Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 788/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
788/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Durango, Durango, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. Únicamente para que obre en autos, agréguese el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con el que remite la misiva del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que acompaña los oficios remitidos por el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por medio de los cuales rinde su informe sobre la suspensión de plano decretada, lo anterior toda vez que en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se desechó la demanda de este juicio de garantías e incluso por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno se ordenó su archivo definitivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Únicamente para que obre en autos, agréguese el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que acompaña los oficios remitidos por el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por medio de los cuales rinde su informe sobre la suspensión de plano decretada, lo anterior toda vez que en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se desechó la demanda de este juicio de garantías e incluso por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno se ordenó su archivo definitivo.

  3. Principal

    Durango, Durango, a ocho de julio de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de queja en contra de la resolución mediante la cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.

  4. Principal

    Durango, Durango, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Intégrese el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como la demanda de garantías bajo el nombre de Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón. Ahora bien, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la demanda de garantías bajo el nombre de Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y de otras autoridades; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De la lectura del proveído dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se puede obtener que las consideraciones en que se apoyó para sostener la incompetencia planteada, básicamente estriba en lo siguiente: "De lo anterior, resulta factible que a este órgano jurisdiccional se le señala en su carácter de autoridad responsable, por lo que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, será parte procesal durante la secuela procesal y resolución del juicio constitucional. Entonces, con independencia de que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción dentro del ámbito territorial que comprende la Ciudad de México, en el que los actos reclamados presuntamente se ejecuten o en su caso no requieran de ejecución, lo cierto es que este órgano jurisdiccional no puede tenerse el doble carácter de parte procesal (autoridad responsable) y juez de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que el solicitante del amparo, expresamente señaló como autoridades responsables además de este juzgado de Distrito, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jueces de Distrito de los Estados de Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Yucatán y Estado de México, esto es, indicó a todos los Jueces de Distrito de cierta especialidad, de veintiocho circuitos judiciales". . Ahora, el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De manera que efectivamente el circuito más cercano a su circunscripción lo es este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango de conformidad con lo que establece el punto primero, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que es claro que este Juzgado Tercero de Distrito es competente para resolver este juicio de garantías. En tal virtud, con apoyo en el primer párrafo del artículo 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, este Juzgado de Distrito acepta la competencia que declina la Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. SEGUNDO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías en la que obra el nombre de Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". La fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". Por su parte, los numerales 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". De estos preceptos se puede colegir que el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, que sin lugar a dudas exterioriza su voluntad a través de la firma autógrafa, electrónica, o huella dactilar estampada en la demanda de garantías, lo que constituye una formalidad indispensable para darle curso, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda con sus consecuencias legales. En interpretación de la figura jurídica de instancia de parte agraviada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, sustentó el siguiente criterio: "A fin de dar solución a la presente contradicción, es necesario examinar, brevemente, lo relativo al principio de instancia de parte agraviada, legitimación del quejoso y las facultades de sus autorizados y, por otro lado, lo concerniente a la presentación de la demanda de amparo a través del empleo de la firma electrónica (FIREL). Para ello, se exige considerar, en principio, que en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o. y 6o. de la Ley de Amparo,(5) el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona - física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11(6) autoriza que la persona afectada(7) pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Dichas figuras jurídicas entendidas como la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro, constituyen la expresión de un acto jurídico regular que exige la satisfacción de ciertos requisitos en los que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los formales que deba contener para su validez. Todo lo anterior, resulta congruente con el mandato constitucional que instaura el principio de "instancia de parte agraviada", conforme al que, como ya se vio, se veda la posibilidad de que una persona distinta de la que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo a quien afecte la norma general o el acto reclamado, o bien, de su representante o apoderado legal, pueda promover amparo (salvo las excepciones previstas en la ley); lo que justifica que sean sólo ellos los que accionen el juicio, en tanto a