Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
I. Causa estado. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************y otros; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo. IV. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. V. Oposición de datos personales. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se requirió a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, aclararán su demanda en los términos precisados en el citado acuerdo, sin que a la fecha lo hayan acatado, a pesar de estar notificados para ello. II. Se tiene por no presentada. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo mencionado y, por tanto, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ******************** y otros. Notifíquese.
- Principal
I. Autoridad informa que no acepta competencia. Téngase por recibido el oficio ******************** del secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual hace del conocimiento que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por este Juzgado, respecto de la demanda promovida por ******************** y otros. II. Prevención. Ahora, toda vez que este Juzgado no insiste en declinar la competencia del presente asunto, se provee lo siguiente: El artículo 114 de la Ley de Amparo dispone que la persona Juzgadora debe mandar aclarar la demanda de amparo si contiene alguna deficiencia, omisión o irregularidad. De la lectura integral del escrito inicial, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; por tanto, con apoyo en el artículo 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracción V de la norma en cita, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días precisen cuál es el acto o actos que en concreto le atribuyen a cada Juez de Distrito en este Estado, así como a los diversos residentes en las entidades federativas que se mencionan en la demanda y, en específico, a esta Juzgadora Federal, así como para que en su caso manifiesten bajo protesta de decir verdad los antecedes relativos. Se apercibe a los parte promoventes que de no cumplir con tal requerimiento dentro del lapso señalado, se tendrá por no interpuesta la demanda. Finalmente debe precisarse que los quejosos señalan como domicilio el interior de la Penitenciaría de la Ciudad de México; sin embargo, esa designación es inexacta, debido a que es un hecho notorio que en la Ciudad de México se encuentran diversos centros de reclusión y la parte promovente no indica con precisión en cuál de esos centros se encuentran recluidos. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación de este proveído por medio de lista. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero Notifíquese.
- Principal
I. Auto de radicación. Fórmese expediente con la demanda de cuenta. Regístrese bajo el número 78/2023, que le corresponde en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo promovida por *************************************************************************************************************************************************************, por derecho propio, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. II. SUSPENSIÓN DE PLANO En atención a que los quejosos solicitan que se decrete de oficio y plano la suspensión de los actos reclamados (traslado a diverso centro de reclusión o la reubicación de celda, afectaciones psicofísicas, emocionales, intimidaciones, castigos, agresiones o represalias), no procede acordar favorable su petición, por los siguientes motivos: En el caso, no se actualiza la procedencia de dicha medida cautelar, toda vez que de lo narrado en el ocurso de cuenta, no se advierte que se actualice alguna hipótesis a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo. Tampoco deriva la actualización de algún acto contemplado por el ordinal 22 de la Constitución General de la República, ya que por ejemplo, el traslado a diverso centro de reclusión o la reubicación de celda no tienen tales características, tan es así, que el primero se refiere a un acto dentro de procedimiento y, el segundo una cuestión de internamiento que escapan de la clasificación de actos urgentes para efectos la procedencia de la suspensión de plano, tan es así que nuestro Máximo Tribunal ha establecido que contra tales actos procede medio ordinario de defensa. Son ilustrativas al respecto, las tesis: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad" Por su parte, los quejosos no refieren mayores datos en cuanto a las afectaciones psicofísicas, emocionales, intimidaciones, castigos, agresiones o represalias que refieren, esto es, en qué consisten, sino que de la lectura integral de la demanda de amparo únicamente se hace referencia de manera genérica a su clasificación empero no se advierten datos de ejecución de los mismos. De ahí que ante la insuficiencia de tales manifestaciones, se impide establecer que se trata de actos prohibidos que ameriten suspensión de plano. Pues si bien algunos actos que se mencionan pudieren constituir actos de molestia, la generalidad con que se refieren, impiden establecer que se trate de actos equiparados a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o que tengan por objeto vejar o humillar al interno, etcétera. Es aplicable al respecto la jurisprudencia: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. Si bien este acto reclamado, por lo general, no constituye un acto de tormento de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de los artículos 125, 126 y 128 de la Ley de Amparo, pues aunque implica una molestia, no se equipara a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; lo cierto es que en casos excepcionales, la omisión de la autoridad penitenciaria de proporcionar zapatos y ropa adecuados a los internos puede constituir tormento y debe proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano. Así sucede, por mencionar algunos ejemplos, cuando por las circunstancias y el contexto, es razonable suponer que esa omisión compromete la dignidad e integridad personales, ya sea por la exposición del interno a un clima extremadamente gélido o caluroso; por la presencia de fauna, flora u otros entes nocivos; cuando el acto se realiza con el propósito de vejar o humillar al interno, etcétera" No se desconoce que en el escrito inicial se afirma que peligra la vida de los quejosos por el traslado y el cambio de dormitorio que se reclama, empero, esos actos por sí mismos no implican ese riesgo, y éstos no aportan mayor consideración que evidencie que están en peligro, por lo que tales reclamos no pueden ser catalogados de esa forma; estimar lo contrario, sería tanto como clasificar los actos reclamados de acuerdo con la calificación que les dé el propio justiciables, sin que haya elementos que lo justifiquen. Similar criterio sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la queja número 47/2021. III. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO. En el caso concreto, de la lectura de la demanda propuesta, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables, entre otros, a los tres Jueces de Distrito, todos con residencia en esta ciudad de Durango, Durango. Así mismo, la parte quejosa designó como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Decimosexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, ; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; excepto Baja California y Tamaulipas. Ahora bien, el artículo 38 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Por tanto, si en el presente caso, la parte quejosa designó como autoridad responsable a los tres Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, deben observarse las reglas de competencia establecidas en la Ley de Amparo, en el sentido de que para conocer de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un juez de distrito es competente otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el juez de distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En ese sentido, debido a que en la demanda de amparo fueron señalados como autoridades responsables los tres Jueces de Distrito con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 38, 42 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, pues no está permitido que una persona juzgadora conozca de los propios actos que se le atribuyen. Al respecto, es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA" Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia". IV. CONCLUSIÓN. Con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo y, por lo tanto, se ordena remitir vía electrónica los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, dado que es el más inmediato a la jurisdicción de este juzgado federal, a efecto de que conozca de la demanda de amparo que se propone. No pasa inadvertido que los quejosos excluyeron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito con residencia en los Estados de Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas; sin embargo, se considera que el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, es el más cercano a la residencia de este órgano jurisdiccional. Similar criterio se sostuvo en el conflicto competencial 12/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Además, es oportuno referir que los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, no solo resultan competentes para conocer de la demanda de amparo promovida en atención al facto de la cercanía, que es el parámetro que define el propio artículo 38 de la Ley de la materia, sino también atento a que no están especializados y, por lo tanto, podrían conocer de la totalidad de los actos que se reclaman. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Solicitando el acuse de recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón. Toda vez que los quejosos no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, hágase por lista que se fije en los estrados de este Tribunal Federal acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y toda vez que los quejosos no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, hágase por lista que se fije en los estrados de este Tribunal Federal acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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