Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, Jaime Santillán Chávez, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos, trascurrió del trece al diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, con exclusión de los días doce, dieciséis y diecisiete del citado mes y año, por ser inhábiles. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite vía interconexión el secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 617/2021 (origen 250/2021); sin que sea el caso acusar recibo, dada la vía en que se recibe la aludida comunicación oficial. Notifíquese. ,...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 539/2021 y de origen 199/2021, del índice de este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente toda vez que la vía por la que se recibe se genera automáticamente. POR NO PRESENTADA. Ahora bien, de las razones actuariales de veintiséis de agosto de este año, asentadas por el actuario judicial adscrito al juzgado exhortado, se advierte que se notificó a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño, la determinación de veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, se advierte que el quejoso Erick Adrián Rosas Gamiño, manifestó que se desiste de la demanda promovida en su favor por Carlos González Valencia; en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de derechos en cuanto al citado quejoso se refiere. DESECHAMIENTO. Por lo que respecta a Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo y Enrique Mejía Bello refirieron que sí es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Carlos González Valencia, en tales condiciones se provee: Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa reclama del director y de la subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, comité técnico, jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico, ubicación y determinación del tratamiento, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, así como de la secretaría del sistema Penitenciario, el director ejecutivo de seguridad Penitenciaría, la secretaría de Gobierno, jefa de Gobierno, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas últimas del Gobierno de la Ciudad de México, y del presidente de México, y los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los actos consistentes en la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a diverso centro carcelario, y la reubicación del dormitorio cuatro de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a diverso dormitorio, modulo o área de dicho centro carcelario. Aduciendo al respecto la parte promovente que a su criterio los actos de referencia generan represalias, intimidación, y actos de discriminación. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación a los actos reclamados precisados con antelación, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar los actos reclamados consistentes en la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a diverso centro carcelario, y la reubicación del dormitorio cuatro de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a diverso dormitorio, modulo o área de dicho centro carcelario; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario. Para una mejor comprensión de lo aseverado, se procederá a hacer un pronunciamiento particular para cada uno de los actos antes mencionados. ANALISIS CONCERNIENTE AL ACTO CONSISTENTE EN LA REUBICACIÓN DEL DORMITORIO CUATRO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIVERSO DORMITORIO, MODULO O ÁREA DE DICHO CENTRO CARCELARIO. En el caso concreto, la parte quejosa no agotó el procedimiento administrativo de peticiones, previsto en los numerales 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el cual se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentra la reubicación del dormitorio dentro del centro de su reclusión. De ahí que, previo a promover el presente juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar el aludido procedimiento administrativo de peticiones, en atención al principio de definitividad. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno en materia penal del Tercer Circuito PC.III.P. J/18 P (10a.),con registro 2017822, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1701, que se transcribe a continuación. "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. De igual forma, el diverso criterio XXII.P.A.34 P (10a.) publicado en el Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2018, Libro 57, Tomo III, registro digital 2017653, que dice: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad Penitenciaría de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones." ANALISIS RELATIVO A LA ORDEN DE TRASLADO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DIVERSO CENTRO CARCELARIO. Por cuanto hace a la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a diverso centro carcelario, reclamada por la parte quejosa, previo acudir a esta instancia constitucional, se debió agotar el recurso ordinario previsto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa que las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Siendo que el último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. Maxime que dicho medio ordinario de defensa, es susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la supracitada ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que, una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita la solicitud e inicie el trámite del procedimiento; prevenga al solicitante para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario; o bien, deseche la solicitud por ser notoriamente improcedente. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la citada ley, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Así, de la lectura detallada de los artículos 123 y 124, antes referidos, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución, cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita; de ello no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la medida cautelar debe decretarse en forma inmediata, sea que la haya solicitado la persona privada de la libertad en el centro de reclusión o que la autoridad judicial se pronuncie de oficio. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, que conforme a su artículo 190, es de veinticuatro horas; por el contrario, se observa que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional de forma inmediata; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad afectada, o bien, que el Juez de Control o de Ejecución la decrete de oficio. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que, contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. A su vez, la orden de traslado urgente o excepcional, se estima que no carece de fundamentación, ni implica una violación directa a la Constitución, además tampoco el recurso aludido se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley de carácter formal. Lo anterior, pues las hipótesis para su procedencia, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Tampoco se puede considerar que el acto reclamado constituya una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Robustece el criterio al que se arriba, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2023190, publicada el cuatro de junio de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Finalmente no obsta a la consideración a la que se arriba, que en el caso la parte quejosa aduzca, que con la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a diverso centro carcelario, y la reubicación del dormitorio cuatro de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a diverso dormitorio, modulo o área de dicho centro carcelario, se le generan represalias, intimidación, y actos de discriminación, pues como ya lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja 36/2020, que dio origen a la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), los medios de resolución de controversias previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, son mecanismos de defensa que se realizan bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados, y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Y respecto de la cual, de conformidad con el artículo 115 de la ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone que el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición correspondiente; por lo que se insiste, cuando el acto reclamado involucre las condiciones de internamiento de la persona privada de su libertad, el peticionario tiene la obligación de agotar los medios de defensa que concede la ley de referencia. ANALISIS RELATIVO AL ACTO ATRIBUIDO A LOS JUECES SEÑALADOS COMO RESPONSABLES, CONSISTENTE EN LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS QUEJOSOS COMO PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. En otro aspecto, el análisis integral realizado a la demanda, permite colegir que la parte quejosa reclama de los jueces de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como de los jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, la afectación a los derechos de los quejosos como personas privadas de la libertad, en cuanto al derecho a la no discriminación y violación al principio pro persona. En relación a dicho acto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. El artículo en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es importante señalar, que como ya se dijo, el juicio de amparo es un mecanismo de control extraordinario previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a ella en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, para garantizar su eficacia, la procedencia y trámite de la acción no es irrestricta, sino que están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la protección a los derechos humanos de los gobernados. Dentro de estas reglas se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio de amparo es procedente únicamente contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados dichos actos; lo cual implica que antes de acudir a la instancia constitucional, se deberán agotar los mecanismos de defensa previstos en la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Por ende, se concluye que el principio de definitividad implica la obligación del promovente del amparo de agotar previamente los recursos o medios de defensa que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto de autoridad. Cabe precisar, que jurisprudencialmente se ha sostenido que medio ordinario de defensa es aquel que tiene por objetivo modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que necesariamente debe estar previsto en la norma que rige el acto que se impugna. Ahora bien, como se dijo, en el caso concreto se reclama de los jueces de Distrito referidos, la afectación a los derechos de los quejosos como personas privadas de la libertad, en cuanto al derecho a la no discriminación y violación al principio pro persona. En el caso, se estima que el juicio de amparo es improcedente, porque contra la determinación que genera afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, como en el caso lo es el acto reclamado, procede el recurso de apelación, en términos del artículo 132, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." Como se aprecia, el numeral transcrito establece la procedencia del recurso de apelación en contra de resoluciones que se pronuncien sobre la afectación a los derechos de personas privadas de la libertad. Por ende, si en el presente asunto la parte disidente reclama la afectación a los derechos del quejoso como persona privada de la libertad, en cuanto al derecho a la no discriminación y violación al principio pro persona, evidente resulta que esa determinación es recurrible a través del recurso de apelación previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, al no haberse agotado el citado recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se concluye que la parte solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Por último, en el caso concreto no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que la parte quejosa está exenta de agotar el medio de impugnación aludido. Lo anterior es así, porque el acto atribuido a los jueces de Distrito no se encuentra dentro del catálogo de los establecidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; no se trata de alguno que implique una afectación a la libertad fuera de procedimiento; tampoco se trata de un auto de vinculación; y, finalmente, al solicitante del amparo no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento. En suma, que el recurso de apelación de mérito se encuentra previsto en la norma adjetiva aplicable, en la que expresamente se establece su procedencia, sin requerirse interpretación adicional. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el ordinal 61, en sus fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, en relación a los actos y autoridades que fueron precisados en párrafos precedentes, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, tomando en consideración que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, es decir, la Penitenciaría de la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a los supracitados quejosos la presente determinación. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño mediante exhorto en el lugar de su reclusión. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, que remite vía electrónica la secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar por los motivos que expone, el exhorto 482/2021 (origen 166/2021). Ahora, a fin de no retardar la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 Constitucional, tomando en consideración que Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño, se encuentran internos en la penitenciaría de la Ciudad de México, y que la demanda de amparo no la formularon directamente los agraviados y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisiones al citar sus nombres; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama; con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño, el auto emitido el veintisiete de julio del presente año, así como este proveído; asimismo, los requiera para que en ese acto o dentro del término de tres días manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en su nombre por Carlos González Valencia (de la cual se adjunta copia certificada), y los aperciba que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. ...
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