Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 992/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Wendy González Celaya
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el promovente del amparo no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, por el cual SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, habiendo transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese este expediente como asunto concluido... NOTIFÍQUESE CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ACUERDO 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Cancún, Quintana Roo, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Ténganse por recibidas las demandas de amparo promovidas ..., contra actos del Director de la Penitenciaría en la ciudad de México, y otras autoridades. Ahora, en la demanda de amparo el promovente del amparo destaca como acto reclamado: 1. La orden de traslado del centro penitenciario en el que actualmente se encuentran recluidos a otro diverso. 2. La reubicación fuera de procedimiento y bajo actos intimidatorios y coacción de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4 zona uno, estancia once, al dormitorio ocho, zona tres, estancia nueve, u otro diversos 3. La sesión 52/2020 de comité técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México a través de la cual reubica al quejoso Juan Manuel Espinosa González del dormitorio ocho, zona tres, estancia once, al dormitorio ocho, zona tres, estancia nueve, es decir, área de castigo a un módulo de castigo que actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional extiende el castigo de forma inconstitucional e ilegal. 4. Las represalias discriminación y prohibidos en el artículo 22 constitucional contra ambos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. 5. Coacción al quejoso Juan Manuel Espinosa González para suscribir un escrito donde manifestó que regresar al dormitorio cuatro y lo obligó a poner firma y huella sin asistencia de un defensor quejoso siendo fuera de procedimiento y bajo actos prohibidos en el artículo 22 constitucional porque corre grave riesgo y peligro su integridad vida y dignidad personal al interior de los dormitorios ocho y nueve ya que hay amenazas de otros internos. 6. La incomunicación de los quejosos Wendy González Celaya y Juan Manuel Espinosa González. En consecuencia, a fin de evitar la multiplicidad de situaciones, relaciones procesales y con el consecuente ahorro de la actividad jurisdiccional, sin mayor trámite, dado que la potestad plena otorgada a este juzgador por la Ley, permite resolver la acumulación de juicios de plano, esto es, sin audiencia de parte interesada; en consecuencia, se procede al estudio, con el objeto de determinar si resulta procedente la acumulación de los juicios de amparo 992/2020, 993/2020, 994/2020, 995/2020, 996/2020, 997/2020, 998/2020, 999/2020, 1000/2020, 1001/2020, 1002/2020, 1003/2020, 1004/2020, 1005/2020, 1006/2020, 1008/2020, 1009/2020, 1010/2020, 1012/2020, 1013/2020, 1014/2020, 1015/2020, 1016/2020, 1017/2020, 1018/2020, 1019/2020, 1020/2020 y 1021/2020. Así, con el objeto de determinar si procede acumular los aludidos juicios de amparo, deben tomarse en cuenta las reglas que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales son: a) Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables. b) Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos. Así, del análisis de las demandas de amparo de cuenta, se obtiene que los quejosos, actos reclamados y autoridades responsables guardan identidad, por lo que se actualiza la hipótesis de acumulación descrita en el inciso a) apenas citado. Por tanto, se concluye que es procedente la acumulación de juicios que se plantea, de las demandas de amparo a las que les correspondió los registros 993/2020, 994/2020, 995/2020, 996/2020, 997/2020, 998/2020, 999/2020, 1000/2020, 1001/2020, 1002/2020, 1003/2020, 1004/2020, 1005/2020, 1006/2020, 1008/2020, 1009/2020, 1010/2020, 1012/2020, 1013/2020, 1014/2020, 1015/2020, 1016/2020, 1017/2020, 1018/2020, 1019/2020, 1020/2020 y 1021/2020, al diverso juicio de amparo 992/2020, por ser el primero en presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Cancún, Quintana Roo, de ahí que el más nuevo se acumule al más antiguo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada del tenor siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Desechamiento Ahora, en la demanda de amparo los quejosos reclaman: 1. La orden de traslado del centro penitenciario en el que actualmente se encuentran recluidos a otro diverso. 2. La reubicación fuera de procedimiento y bajo actos intimidatorios y coacción de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4 zona uno, estancia once, al dormitorio ocho, zona tres, estancia nueve, u otro diversos 3. La sesión 52/2020 de comité técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México a través de la cual reubica al quejoso Juan Manuel Espinosa González del dormitorio ocho, zona tres, estancia once, al dormitorio ocho, zona tres, estancia nueve, es decir, área de castigo a un módulo de castigo que actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional extiende el castigo de forma inconstitucional e ilegal. 4. Las represalias discriminación y prohibidos en el artículo 22 constitucional contra ambos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. 5. Coacción al quejoso Juan Manuel Espinosa González para suscribir un escrito donde manifestó que regresar al dormitorio cuatro y lo obligó a poner firma y huella sin asistencia de un defensor quejoso siendo fuera de procedimiento y bajo actos prohibidos en el artículo 22 constitucional porque corre grave riesgo y peligro su integridad vida y dignidad personal al interior de los dormitorios ocho y nueve ya que hay amenazas de otros internos. 6. La incomunicación de los quejosos Wendy González Celaya y Juan Manuel Espinosa González. Al respecto es importante precisar que la orden de traslado dejó de tener el carácter de urgente, pues conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal ahora existe un procedimiento conforme al cual corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Determinación que incluso, de ser el caso, puede ser recurrida, y en su momento confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consideraciones que fueron adoptadas en la modificación realizada al artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con relación a los actos reclamados descritos en los números 2 a 6, ante este Juzgado de Distrito se tramitaron las demandas amparo 965/2020 y 985/2020, promovida por los mismos quejosos y contra las mismas autoridades responsables; en auto de esta propia fecha se concedió la suspensión de plano y se remitieron los autos al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, al considerar que el suscrito carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo. Expuesto lo anterior, en juicio que se resuelve el que suscribe considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar lo anterior, es oportuno recodar que conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano de control constitucional que conozca del juicio de amparo indirecto a desechar de plano la demanda de amparo cuanto encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución General, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseído, generando además desgaste en el aparato judicial. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En ese sentido, podrá desecharse una demanda de amparo cuando la causa de improcedencia del juicio constitucional se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en el particular, el suscrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia que surge de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona o, bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca el contenido de los artículos 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que prevén que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto o, bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. De igual forma, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica y por lo tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de la promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, a través del cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que, en el caso no se cumple y, por tanto, hay ausencia de su voluntad para iniciar la presente instancia constitucional. Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica). En ese orden de ideas, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de iniciar este juicio constitucional. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior, en primer término, ya que la orden de traslado dejó de tener el carácter de urgente, pues conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Determinación que incluso, de ser el caso, puede ser recurrida, y en su momento confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consideraciones que fueron adoptadas en la modificación realizada al artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Además, aun cuando la parte quejosa señala en su demanda posibles actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un hecho notorio que el suscrito proveyó sobre la suspensión de plano de dichos actos en diversos juicios de amparo promovidos por los mismos quejosos. Además, del estudio de la demanda de amparo se obtiene que los actos reclamados en los números 2 a 6 preceden de idénticos antecedentes, lo que lleva al suscrito a concluir que se trata de la misma demanda que dio inicio al juicio de amparo 985/2020, pero fue presentada en múltiples ocasiones en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; de ahí que no se actualice el supuesto de excepción al requerimiento de la firma electrónica. Finalmente, hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE
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