éstos es a quienes les corresponde exteriorizar la voluntad para someter a control constitucional de los órganos jurisdiccionales de amparo un acto o norma que les cause perjuicio, así como el señalar el alcance de su pretensión. De ahí que no cualquier persona pueda accionar el juicio de amparo, pues es menester que tratándose del agraviado, sea éste el que directamente haya sufrido el menoscabo en sus derechos por la actuación de alguna autoridad, o bien, que quien legalmente lo represente, acredite fehacientemente dicha personalidad, ya sea en el juicio de amparo o en el procedimiento de origen. Y por cuanto a la presentación de la demanda vía electrónica a través del empleo de la firma electrónica (FIRE), el Máximo Tribunal del País estableció en la misma ejecutoria, lo siguiente: "Ahora bien, precisado lo anterior, toca el turno de referirnos al tema relativo a la presentación de la demanda de amparo vía electrónica a través del empleo de la firma electrónica denominada FIREL, a fin de dilucidar si la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, autorizan que la demanda relativa sea signada por una persona distinta de la parte quejosa, si ello se trata de una de irregularidad en la misma y, si por ende, debe prevenírsele a efecto de que ratifique el escrito de demanda, o bien, el Juez de Distrito del conocimiento está facultado para desecharla de plano, al carecer de la voluntad de la persona que aparece como promovente (tema materia de este contradicción). Para ello, debemos entender primero, la razón por la que se introdujo en la Ley de Amparo en vigor la posibilidad de presentar y tramitar el juicio de amparo vía electrónica, para lo cual se hace necesario acudir a la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de quince de febrero de dos mil once, en la que se estableció, entre otras cuestiones, lo que se transcribe a continuación: "... Modernización en la tramitación del juicio de amparo (firma electrónica) "Hoy en día los dispositivos digitales ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana. "Su presencia ha tenido enormes repercusiones en los campos de la comunicación, el gobierno, la investigación científica y la organización del trabajo. "Es un hecho incontrovertible que el uso de la computadora y el acceso a las redes globales de información está alterando las pautas de comportamiento de los individuos y sus familias, y el funcionamiento de la sociedad, los gobiernos y las empresas. "Estos avances tecnológicos han permeado prácticamente todas las actividades del ser humano y han permitido el desarrollo de la sociedad mediante la sistematización de datos que anteriormente requerían para su consecución de largos periodos y de considerables esfuerzos, ya que tanto las bases de datos como el manejo de los mismos, han adoptado procesos de naturaleza muy expedita que facilitan a los usuarios el envío, manejo, recepción y control de la información que es de su interés. "En México existen muchas instancias, tanto del sector público como del privado, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya aplicación ha simplificado por mucho el desarrollo de sus actividades. "Así, es cada vez más frecuente la realización de actos jurídicos y de numerosas negociaciones a través de medios electrónicos, los cuales se han constituido en el mecanismo fundamental para el intercambio de información, no siendo la excepción el ejercicio en la aplicación de políticas públicas. "Uno de estos medios tecnológicos es la llamada firma electrónica, utilizada en cuestiones bancarias, fiscales, comerciales, informáticas, entre otras, con gran aceptación por la seguridad que brinda a los usuarios. La regulación de estos medios electrónicos se ha realizado conforme ha ido avanzando su utilización. "Así por ejemplo, debido a los efectos positivos que ha generado, la firma electrónica ha cobrado carta de naturalización en nuestro sistema jurídico en las siguientes materias: "A) En el ámbito de la función pública, se ha demostrado que la utilización de la firma electrónica ha contado con resultados muy satisfactorios y con altos niveles de eficiencia en el cumplimiento -por parte de los servidores públicos- de la presentación de declaración patrimonial. "B) En el ámbito del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha empleado el mecanismo conocido como 'firma electrónica avanzada', que es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. "Ambos mecanismos representan importantes avances en la perspectiva de gobierno electrónico, el cual, debe permitir a la postre la minimización de trámites, tiempos de espera y reducción de requisitos y la maximización de la transparencia, produciendo además procesos muy ágiles de la interacción entre la autoridad y los gobernados. " Las tecnologías de la información en el ámbito de la impartición de justicia. "Uno de los objetivos de la presente iniciativa es, precisamente, trasladar las experiencias positivas que ha venido generando el uso de las tecnologías de la información en otras materias al ámbito de la impartición de la justicia constitucional, lo cual, dicho sea de paso, favorecerá en mucho el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. De hecho, debe reconocerse que el ámbito de la impartición de justicia, no ha permanecido ajeno a los procesos tecnológicos en el manejo de la información. Por un lado, la sistematización de la información jurídica ha permitido una más amplia difusión de los alcances de las sentencias que conforman tesis y criterios jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales, y por otra parte, se ha contado con herramientas que han permitido avanzar hacia una impartición de justicia más expedita. Sobre este particular, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizó en 2003 la 'Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano'. Los Resultados obtenidos fueron concluyentes: los órganos jurisdiccionales requieren emprender un proceso de modernización en el que se consideren cuando menos: "A) Permitir como instrumentos jurídico-procesales las aplicaciones de mensajes de datos, firma electrónica avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada mediante medios ópticos, electrónicos o cualquier otra tecnología equivalente. "B) Es urgente la promoción de la conversión de información contenida en papel a medios virtuales, para un manejo de la información más ágil. "C) Analizar la