Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 723/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
723/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el cinco de octubre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. En el entendido que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, tampoco existen diligencias pendientes de practicar y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa coincide en su totalidad con la versión impresa; por tanto, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos el escrito firmado por el licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, acredita haberse puesto en contacto con los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, el veintisiete de junio del año en curso, para los efectos que fue designado y les proporcionó asistencia jurídica. Como lo solicita con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se tiene como número telefónico y correo, los que menciona, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil veintidós, transcurrió el término de quince días otorgado al licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, y autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en proveído de catorce de junio del año en curso, para que luego de proporcionarles asistencia jurídica, representándolos en este juicio, se impusiera de estos autos y llevara a cabo los actos necesarios para la defensa de los derechos fundamentales quejosos, además, que diera cumplimiento con las prevenciones que se hicieron a los quejosos en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y de considerarlo necesario, ampliara el escrito inicial de demanda, trascurrió, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna sobre el particular; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de referencia y se ordena continuar con el trámite del escrito inicial de demanda, sin considerar como responsables a aquéllas autoridades y actos que fueron motivo de prevención en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, procede realizar pronunciamiento respecto de los diversos actos reclamados en este juicio, al resto de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Traslado de penitenciaría; Reubicación de dormitorios Intimidación; Represalias; Discriminación por condición: Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona: Violación al principio pro persona. PDESECHA DEMANDA. En ese panorama, es oportuno abordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, para lo cual, se debe tener en cuenta, que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda origen del juicio de amparo 723/2021, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. Lo anterior, por los motivos siguientes: Respecto del principio de definitividad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad; es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo -para los efectos del juicio de amparo- un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora, dada la naturaleza de los actos reclamados, debe atenderse la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once del citado artículo 18 y 1°. Constitucional, pues de ellas se advierte se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas Al examinar la primera de las citadas reformas, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 151/2011, del que luego derivó jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", concluyó a partir de aquellas reformas, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas cotidianos, deberían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal (Jueces de Ejecución), tanto en el ámbito federal como local, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Para complemento de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor al día siguiente, cuya finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento de los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad. Luego, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, deben ceñirse a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, internos de un centro de reinserción social (Penitenciaría de la Ciudad de México) acudieron al juicio de amparo indirecto para reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: Traslado de penitenciaria. Reubicación de dormitorios. Actos consideran se trata de: Intimidación Represalias Discriminación Inaplicabilidad de los criterios internacionales pro persona. Violación al principio pro persona. Sin embargo, en los términos anotados, los quejosos no atendieron el principio de definitividad, necesario para la procedencia del juicio de amparo, pues respecto del acto reclamado consistente en el traslado debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y respecto de los restantes, como el relativo a la reubicación de dormitorios, como personas privadas de su libertad, debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido de ser necesario por la controversia ante el Juez de Ejecución, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones por tratarse de las relativas a su internamiento, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e incluso, intentar contra lo resuelto en aquellas, los recursos ordinarios que prevé. Traslado En efecto, respecto del traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, emitió la jurisprudencia 27/2021, en la cual estableció, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento y por ende, no constituyen una violación directa a la Constitución. Por tanto, la Primera Sala en la jurisprudencia que se alude, concluyó que cuando una persona privada de la libertad -como en el caso los quejosos- busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Dicha jurisprudencia 27/2021 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aprobada en sesión privada de seis de octubre de dos mil veintiuno), es del contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. HECHOS: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario este será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. CRITERIO JURÍDICO: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. JUSTIFICACIÓN: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Luego, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, la existencia de dicho criterio jurisprudencial que define, específicamente que cuando el quejoso reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Esto, porque tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, motivo por el cual, no hay posibilidad que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado, pues el aludido numeral regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por el Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse la existencia de criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto, cuando se promueve como en el caso, contra una orden de traslado. Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Condiciones de internamiento Ahora, respecto de los actos restantes, consistentes en la reubicación de dormitorios, intimidación, discriminación por condición, represalias, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los quejos -como personas privadas de su libertad-, cuentan con el procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones de internamiento. Al respecto, después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que tales condiciones de internamiento, conforme la aludida ley, se refieren a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social (entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación). En ese panorama, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquiera que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, y reinserción social y faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente e incluso, pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Peticiones administrativas que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación; incluso, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentren recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. En el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, acciones u omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. De lo expuesto se colige, el mecanismo de control denominado peticiones administrativas cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y además, ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el Juez de Ejecución o Control, según corresponda. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido, y las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Incluso, no obstante la posibilidad de la petición administrativa, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se trate de un caso que estime urgente, concede al interno la posibilidad de acudir directamente a oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo, ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes; además, contra la respuesta del Juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuando -como en el caso- una persona privada de su libertad reclame situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque: a) Constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. b) El acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión. c) Asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos. Por ello, el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Incluso, cuando los actos reclamados constituyen situaciones (acciones u omisiones) inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta a la persona, conforme al marco constitucional y legal antes expuesto. En efecto, es la autoridad penitenciaria la que organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad; además, supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, entre otras, de las personas privadas de la libertad, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda presentar su petición (Juez de Ejecución), quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los de esta para concederla, y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social, otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En tal virtud, acorde con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar situaciones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Con dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso conflicto competencial 3/2020, estableció las sanciones disciplinarias en un centro penitenciario no guardan relación alguna con los aspectos sustantivos, lo que resulta necesario distinguir pues permite fijar un criterio para distinguir la competencia de un Juez o Jueza de Ejecución conforme a la naturaleza del acto que se somete a su consideración: de naturaleza sustantiva inherentes a la pena impuesta (es decir, las que impactan en su modificación, duración o extinción) y, por otro, cuestiones de tipo adjetivo (como lo son las sanciones disciplinarias). En efecto, la Suprema Corte ha señalado que las infracciones a la normativa de un centro penitenciario (reglamentado y administrado por el Poder Ejecutivo respectivo) no implican un proceso que dé como consecuencia un impacto sustantivo en la pena, como sí lo implican los beneficios preliberacionales, pues aquellas infracciones únicamente denotan las condiciones administrativas internas de seguridad, el procedimiento de determinación de faltas y el cumplimiento de las sanciones administrativas. Por ende, consideró las sanciones disciplinarias, también se contemplan dentro de ese género de condiciones de internamiento que no guardan relación alguna con un aspecto sustantivo al no constituir una variante de la ejecución de la pena o de su modificación o duración, motivo por el cual, no existe una conexión directa entre el fuero en el cual fue sentenciada la persona (federal o local) y el análisis de tales sanciones impuestas en el centro de reclusión en que la persona se encuentra interna, como sí existe en el caso de los beneficios preliberacionales. Así, la Primera Sala ha determinado las personas privadas de la libertad incluso respecto de sanciones disciplinarias pueden oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo en contra de las omisiones o determinaciones que afecten las condiciones de su internamiento en los centros de reclusión en que se encuentren, acorde con las disposiciones relativas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En estos casos, si bien la controversia se resuelve adjetivamente conforme a Ley Nacional de Ejecución Penal, el fondo del asunto se decide atendiendo a los preceptos jurídicos específicos al centro penitenciario en cuestión, como lo es su reglamento interior y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables, pero en definitiva, no se relacionan con aspectos sustantivos de las penas impuestas, pues las cuestiones de internamiento están disociadas de las causas que originaron la privación de la libertad de la persona, lo que permite sentar las primeras bases para resolver esta contradicción de tesis. Además, contra dicha resolución, es decir, la del Juez de Ejecución, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el Juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Consecuentemente, al tratarse lo reclamados por los quejosos, de los actos que identifica como reubicación de dormitorios (condiciones de internamiento), intimidación, discriminación por condición y represalias, son actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurrió en el caso, por lo que ha lugar a desechar la demanda. Sin que obste para ello que los quejosos consideraran que tales actos constituyen Inaplicabilidad de los criterios internacionales pro persona y violación al principio pro persona, o que se equiparan a tortura 'psicofísica' y 'sicoemocional' y por ende, estiman derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional y por ello, son de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Esto porque de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara se llevaran a cabo dichos actos contra los solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron, pues con el sólo hecho de invocar los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el diverso 109 de la Ley de Amparo. Es decir, de la demanda de amparo se advierte se reclaman actos relacionados con las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentra recluido quienes aparecen como directos quejosos, como parte del sistema penitenciario de ese lugar, el cual, acorde con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del diez de junio de dos mil once, se organizará, entre otros aspectos, en el trabajo como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, tal como se prevé el artículo 18, por lo que no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable la tesis II.2o.P.108 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL." En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía medios electrónicos por Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. Esto, porque se estima actualizado un caso de excepción, ante la improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados y por ende, el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ante ese escenario, es evidente la condición de defensa garantizada a los quejosos en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ante el desechamiento destacado en párrafos precedentes, no ha lugar a ordenar la tramitación del incidente de violación a la suspensión de plano interpuesta por los quejosos y reservada mediante auto de nueve de junio del que corre.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto; los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el licenciado **, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, no ha dado cumplimiento al proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, esto es, que deberá ponerse en contacto con los quejosos, quienes se encuentran recluidos en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, para los efectos que fue designado les proporcione asistencia jurídica y los represente en el presente juicio de amparo, pues no lo ha acreditado ante este órgano jurisdiccional. En consecuencia, requiérasele de nueva cuenta al licenciado, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que dentro del término de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, acredite dicha circunstancia ante este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, consistente en una multa por cincuenta unidades de medida y actualización. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento del superior jerárquico del licenciado **, esto es, el Titular en Zacatecas, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto; los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, no ha dado cumplimiento al proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, esto es, que deberá ponerse en contacto con los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, quienes se encuentran recluidos en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, para los efectos que fue designado -les proporcione asistencia jurídica y los represente en el presente juicio de amparo-, pues no lo ha acreditado ante este órgano jurisdiccional. En consecuencia, requiérasele de nueva cuenta al licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que dentro del término de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, acredite dicha circunstancia ante este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, consistente en una multa por cincuenta unidades de medida y actualización.

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