Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Enrique Mejía Bello
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • José Othón Ramiro Hernandez Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    :: I. Se agrega testimonio de ejecutoria de tribunal colegiado. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través de la cual remite el testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 18/2022 del índice del tribunal de su adscripción, en el cual se determinó que corresponde al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. II. Se ordena archivo. Por otra parte, dado que no existe diligencia pendiente en este asunto, archívese como concluido y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Finalmente, se determina que el presente cuaderno, es susceptible de destrucción, por ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado.

  2. Principal

    :: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en autos del conflicto competencial 18/2022 del índice del tribunal de su adscripción, se admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    :: I. Juzgado de Distrito no acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, a través del cual transcribe el proveído de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 995/2022 de su índice, en el que, en relación con la competencia que se le planteó mediante proveído de ocho de julio de la presente anualidad, determinó no aceptarla y devuelve las constancias del presente juicio a este órgano jurisdiccional. Acúsese de recibo. II. Se plantea conflicto de competencia. En ese sentido, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo insiste en carecer de competencia legal para conocer del presente asunto -por las razones expuestas en el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós dictado en el presente juicio- y, por ende, deben remitirse las constancias del presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, a fin de que resuelva en qué órgano jurisdiccional recae la competencia para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, a fin de que resuelva a cuál de los órganos jurisdiccionales involucrados le corresponde seguir conociendo del asunto que nos ocupa. Lo anterior, pues como se señaló en el referido proveído, en el caso, del escrito de demanda se advierte que los quejosos 1] Carlos Alberto Angelino Barrón, 2] Luis Arturo Zavala Rosas, 3] Edwin Daniel Guerra Córdova, 4] Luis Gabriel Jop Corzo, 5] José Othón Ramiro Hernández Lima, 6] José Antonio Contreras Chávez, 7] Enrique Mejía Bello, 8] Enrique Alvarado Saucillo, 9] Eduardo Flores Castro 10] Renan Hidalgo Echazarreta, 11] Ivan López Hinojosa, 12] Juan Manuel Espinosa González y 13] Hugo Melchor Nieto, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados siguientes: a) la reubicación de los quejosos de sus dormitorios; b) afectaciones a la salud y a su dignidad, así como afecciones psicofísica, emocional y psicoemocional, de cada uno de los quejosos con motivo de la reubicación de su dormitorio; c) ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTTTIQ+; d) violencia y agresiones psicoemocional como medio de intimidación y de coacción; e) intimidación, castigos y agresiones como medios de represalias; f) discriminación; g) violación al principio pro persona; h) inaplicación de criterios internacionales; i) omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos; j) omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos; k) encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; l) coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós; m) restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al Comité Técnico; n) uso del reglamento utilizado por las autoridades responsables en perjuicio de los quejosos; ñ) realización de estudios y perfiles psicológicos y criminológicos sin asesores jurídicos de los quejosos; o) las audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos; y p) la orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. Actos reclamados que los quejosos atribuyen, entre otras autoridades, a los jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, entre los que se encuentra el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; por lo tanto, se estima que en el caso se actualiza el supuesto de incompetencia contemplado en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en virtud de que, al haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora, existe impedimento para conocer de dicha demanda, porque no es posible fungir como juez y parte, por tal motivo se estima carecer de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la presente demanda de derechos fundamentales. Al respecto, debe señalarse que en lo que hace al juicio de amparo y al caso que ocupa el presente asunto, el sistema para establecer la competencia, se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que el Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. Así, cuando se señala como autoridad responsable al Juez de Distrito al que tocó conocer de la demanda correspondiente, debe estarse a los anteriores criterios a efecto de fijar la competencia. En efecto, en el caso concreto se está ante la hipótesis consistente en que se reclaman los siguientes actos: a) La reubicación de los quejosos de sus dormitorios. b) Afectaciones a la salud y a su dignidad, así como afecciones psicofísica, emocional y psicoemocional, de cada uno de los quejosos con motivo de la reubicación de su dormitorio. c) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTTTIQ+. d) Violencia y agresiones psicoemocional como medio de intimidación y de coacción. e) Intimidación, castigos y agresiones como medios de represalias. f) Discriminación. g) Violación al principio pro persona. h) Inaplicación de criterios internacionales. i) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. j) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. k) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. l) Coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. m) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al Comité Técnico. n) Uso del reglamento utilizado por las autoridades responsables en perjuicio de los quejosos ñ) Realización de estudios y perfiles psicológicos y criminológicos sin asesores jurídicos de los quejosos. o) Las audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos. p) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. Señalando entre otros como autoridad responsable al Juez al que se turna la demanda, de ahí que dicho juzgador tendrá el carácter de autoridad responsable, durante la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que haya emitido o no los actos reclamados, tendrá durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así, no puede operar la regla general que para fijar la competencia establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado trate de ejecutarse o podría ejecutarse, porque ha pasado a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que estaría en curso de impedimento en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo; siendo al respecto aplicable el siguiente criterio con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 200458 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: 1a. XXXV/95 Página: 106 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL JUEZ DE DISTRITO A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA LA. Si la competencia para conocer de una demanda de amparo se declina a favor de un juez federal, que además es señalado como autoridad responsable ordenadora, es evidente que está impedido para conocer del juicio de amparo, por esa razón conocerá del juicio otro de su Circuito que ejerza jurisdicción en la misma materia, pero si todos ellos están señalados como autoridades responsables, a nada práctico conduciría el que el juez de Distrito a quien le compete conocer del juicio de amparo, procediera en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco), declarándose impedido en el conocimiento del asunto, dado que, de todas maneras tramitado el procedimiento respectivo, tendrá que excusarse para conocer de la controversia constitucional planteada, por no poder figurar como juez y parte, de conformidad con lo que establece el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, procedimiento que tendría que llevarse a cabo con todos los demás jueces de Distrito señalados como autoridades responsables ordenadoras; de ahí que el juez de Distrito competente sería en todo caso el que previno." Debe tenerse en cuenta que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. En consecuencia, en la hipótesis en estudio, debe atenderse a la regla de excepción que contempla el artículo 38 de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Sin que al respecto, sea aplicable la Jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 181330 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 59/2003 Página: 122 IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver." En efecto, el criterio en cuestión se refiere a un problema de impedimento, que atañe a la persona del juzgador, en tanto que el presente asunto, versa sobre una cuestión de competencia, que se refiere al órgano jurisdiccional; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y conforme a lo establecido en los artículos 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y Único del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de privilegiar el trabajo a distancia, mediante el uso de las herramientas electrónicas -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente-, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, a fin de que resuelva en qué órgano jurisdiccional recae la competencia para conocer del presente juicio de amparo. Asimismo, infórmese de lo anterior al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, para los efectos legales a que haya lugar. III. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, agréguense a los autos únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós.