posibilidad de que el correo electrónico pueda utilizarse como medio válido para la remisión de correspondencia oficial entre órganos del Poder Judicial de la Federación. "D) Promover la utilización de la firma electrónica para permitir la consulta de expedientes, tomando como antecedente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se encuentra en operación desde 2001. En esta lógica, no pasa desapercibido para los legisladores que suscribimos la presente iniciativa, que ya existen experiencias en esta materia en el ámbito de la impartición de justicia. Tal es el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano el cual ha impulsado cambios y ejercicios cuyo alcance es congruente a las conclusiones anteriormente descritas. "A su vez, el Sistema de Justicia en Línea es un sistema informático establecido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tiene por objeto registrar, controlar procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancia ante el mismo. Sobra decir que este mecanismo es muy similar al Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial de la Federación que se encuentra en funcionamiento desde 2001 y que actualmente se encuentra albergado en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal. De hecho, a raíz de esta experiencia, es de destacarse que el Ejecutivo Federal presentó, con fecha 03 de septiembre de 2009, una iniciativa con proyecto de decreto que propuso la reforma y adición -precisamente- a diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuyo objetivo es simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Por lo anterior, la homologación de los mecanismos con los que cuentan los órganos encargados de la impartición de justicia es una de las preocupaciones primordiales de los que suscribimos la presente iniciativa. " Inclusión de la firma electrónica a través de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, uno de los ejemplos de las nuevas exigencias en torno a la impartición de justicia es el caso del alto número de demandas recibidas con motivos de la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las recibidas en contra del impuesto empresarial de tasa única (IETU). Por lo que respecta a la Ley del ISSSTE, durante 2007 se recibieron aproximadamente 169,000 demandas de amparo, mientras que en contra de la aplicación del IETU fue un aproximado de 30,172. La presentación, seguimiento y desahogo de acciones presentadas, ha determinado la necesidad de inclusión de nuevos mecanismos para la atención de éstas, siendo indispensable el uso de tecnologías de la información para garantizar la justicia expedita a la que nos hemos referido. Estas circunstancias originaron que el Consejo de la Judicatura Federal, tomara medidas inmediatas para hacer frente a esa extraordinaria carga de trabajo. Lo anteriormente señalado es muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Toda vez que existen experiencias de aplicación muy exitosas desde el ámbito del Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de la firma electrónica y una plena conciencia y permanente labor del Poder Judicial de la Federación en actualizar sus formas de impartición de justicia, es que hemos incluido como un punto fundamental de la presente iniciativa, la modernización en el trámite de los juicios de amparo a través de la firma electrónica. Además, con esta propuesta de reformas y adiciones, se otorgará mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales ya que incorpora al texto de la nueva Ley de Amparo, la regulación del mecanismo de firma electrónica, así como otros temas que coadyuvan en la agilidad del procedimiento y a la participación de las autoridades responsables de promulgación y publicación, en tratándose de amparo contra normas generales. " Descripción del contenido de la reforma. La presente iniciativa propone establecer que en los juicios de amparo todas las promociones puedan hacerse por escrito, o bien, que la parte que así lo solicite expresamente pueda hacerlo vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Con motivo de la utilización de este mecanismo, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán integrar un expediente físico y paralelamente un expediente electrónico. Para el cumplimiento de esta disposición, los titulares de los órganos jurisdiccionales serán responsables respecto de la digitalización de las promociones y los documentos que presenten las partes. A través de la firma electrónica podrán presentarse promociones electrónicas hasta veinticuatro horas previas al día de su vencimiento. Asimismo, se establece que la presentación de las demandas o promociones de término podrán hacerse también ante la oficina de correspondencia común respectiva. Se señala que las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente al en que se hubiesen pronunciado y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución. Sin embargo, se adiciona que las notificaciones podrán realizarse por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. En cuanto a las notificaciones por lista se establece que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Debe destacarse que, en caso de que alguna de las partes del juicio, no se presentaren a oír la notificación personal, o no hubiesen generado la constancia electrónica de la consulta de los expedientes respectivos, en tratándose de que las partes cuenten con la firma electrónica, se tendrá por hecha. Además, se prevén las notificaciones electrónicas, siempre que las partes así lo hayan solicitado expresamente. Las partes que cuenten con firma electrónica les será generada una constancia de la consulta realizada, misma que acreditará que el usuario se hizo sabedor de una determinación judicial, la que, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por la otra, hará una impresión que agregará al expediente físico correspondiente como constancia de notificación para que surta todos los efectos legales correspondientes. De igual manera se prevé que el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tenga capacidad legal, quienes además podrán interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedan, pero, en estos casos, el quejoso o tercero perjudicado deberá comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, toda vez que la utilización de la misma, equivale a la firma autógrafa de quien siendo parte del juicio lleva a cabo cualesquiera de las