Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 417/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
417/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta mediante el cual el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 617/2022 de su índice, formado con motivo del diverso 348/2022, orden 395/2022-IV-A, estos últimos de nuestra estadística, del que se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la notificación a la parte quejosa del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, emitido en autos del presente juicio de derechos fundamentales.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado electrónicamente por ****, Defensora de Oficio de ***, mediante el cual informa que a efecto de cumplir con el requerimiento de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se presentó en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de asesorar al citado promovente. Ahora, del diverso ocurso se tiene al directo quejoso **** desahogando la prevención impuesta en auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que manifiesta lo siguiente: ***** Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto, impone como obligación examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así pues, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, del escrito de desahogo de prevención se desprende que el quejoso señala que los actos que reclama a los diversos Jueces de Distrito de Amparo y Mixtos de distintas entidades federativas, con excepción: Juez de 5° y 7° de Distrito en el Estado de San Luis Potosí (Ciudad Valles) Juez 1°,2°,3° y 4° de Distrito en el Estado de Sinaloa (Culiacán) Juez 5°,6° y 7° de Distrito en el Estado de Sinaloa (Los Mochis) Juez 8°, 9°, y 10° de Distrito en el Estado de Sinaloa (Mazatlán) Juez 1°, 2°, 3°, 10°, 11°,12° y 13° de Distrito en el Estado de Sonora (Hermosillo) Juez 4°,5° y 6° de Distrito en el Estado de Sonora (Nogales) Juez 7° y 8° de Distrito en el Estado de Sonora (Ciudad Obregón) Juez 1°, 2° y 3° de Distrito en el Estado de Tlaxcala (Apizaco) Juez 9°,10°, 14° y 19° de Distrito en el Estado de Veracruz (Coatzacoalcos) Juez 1°,2°,3°,4°, 5°,6°,7° y 8° de Distrito en el Estado de Tabasco (Villa Hermosa) Juez 1°,2°,3°,4° y 5° de Distrito en el Estado de Yucatán (Mérida) Juez 1°,2° y 3° de Distrito en el Estado de Zacatecas (Zacatecas) Y los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero del décimo sexto. Tienen relación con los juicios de amparo a cargo de los referidos responsables, en los que tienen la calidad de quejoso. De lo que se sigue que los actos del que se duele el aquí amparista deriva de resoluciones dictadas en un juicio de amparo o en su ejecución. Es por esa razón que a juicio de este órgano de justicia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Ante esa afirmación, es debido hacer hincapié que la actuación de los Jueces de Distrito en un juicio de amparo, sus funciones son netamente de salvaguarda de derechos fundamentales, mediante los distintos mecanismos de control constitucional y de legalidad, por ello, los actos que de éstos derivan, existe en su contra prohibición expresa para reclamar en vía de amparo, porque si así se hiciera, se convertiría al Juez Federal en otra autoridad responsable y se desnaturalizarían las reclamaciones respectivas en orden con lo alegado en el juicio de amparo, además, se llegaría al absurdo de someter a nuevo control el fallo constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, Constitucional, 1º, fracciones I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, únicamente por cuanto refiere a los actos que se atribuye a los Jueces de Distrito de Amparo y Mixtos de las distintas entidades federativas, con excepción de: Juez de 5° y 7° de Distrito en el Estado de San Luis Potosí (Ciudad Valles) Juez 1°,2°,3° y 4° de Distrito en el Estado de Sinaloa (Culiacán) Juez 5°,6° y 7°de Distrito en el Estado de Sinaloa (Los Mochis) Juez 8°, 9°, y 10° de Distrito en el Estado de Sinaloa (Mazatlán) Juez 1°, 2°, 3°, 10°, 11°,12° y 13° de Distrito en el Estado de Sonora (Hermosillo) Juez 4°,5° y 6° de Distrito en el Estado de Sonora (Nogales) Juez 7° y 8° de Distrito en el Estado de Sonora (Ciudad Obregón) Juez 1°, 2° y 3° de Distrito en el Estado de Tlaxcala (Apizaco) Juez 9°,10°, 14° y 19° de Distrito en el Estado de Veracruz (Coatzacoalcos) Juez 1°,2°,3°,4°, 5°,6°,7° y 8° de Distrito en el Estado de Tabasco (Villa Hermosa) Juez 1°,2°,3°,4° y 5° de Distrito en el Estado de Yucatán (Mérida) Juez 1°,2° y 3° de Distrito en el Estado de Zacatecas (Zacatecas) Y los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero del décimo sexto. Incompetencia Ahora, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: Actos de molestia y extorsión. Fraude procesal y actos de calumnia e intimidación. Represalias, represión, intimidación, amenazas y de coacción para desistir de los recursos jurídicos interpuestos. Extorsión y cohecho, actos de corrupción así como amenazas, represión, violencia psicoemocional y psicofísica. Discriminación por condición. Este juzgado de Distrito considera no ser competente para conocer de ellos, en razón de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados, pues el quejoso ****refiere que se encuentra recluido, en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué el Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el presente caso, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Actos de molestia y extorsión. Fraude procesal y actos de calumnia e intimidación. Represalias, represión, intimidación, amenazas y de coacción para desistir de los recursos jurídicos interpuestos. Extorsión y cohecho, actos de corrupción así como amenazas, represión, violencia psicoemocional y psicofísica. Discriminación por condición. Ahora, toda vez que como consta de párrafos precedentes, se consideró procedente desechar la demanda que nos ocupa respecto de los Jueces señalados como responsables en su escrito de desahogo de la prevencion, por ende, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, toda vez que el quejoso ***, se encuentra recluido en la Penitenciaría de la CDMX, y a disposición de los Juzgados Trigésimo Quinto y Quincuagésimo en Materia Penal de la Ciudad de México, en ese sentido, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tuvo o tendrán verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentran recluidos los aquí quejosos. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ***en representación de****, contra actos que atribuye al Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique al quejoso, así como a la defensora ****el presente auto, en los domicilios siguientes: ****en la Penitenciaría CDMX, y Defensora ****, *** de la Ciudad de México.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Titular del Juzgado Séptimo de Circuito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 324/2022, número de orden 365/2022, deducido del presente juicio de amparo indirecto, remitido a fin de que en auxilio de las labores de ese juzgado, notificara a la defensora de oficio del quejoso ****, el auto de veintidós de julio de este año. Asimismo, se advierte que no resulta necesario remitir el acuse de recibo, pues el mismo fue generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 311/2022, orden 348/2022, del índice de este órgano de control constitucional derivado del juicio de amparo en que se actúa, el cual se envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, notificara a ****, defensora de oficio de la parte quejosa ******, el auto de uno de diciembre del año pasado, por las razones que ahí expone; sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Dese de baja la comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique a la citada profesionista el cargo conferido, en el domicilio señalado ubicado en ******* de la Ciudad de México, y, la requiera a fin de que en la propia diligencia de notificación o dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, acepte y proteste el cargo como defensora del quejoso ******. Asimismo, para que en el acto de dicha diligencia de aceptación de cargo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo y del auto preventivo de uno de diciembre del año pasado. En el entendido de que el término de cinco días, concedido en el citado proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, para cumplir con la prevención ahí contenida, transcurrirá a partir del día siguiente al en que acepte el cargo en diligencia formal. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 78 al 91 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez, así como el Secretario de su adscripción, se enviará el exhorto de referencia.

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