Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- José Othón Ramiro Hernandez Lima
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado
- (No Ratificó Demanda) Luis Fernando Alejo Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
:: Ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo... se declara que este asunto ha terminado y archívese como totalmente concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... se declara que este asunto carece de relevancia documental... se determina que es susceptible de destrucción.
- Principal
:: Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el conflicto competencial *** de su índice, del cual se determinó que este órgano jurisdiccional es quién debe continuar conociendo el juicio de amparo indirecto 988/2022-IV del propio índice, por las razones que fueron expuestas en dicha resolución... acúsese recibo correspondiente y hágase de conocimiento al tribunal de alzada en cita que este juzgado se avoca al conocimiento del asunto... Al respecto, se concluye que la falta de firma electrónica en la demanda inicial que nos ocupa, provoca que sea improcedente la promoción del presente juicio de amparo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo."
- Principal
:: Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto de competencia suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero.
- Principal
:: I. Juzgado de Distrito no acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, a través del cual transcribe el proveído de once de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 1477/2022 de su índice, en el que, en relación con la competencia que se le planteó por proveído de uno de octubre de la presente anualidad, determinó no aceptarla y devuelve las constancias del presente juicio a este órgano jurisdiccional. Acúsese de recibo. II. Se plantea conflicto de competencia. En ese sentido, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo insiste en carecer de competencia legal para conocer del presente asunto -por las razones expuestas en el acuerdo de uno de octubre de dos mil veintidós dictado en el presente juicio- y, por ende, deben remitirse las constancias del presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, a fin de que resuelva en qué órgano jurisdiccional recae la competencia para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, a fin de que resuelva a cuál de los órganos jurisdiccionales involucrados le corresponde seguir conociendo del asunto que nos ocupa. Lo anterior, pues como se señaló en el referido proveído, en el caso, del escrito de demanda se advierte que los quejosos 1] ***, 2] ***, 3] ***, 4] ***, 5] ****, 6] ***, 7] ***, 8] ***, 9] ****, 10] ****, 11] ***, 12] ***, 13] ***, 14] ***, 15] ***, y 16] ***, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados siguientes: a) La reubicación de determinados quejosos de un dormitorio a diversa área en la Penitenciaría de la Ciudad de México, b) La restricción de reubicación de determinados quejosos de un dormitorio a diversa área en la Penitenciaría de la Ciudad de México, c) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ, d) desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales, e) intimidación, discriminación y coacción, f) violación al principio pro persona, g) inaplicación de criterios internacionales, h) omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, i) omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos, j) encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura, k) restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias, l) la inconstitucionalidad de un reglamento de reclusorios, m) las audiencias de comité técnico, n) negación del servicio médico y dental, ñ) obligar a realizar fajina (trabajos forzados), o) restricción de entregar colchones, p) omisión de auxilio durante alerta sísmica, q) negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI, r) la orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. Actos reclamados que los quejosos atribuyen, entre otras autoridades, a los jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, entre los que se encuentra el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; por tanto, se estima que en el caso se actualiza el supuesto de incompetencia contemplado en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en virtud que al haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora, existe impedimento para conocer de dicha demanda, porque no es posible fungir como juez y parte; por tal motivo se estima carecer de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la presente demanda de derechos fundamentales. Al respecto, debe señalarse que en lo que atañe al juicio de amparo y al caso que ocupa el presente asunto, el sistema para establecer la competencia, se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que el Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. Así, cuando se señala como autoridad responsable al Juez de Distrito al que tocó conocer de la demanda correspondiente, debe estarse a los anteriores criterios a efecto de fijar la competencia. En efecto, en el caso concreto se está ante la hipótesis consistente en que se reclaman los siguientes actos: a) La reubicación de determinados quejosos de un dormitorio a diversa área en la Penitenciaría de la Ciudad de México. b) La restricción de reubicación de determinados quejosos de un dormitorio a diversa área en la Penitenciaría de la Ciudad de México c) Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. d) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. e) Intimidación, discriminación y coacción. f) Violación al principio pro persona. g) Inaplicación de criterios internacionales. h) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. i) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. j) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. k) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. l) La inconstitucionalidad de un reglamento de reclusorios m) Las audiencias de comité técnico n) Negación del servicio médico y dental. ñ) Obligar a realizar fajina (trabajos forzados). o) Restricción de entregar colchones. p) Omisión de auxilio durante alerta sísmica. q) Negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI r) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. Señalando, entre otros, como autoridad responsable al Juez al que se turna la demanda; de ahí que dicho juzgador tendrá el carácter de autoridad responsable durante la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que haya emitido o no los actos reclamados, durante todo el juicio tendrá la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así, no puede operar la regla general que para fijar la competencia establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado trate de ejecutarse o podría ejecutarse, porque ha pasado a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que estaría en curso de impedimento en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo; siendo al respecto aplicable el siguiente criterio con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 200458 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: 1a. XXXV/95 Página: 106 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL JUEZ DE DISTRITO A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA LA. Si la competencia para conocer de una demanda de amparo se declina a favor de un juez federal, que además es señalado como autoridad responsable ordenadora, es evidente que está impedido para conocer del juicio de amparo, por esa razón conocerá del juicio otro de su Circuito que ejerza jurisdicción en la misma materia, pero si todos ellos están señalados como autoridades responsables, a nada práctico conduciría el que el juez de Distrito a quien le compete conocer del juicio de amparo, procediera en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco), declarándose impedido en el conocimiento del asunto, dado que, de todas maneras tramitado el procedimiento respectivo, tendrá que excusarse para conocer de la controversia constitucional planteada, por no poder figurar como juez y parte, de conformidad con lo que establece el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, procedimiento que tendría que llevarse a cabo con todos los demás jueces de Distrito señalados como autoridades responsables ordenadoras; de ahí que el juez de Distrito competente sería en todo caso el que previno." Debe tenerse en cuenta que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. En consecuencia, en la hipótesis en estudio, debe atenderse a la regla de excepción que contempla el artículo 38 de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Sin que al respecto sea aplicable la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 181330 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 59/2003 Página: 122 IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver." En efecto, el criterio en cuestión se refiere a un problema de impedimento, que atañe a la persona del juzgador, en tanto que el presente asunto, versa sobre una cuestión de competencia, que se refiere al órgano jurisdiccional; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cita. En ese orden, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y conforme a lo establecido en los artículos 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en aras de privilegiar el trabajo a distancia, mediante el uso de las herramientas electrónicas -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente-, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común para los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, a fin de que resuelva en qué órgano jurisdiccional recae la competencia para conocer del presente juicio de amparo. Asimismo, infórmese de lo anterior al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, para los efectos legales a que haya lugar. III. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, agréguense a los autos únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós.
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