referidas promociones. Por lo que hace a las notificaciones dirigidas al titular del Poder Ejecutivo Federal, se prevé que puedan ser llevadas a cabo mediante el uso de la firma electrónica. Se propone establecer que las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados que hayan solicitado el uso de la firma electrónica, la primera notificación les sea entregada por oficio escrito, o bien, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, o a través de la firma electrónica, en el entendido de que este último supuesto solamente operará en los casos en los que así se hubiere solicitado expresamente. En este orden de ideas, también se establece la obligatoriedad para las autoridades responsables que cuenten con la firma electrónica, de ingresar al sistema de información electrónica todos los días, a fin de obtener su constancia de consulta electrónica respectiva en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, salvo las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión que será en el plazo de veinticuatro horas. Se entiende generada la constancia de consulta electrónica cuando el sistema de información electrónico produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico. La iniciativa también establece medidas para evitar que la autoridad responsable, o bien, el quejoso o tercero perjudicado se abstengan de ingresar al sistema con el fin de no generar la constancia de consulta, para lo cual se propone facultar al órgano jurisdiccional para tener por hecha la notificación en esos casos, o bien, en asuntos que por su especial naturaleza así lo requieran, ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Como se dijo anteriormente, uno de los principales aspectos que motivan este aspecto de la iniciativa es promover la simplificación de la actuación procesal tanto para los órganos jurisdiccionales como para los usuarios del sistema de impartición de justicia como una medida que contribuya a la desregulación. Por ello, se prevé que en aquellos asuntos en los que por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, como por ejemplo en tratándose de altas cargas de trabajo debidamente justificadas por la presentación de demandas masivas -como sucedió respecto de la expedición de la Ley del ISSSTE-, podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta. La resolución que recaiga a esta solicitud podrá ser recurrida a través del recurso de queja previsto en la propia Ley de Amparo. Finalmente, como un mecanismo complementario que permitirá la agilización del procedimiento y la forma en la que intervienen las autoridades señaladas como responsables en tratándose de amparo contra normas generales se establece que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios, con lo cual se pretende evitar la ociosa y costosa intervención de estas autoridades en el juicio que se ha venido desarrollando, aun cuando en la generalidad de los casos sus actos no son impugnados por vicios propios, sino por la simple circunstancia de intervenir en el proceso de formación de la ley y ser señaladas como autoridades responsables, a pesar de que, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos, carecen de legitimación para defender el contenido de la norma general que se impugne y aun concediéndose el amparo resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de estas autoridades. En congruencia con lo anterior, se propone señalar que, en tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hubieren intervenido, únicamente rendirán informe previo cuando la impugnación refiera vicios propios de dichas autoridades. La omisión de la presentación de informe no dará lugar a sanción alguna, ni tampoco impedirá al órgano jurisdiccional que examine los actos referidos, si se advierte un motivo de inconstitucionalidad. Una hipótesis jurídica de naturaleza semejante se propone en tratándose del informe con justificación. De esta manera, y de forma complementaria al mecanismo de firma electrónica, la iniciativa propuesta en este rubro contribuye al ahorro de recursos. ..." En su artículo décimo primero transitorio -del decreto a través del cual se expidió la Ley de Amparo-, se dispuso lo siguiente: "Décimo primero. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el reglamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica. "Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. "Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto." En atención al numeral 3o. de la Ley de Amparo,(13) así como a la necesidad de establecer las bases de la firma electrónica y de integración del expediente electrónico en todos los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, inicialmente se expidió el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en lo que interesa establece lo siguiente: "Décimo. De conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales. "... "Acuerdo general conjunto: "Capítulo primero "Disposiciones generales "'Artículo 1. El presente acuerdo general conjunto tiene por objeto regular las bases para la creación, otorgamiento y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como la integración, consulta y almacenamiento del expediente electrónico en los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.' "... "Capítulo segundo "De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) "'Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados.' "'... "'Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. "'Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al sistema electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados. ...' "'Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. "'Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. "'Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este punto, el sistema electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo.' "Capítulo tercero "De la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. "'Artículo 7. La unidad será la encargada de la emisión, administración, resguardo y vigilancia del certificado raíz necesario para la expedición y asignación de los certificados digitales de firma electrónica requeridos para el acceso al sistema electrónico. "'El resguardo del equipo informático en el que se aloje el certificado raíz referido en el párrafo anterior corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal. "'La unidad estará integrada con los representantes de la Suprema Corte