Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en proveído de cuatro de mayo del año en curso, el juzgado de su adscripción aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el presente asunto, el cual radicó con el juicio de amparo 350/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado Acuerdo. Finalmente, mediante oficio que se gire al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, infórmese que dentro de los autos del cuaderno de antecedentes del presente juicio, no obran informes de plano rendidos por las autoridades responsables, en virtud que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, decretó la suspensión de plano en el juicio de amparo 658/2021 de su índice.
- Principal
Agréguense a los autos los escritos de cuenta, en atención al primer ocurso, suscrito por el defensor público del quejoso ****, mediante el cual informa que, a fin de cumplir con la prevención impuesta en autos, acudió a la Penitenciaría de la Ciudad de México a efecto de proporcionarle asesoría al citado quejoso, por lo que redactó de forma autógrafa el escrito para el desahogo de la prevención correspondiente. Por otra parte, en atención al segundo escrito [folio*****], se tiene al directo impetrante ****, desahogando la prevención impuesta en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en el que manifestó lo siguiente: ************************************* Incompetencia Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito considera no ser competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en razón de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados. Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el presente caso, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Actos de represalias, molestia, intimidación amenazas, coacción, de tormento sicofísica y sicoemocional, por parte de tres grupos (primero, segundo y tercero) de seguridad de la penitenciaria cdmx, adscritos a la subdirección de seguridad de la penitenciaria cdmx y de parte de funcionarios y directivos de la penitenciaria cdmx, por la interposición de recursos jurídicos y amparos. Actos de discriminación represalias, intimidación y amenazas y actos de molestia y corrupción (por parte de sus superiores) por parte de custodios del tercer grupo de seguridad la penitenciaria de la cdmx, adscritos a la subdirección de seguridad de la penitenciaria cdmx de nombres ****encargados del cuarto de la penitenciaria cdmx. Actos de molestia sicoemocional y sicofísica como intimidación y coacción para desistir de los recursos jurídicos interpuestos. Represalias por la interposición de recursos jurídicos. Discriminación por condición económica y condición de reo. Discriminación por condición. Violacion al principio pro hominem. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Ahora, toda vez que en el escrito de cuenta el quejoso se desistió de las autoridades respónsales señaladas como Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México; de los Jueces de Distrito de los Estados de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Chiapas; así como del Presidente de México, Secretario de Gobernación, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Por ende, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, habida cuenta que el quejoso *****se encuentra recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México con motivo de que cumple la pena de ****años de prisión, que le fue impuesta en la causa penal ****, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de *****y a disposición del Juzgado Trigésimo Quinto en Materia Penal de la Ciudad de México. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tiene verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ****** en representación de *****, contra actos que atribuye al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Luego, toda vez que el directo quejoso *****, se encuentra interno en la Penitenciaría de la CDMX, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya en dicho centro de reclusión y le notifique el presente proveído. Para lo cual las autoridades penitenciarias señaladas como responsables deberán otorgar todas las facilidades al personal del juzgado a fin de que pueda realizarse la diligencia encomendada. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Notifíquese y por exhorto al directo quejoso.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta, remitido por *****Defensor Público adscrito a la Dirección de Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, mediante el cual informa que el veintitrés de marzo del año en curso, aceptó y protestó el cargo que le fue conferido, el veintiocho siguiente proporcionó asesoría al quejoso y el treinta de marzo pasado, depositó en las oficinas de Correos de México los escritos de desahogo de la prevención impuesta en autos y asesoría jurídica a los impetrantes, lo que acredita con lo siguiente: Copia simple del acuse de recibo de pago al Servicio Postal Mexicano de treinta de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, se tiene como medios de contacto del Defensor Público el correo electrónico ***, número telefónico ***** y su correspondiente aplicación de WhatsApp, a efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II1, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, este juzgado federal queda a la espera de la recepción de los escritos remitidos por el citado profesionista vía correo certificado, para estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ****, orden ***** de su índice, formado con motivo del diverso *****, orden ****, mismo que se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara al quejoso *****, el proveído de dos de febrero de dos mil veintidós. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Comunicaciones Oficiales enviadas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Notifíquese.
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