que los represente, o bien, le haga de su conocimiento que podrá hacer tal designación dentro de los tres días siguientes a que surta efectos dicha notificación, en el entendido que si no quieren o no pueden nombrar a alguno, este órgano jurisdiccional, de oficio, les nombrará uno. Asimismo, se faculta al Juez exhortado para que autorice al actuario que lleve a cabo dicha diligencia, que se constituya en el domicilio antes citado, inclusive en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 78 al 80 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; envíese el exhorto de referencia vía electrónica por economía procesal y mayor celeridad al asunto, haciendo uso de la firma electrónica de la titular de este órgano jurisdiccional y de la secretaria de cuenta. Sin que sea necesario acusar recibo, ya que este se genera automáticamente al momento del envío a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual, deberá agregarse a los autos para que obre como constancia. Así también, con fundamento en el numeral 82 del citado Acuerdo 12/2020, se solicita al órgano jurisdiccional que le corresponda conocer del referido exhorto, que una vez que sea debidamente diligenciada la comunicación oficial en comento, tenga a bien devolverlo con todo lo actuado por la misma vía electrónica.
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