designados por su presidente, del Tribunal Electoral nombrados por la Comisión de Administración del Tribunal y del Consejo designados por la Comisión de Administración de este órgano. "'La unidad aprobará y publicará en los medios electrónicos de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del Consejo, las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL. Asimismo, la unidad podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para el eficaz cumplimiento del presente acuerdo general conjunto, así como decidir sobre situaciones de urgencia que puedan presentarse.' "'Artículo 8. La Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo tendrán a su vez Unidades de Control de Certificación de Firmas, que previo certificado intermedio que les emita la unidad, con base en el certificado raíz del Poder Judicial de la Federación, emitirán los certificados digitales a que se refiere el artículo 4 del presente acuerdo general conjunto. "'Las unidades de certificación serán auxiliadas en sus funciones por los servidores públicos designados para tal efecto en las Secretarías Generales de Acuerdos tratándose de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, así como por aquellos que ocupen el puesto designado para tal efecto por el consejo.' "'Artículo 9. Las políticas y normas para la aplicación de la certificación de las firmas digitales serán expedidas por la unidad; las cuales contendrán las condiciones generales del servicio, los procedimientos de solicitud, otorgamiento, renovación y revocación, los controles de seguridad y las características técnicas e informáticas de los certificados digitales de firma electrónica.' "'Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las unidades de certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan.' "'Artículo 11. La unidad adoptará las medidas necesarias para que en los módulos del sistema electrónico únicamente se puedan ingresar o consultar documentos mediante el uso de los certificados digitales de firma electrónica emitidos por las unidades de certificación, así como de los emitidos por un órgano del Estado con el cual el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable.' ..." Posteriormente, y en atención a la necesidad de precisar los términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder por sí o por quien legalmente los represente, mediante el uso de la FIREL, a los expedientes electrónicos de los juicios respectivos, se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que en lo que atañe a este asunto, señala lo siguiente: "SÉPTIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales; ...' "'Artículo 54. Las disposiciones contenidas en este título son aplicables únicamente en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como en los Centros de Justicia Penal Federal y las áreas administrativas del CJF.' "'Artículo 55. El CJF a través de los sistemas denominados Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, implementará en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales. "'Asimismo, los referidos sistemas se utilizarán para el trámite de los juicios orales en materia penal en los Centros de Justicia Penal Federal.' "'... "'Artículo 58. En los servicios electrónicos que brinde el CJF a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se requerirá el uso de firmas electrónicas vigentes, salvo la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.' "'Artículo 59. En los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación como firma electrónica o certificado digital institucional, emitida por la unidad, a través de las Unidades de Certificación de la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. "'El CJF publicará en el mismo Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación una lista de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad celebró convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos del artículo 5, párrafo segundo, de (sic) Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico." "'Artículo 60. En los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del CJF conforme a las disposiciones de este capítulo.' "'... "'Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad en términos del artículo 59 del presente acuerdo general y se registren en el sistema.' "'... "'Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. "'En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.' "'Artículo 66. El registro de los usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que tengan interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, pues ello depende que lo soliciten así al Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que conozca del juicio de amparo o recurso respectivo.' "'Artículo 67. Una vez realizado el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el usuario podrá entrar al sistema a través de su «nombre de usuario y contraseña», o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la unidad y que se encuentre vigente.' "'Artículo 68. En el caso de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo y que cuenten con sistemas tecnológicos de gestión propios, el CJF podrá celebrar convenios con éstas a fin de que exista interconectividad entre el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y sus respectivos sistemas.' ..." Como se puede advertir de la parte conducente de la iniciativa transcrita, en lo que interesa para este asunto, la intención del legislador fue trasladar al juicio de amparo las experiencias positivas que ha generado el uso de las tecnologías de la información en otras materias al ámbito de la impartición de justicia constitucional, así como simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen por otros medios, como la firma electrónica. Se destacó que la intención de dicha iniciativa, era establecer que en los juicios de amparo todas las promociones se pudieran hacer por escrito, o bien, que la parte que así lo solicite expresamente pueda hacerlo vía electrónica a través del uso de una firma denominada FIREL, la cual produciría los mismos efectos que la firma autógrafa. Asimismo, se señaló que el quejoso y el tercero perjudicado podrían autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tuviera capacidad legal, quienes además podrían interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedieran, debiendo el quejoso o el tercero interesado, en estos casos, comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, pues su utilización equivalía a la firma autógrafa de quien siendo parte del juicio llevara a cabo cualesquiera de las referidas promociones. Con base en ello, el legislador estableció en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, sin que por ello quede sujeto a que toda la tramitación del juicio de amparo, en cualquiera de sus instancias, deba realizarse únicamente a través de esa vía, pues como se dijo, dicha presentación y tramitación es optativa para el quejoso, tal como se dispone en el considerando noveno del Acuerdo General 1/2015 en cita.