  4. Principal

    I. Juzgado de Distrito no acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, a través del cual transcribe el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 782/2022 de su índice, en el que, en relación con la competencia que se le planteó mediante proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, determinó carecer de ésta y devuelve las constancias del presente juicio a este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo vía electrónica e infórmese al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, que no se insiste en declinar competencia en su favor, por el motivo que se precisa enseguida. II. Se declina competencia en favor de un Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. Este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: Del escrito de demanda se advierte que los quejosos 1] Carlos Alberto Angelino Barrón, 2] Luis Arturo Zavala Rosas, 3] Edwin Daniel Guerra Córdova, 4] Luis Gabriel Jop Corzo, 5] José Othón Ramiro Hernández Lima, 6] José Antonio Contreras Chávez, 7] Enrique Mejía Bello, 8] Enrique Alvarado Saucillo, 9] Eduardo Flores Castro 10] Renan Hidalgo Echazarreta, 11] Ivan López Hinojosa, 12] Juan Manuel Espinosa González y 13] Hugo Melchor Nieto, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados siguientes: a) la reubicación de los quejosos de sus dormitorios; b) afectaciones a la salud y a su dignidad, así como afecciones psicofísica, emocional y psicoemocional, de cada uno de los quejosos con motivo de la reubicación de su dormitorio; c) ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTTTIQ+; d) violencia y agresiones psicoemocional como medio de intimidación y de coacción; e) intimidación, castigos y agresiones como medios de represalias; f) discriminación; g) violación al principio pro persona; h) inaplicación de criterios internacionales; i) omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos; j) omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos; k) encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; l) coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós; m) restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al Comité Técnico; n) uso del reglamento utilizado por las autoridades responsables en perjuicio de los quejosos; ñ) realización de estudios y perfiles psicológicos y criminológicos sin asesores jurídicos de los quejosos; o) las audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos; y p) la orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México, cuyos actos atribuye entre otras autoridades, a los jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, entre los que se encuentra el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; por lo tanto, se estima que en el caso se actualiza el supuesto de incompetencia contemplado en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en virtud de que, al haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora, existe impedimento para conocer de dicha demanda, porque no es posible fungir como juez y parte, por tal motivo se estima carecer de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la presente demanda de derechos fundamentales. Al respecto, debe señalarse que en lo que hace al juicio de amparo y al caso que ocupa el presente asunto, el sistema para establecer la competencia, se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que el Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. Así, cuando se señala como autoridad responsable al Juez de Distrito al que tocó conocer de la demanda correspondiente, debe estarse a los anteriores criterios a efecto de fijar la competencia. En efecto, en el caso concreto se está ante la hipótesis consistente en que se reclaman los siguientes actos: a) La reubicación de los quejosos de sus dormitorios. b) Afectaciones a la salud y a su dignidad, así como afecciones psicofísica, emocional y psicoemocional, de cada uno de los quejosos con motivo de la reubicación de su dormitorio. c) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTTTIQ+. d) Violencia y agresiones psicoemocional como medio de intimidación y de coacción. e) Intimidación, castigos y agresiones como medios de represalias. f) Discriminación. g) Violación al principio pro persona. h) Inaplicación de criterios internacionales. i) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. j) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. k) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. l) Coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. m) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al Comité Técnico. n) Uso del reglamento utilizado por las autoridades responsables en perjuicio de los quejosos ñ) Realización de estudios y perfiles psicológicos y criminológicos sin asesores jurídicos de los quejosos. o) Las audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos. p) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. Señalando entre otros como autoridad responsable al Juez al que se turna la demanda, de ahí que dicho juzgador tendrá el carácter de autoridad responsable, durante la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que haya emitido o no los actos reclamados, tendrá durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así, no puede operar la regla general que para fijar la competencia establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado trate de ejecutarse o podría ejecutarse, porque ha pasado a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que estaría en curso de impedimento en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo; siendo al respecto aplicable el siguiente criterio con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 200458 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: 1a. XXXV/95 Página: 106 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL JUEZ DE DISTRITO A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA LA. Si la competencia para conocer de una demanda de amparo se declina a favor de un juez federal, que además es señalado como autoridad responsable ordenadora, es evidente que está impedido para conocer del juicio de amparo, por esa razón conocerá del juicio otro de su Circuito que ejerza jurisdicción en la misma materia, pero si todos ellos están señalados como autoridades responsables, a nada práctico conduciría el que el juez de Distrito a quien le compete conocer del juicio de amparo, procediera en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco), declarándose impedido en el conocimiento del asunto, dado que, de todas maneras tramitado el procedimiento respectivo, tendrá que excusarse para conocer de la controversia constitucional planteada, por no poder figurar como juez y parte, de conformidad con lo que establece el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, procedimiento que tendría que llevarse a cabo con todos los demás jueces de Distrito señalados como autoridades responsables ordenadoras; de ahí que el juez de Distrito competente sería en todo caso el que previno." Debe tenerse en cuenta que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. En consecuencia, en la hipótesis en estudio, debe atenderse a la regla de excepción que contempla el artículo 38 de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Sin que al respecto, sea aplicable la Jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 181330 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 59/2003 Página: 122 IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver." En efecto, el criterio en cuestión se refiere a un problema de impedimento, que atañe a la persona del juzgador, en tanto que el presente asunto, versa sobre una cuestión de competencia, que se refiere al órgano jurisdiccional; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este órgano federal se declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, en mérito de los razonamientos expuestos. III. Remisión de los autos. Ahora, en razón que la parte quejosa señala como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, así como a los diversos Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo, los del Estado de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora (excepto los de Ciudad Obregón, Sonora), Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Luego, como se aprecia del párrafo que precede los quejosos señalan como autoridades responsables entre otros a los jueces de Distrito del Quinto Circuito, ubicados en el Estado de Sonora, a excepción de los Juzgados con sede en Ciudad Obregón; sin embargo, los jueces de Distrito con competencia en amparo más cercanos a la Ciudad de México, son los del Décimo Noveno Circuito, ubicados en Tampico, Tamaulipas- los cuales no fueron señalados como responsables-. Entonces, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 38 de la Ley de Amparo, el presente asunto debe conocer un Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico al ser el más cercano a la jurisdicción de los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México -por exclusión de los jueces de Distrito que fueron señalados como autoridades responsables-. Consecuentemente, dado que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, este juzgado federal declara carecer de competencia legal en términos de los artículos 38 de la Ley de Amparo y declina competencia en su favor. Es aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y contenido siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 190008 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 44/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 75 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Con fundamento en el artículo 38 y 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos del presente sumario a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, para que turne el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, para que conozca del presente juicio, solicitando se sirva comunicar la determinación que adopte. IV. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, glósense a los autos del expediente principal las constancias originales que integraban el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la anterior competencia declinada, y con fotocopia certificada de las constancias que integran este asunto, fórmese nuevo cuaderno de antecedentes.

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