(14) Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los acuerdos generales ya señalados, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Fue así que conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, conjuntamente con los acuerdos generales en cita, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como "... el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa ...". En relación a las bases y términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder electrónicamente mediante el uso de la firma electrónica certificada a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones que se emitan en éstos, en el Acuerdo General 1/2015 se dispuso que debe ser través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo estrictamente necesario e indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad correspondiente y se registren en el sistema conforme a los requisitos establecidos en el numeral 64 del citado acuerdo, cuyo registro que es de carácter personal -en ningún caso puede hacerlo a nombre de otra persona- y no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que no se tenga interés, pues para ello es necesario que así lo soliciten ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio o los recurso respectivos. Ahora bien, como se puede observar de lo hasta aquí expuesto, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo a partir de la reforma de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -según se externó en la exposición de motivos correspondiente-, tuvo como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es Parte, simplificando con ello la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Todo ello, se dijo, en busca de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, modernizando la tramitación de los juicios de amparo a través de la firma electrónica, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. De igual manera, en la exposición de motivos correspondiente se destacó que el quejoso y el tercero interesado pueden autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tenga capacidad legal, quienes además podrán interponer por escrito o vía electrónica, a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedan, empero, se aclaró, que en estos casos el quejoso o tercero interesado deben comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, toda vez que la utilización de la misma equivale a la firma autógrafa de quien siendo parte en el juicio lleva a cabo cualesquiera de las referidas promociones. En suma, entonces, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo y los acuerdos generales respectivos, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, persiguió, fundamentalmente, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, ello como muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Sin embargo, de ello no puede colegirse que dicha reforma hubiera tenido como intención que los principios constitucionales rectores del juicio de amparo, como lo es particularmente, el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se modificara; pues si bien de conformidad con el primer párrafo dicho numeral,(15) el Constituyente Permanente delega en el legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, ello está condicionado a mantener intactos sus principios y fines y a no pugnar con el espíritu constitucional que los creó. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS."(16) Por lo que en esa lógica, si uno de los principios rectores del juicio de amparo es que éste deba seguirse siempre a "instancia de parte agraviada", entonces, dicho principio constitucional debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información -que es el tema que particularmente nos ocupa-, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo. Ello, sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, el quejoso pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. En efecto, considerando como se dijo, que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, únicamente buscó simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, modernizando el sistema de impartición de justicia a fin de otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, garantizando con ello una justicia más expedita acorde con el artículo 17 constitucional. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I, constitucional, se instituyó como una de las bases a desarrollar en la ley reglamentaria, la de garantizar el acceso a toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ello las disposiciones generales que sienten las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos, conforme lo establece el artículo 3o. de la Ley de Amparo vigente, en el que se contempla el uso de dichas tecnologías en la tramitación del juicio de amparo, específicamente, el uso de una firma electrónica. Empero, ese ulterior desarrollo o ampliación no debe pugnar con el espíritu constitucional que los creó, pues el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón, no puede quedar en manos del autorizado por el quejoso la presentación de la demanda de amparo firmada electrónicamente con su propia FIREL, pues se insiste, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Ahora, precisado lo anterior y derivado de considerar que si la demanda de amparo que fue presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso sino con la de la persona que se ostenta con el carácter de autorizado de aquél, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente; a juicio de este Tribunal Pleno, dicha situación no puede considerarse una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse. Ello es así, pues la promoción del amparo vía electrónica firmada con la FIREL del autorizado del quejoso y no con la firma electrónica del impetrante o, bien, de quien legalmente lo represente, no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no existe ni siquiera voluntad del que aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Lo anterior así ha sido sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios - que más adelante se citarán- en los que ha determinado que tratándose de una demanda de amparo presentada por escrito en la que no figure la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal, no cabe prevención y/o requerimiento al interesado para reconocer una firma que ni siquiera ha otorgado, en tanto no existe precepto en la ley que establezca la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento. Los criterios a que se hace mención, son los siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS.", "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." y "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE."(17) Por tal razón, si bien el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también que la promoción del amparo vía electrónica firmada con la FIREL del autorizado por el quejoso y no por él mismo, ni por quien legalmente lo representa, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Por lo que en ese sentido, se insiste, no cabe dicha prevención en el supuesto materia de esta contradicción, al no existir una razón legal para otorgar un tratamiento distinto a la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación firmada con la FIREL del autorizado de la parte quejosa, en comparación con una demanda de amparo presentada por escrito y firmada por un autorizado del quejoso, pues en ambos casos, al concurrir las mismas circunstancias - demandas de amparo sin firma autógrafa y/o electrónica del quejoso o de su representante legal- ,(18) el Juez de Distrito estará facultado para desecharlas, al no existir la voluntad de las personas que ahí aparecen como promoventes, lo que claramente no actualizan alguna de las irregularidades previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a subsanarla. Estimar lo contrario, esto es, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por quien se ostenta con el carácter de autorizado por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, pues si la presentación de la demanda se hace por vía electrónica y la misma está firmada con la FIREL del autorizado del quejoso, cabría la prevención a que se refiere el numeral 114 de la Ley de Amparo a fin de subsanar dicha "irregularidad"; empero, cuando la demanda de amparo se presente por escrito con la firma autógrafa del autorizado por el quejoso, en ese supuesto, como ya se vio, no procede prevenir al quejoso, sino que el Juez está facultado para desecharla de plano, dada la ausencia de voluntad del promovente. Es importante destacar que con dicha afirmación no se soslaya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, tuvieron como finalidad permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial, en aras de eficientar el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; y que conforme a la reforma del segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, se establecieron cambios sustanciales que otorgan a las personas una protección más amplia de los derechos humanos, reconocidos no sólo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, con la finalidad de favorecer de mejor manera a las personas, pues bajo el nuevo esquema constitucional opera el principio pro personae. No obstante, su observancia no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos sustantivos, técnicos y/o de procedibilidad que puedan actualizarse en el juicio de amparo, ni mucho menos soslayar los principios fundamentales que lo rigen, ya que dichas formalidades son la vía para arribar a una adecuada solución del asunto, las cuales no se vieron modificadas por la implementación de la tecnología en la tramitación electrónica del juicio de amparo. De ahí que lo anterior no implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa del quejoso ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que, se insiste, los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho o por conducto de que quien legalmente lo represente -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-, pero no por el autorizado en términos del artículo 12 de la ley, pues como se dijo, si no está legitimado ni siquiera para ampliar una demanda de amparo o desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo -tal como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sostuvo en los criterios invocados con antelación-, mucho menos podría tener legitimación para signar con su propia FIREL una demanda de amparo presentada vía electrónica". Ahora bien, de la lectura de la demanda presentada vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que no contiene firma electrónica del promovente Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, por lo que jurídicamente no existe manifestación de su voluntad de ejercer la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada exigido para entablar el juicio de amparo. Corrobora lo anterior el criterio sustentado en la tesis 300, publicada en la página 508, del Tomo VI, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrado por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: El juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable tanto para darle curso como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existir agraviado y la demanda resultar improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII, de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Así como la tesis VI 1º. 151 K, visible en la página 303, del Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". Finalmente, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) impresa en la página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del 0quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En tales condiciones, se hace patente y manifiesta la causa de improcedencia contenida en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee con apoyo en el dispositivo 113 de la propia ley en cita. Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados del juzgado, ya que no señaló domicilio para ese efecto. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo en la que aparece el nombre de Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón. Notifíquese por estrados.

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