Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
626/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a cinco de enero de dos mil veintidós, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. EL SECRETARIO. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con folio 19756. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 126/2021, acuse recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la quejosa; en consecuencia al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con un oficio registrado con el folio 16841. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintiuno de septiembre del presente año, dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 16083. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto orden 612/2021, origen 245/2021, del índice de este juzgado, por el que se le encomendó notificar personalmente al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, tal y como se advierte de la constancia de notificación personal efectuada por la citada fedataria el seis de octubre del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente toda vez que la vía por la que se recibe se genera automáticamente. Ahora, atendiendo a la manifestación asentada por el quejoso en la constancia de notificación a que se ha hecho alusión en el párrafo que antecede, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el citado auto de veintiuno de setiembre del presente año por el que se desechó la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de derechos con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

  4. Principal

    CUENTA. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con folio 14398 y anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el titular del Juzgado Decimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto orden 472/2021, origen 159/2021, del índice de este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente toda vez que la vía por la que se recibe se genera automáticamente. Así las cosas, vista la constancia de notificación de dos de septiembre del presente año, asentada por la actuaria judicial adscrita al juzgado exhortado, de la que se advierte que dicha fedataria se constituyó en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de notificar al directo quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, la determinación de veintidós de julio de dos mil veintiuno, y a su vez lo requirió para que manifestara expresamente si era o no su deseo ratificar la demanda de derechos presentada a su favor; y una vez que lo tuvo en su presencia, el referido disidente refirió que sí es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Miguel Ángel Fonseca Valencia. En tales condiciones se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que el quejoso reclama del director, comité técnico, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico, ubicación y determinación del tratamiento, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, así como de la subsecretaría del sistema Penitenciario, el director ejecutivo de seguridad Penitenciaría, la secretaría de Gobierno, y la jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, el acto consistente en el hacinamiento en el que se encuentra en el dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, dentro del centro carcelario aludido. Aduciendo al respecto la parte promovente que a su criterio el acto de referencia lo pone en riesgo de contraer COVID-19. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar el acto reclamado en esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario. Siendo que, en el caso concreto, la parte quejosa no agotó el procedimiento administrativo de peticiones, previsto en los numerales 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el cual se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran el hacinamiento en el que se encuentra en el dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, dentro de la Penitenciaría de la Ciudad de México. De ahí que, previo a promover el presente juicio de amparo indirecto, el quejoso debió agotar el aludido procedimiento administrativo de peticiones, en atención al principio de definitividad. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno en materia penal del Tercer Circuito PC.III.P. J/18 P (10a.),con registro 2017822, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1701, que se transcribe a continuación. "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. De igual forma, el diverso criterio XXII.P.A.34 P (10a.) publicado en el Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2018, Libro 57, Tomo III, registro digital 2017653, que dice: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad Penitenciaría de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones." Finalmente no obsta a la consideración a la que se arriba, que en el caso la parte quejosa aduzca, que con el acto reclamado se le pone en riesgo de contraer COVID-19, pues como ya lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja 36/2020, que dio origen a la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), los mecanismos administrativos de resolución de peticiones, son mecanismos de defensa que se realizan bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados, y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Y respecto de la cual, de conformidad con el artículo 115 de la ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone que el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición correspondiente; por lo que se insiste, cuando el acto reclamado involucre las condiciones de internamiento de la persona privada de su libertad, el peticionario tiene la obligación de agotar los medios de defensa que concede la ley de referencia. En otro aspecto, el análisis integral realizado a la demanda, permite colegir que la parte quejosa reclama de los jueces de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como de los jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, la afectación a los derechos del quejoso como persona privada de la libertad, en concreto en el principio pro persona, y en la prohibición de no discriminación. En relación a dicho acto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. El artículo en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es importante señalar, que como ya se dijo, el juicio de amparo es un mecanismo de control extraordinario previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a ella en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, para garantizar su eficacia, la procedencia y trámite de la acción no es irrestricta, sino que están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la protección a los derechos humanos de los gobernados. Dentro de estas reglas se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio de amparo es procedente únicamente contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados dichos actos; lo cual implica que antes de acudir a la instancia constitucional, se deberán agotar los mecanismos de defensa previstos en la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Por ende, se concluye que el principio de definitividad implica la obligación del promovente del amparo de agotar previamente los recursos o medios de defensa que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto de autoridad. Cabe precisar, que jurisprudencialmente se ha sostenido que medio ordinario de defensa es aquel que tiene por objetivo modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que necesariamente debe estar previsto en la norma que rige el acto que se impugna. Ahora bien, el quejoso reclama de los jueces de Distrito referidos, la afectación a los derechos del quejoso como persona privada de la libertad, en concreto en el principio pro persona, y en la prohibición de no discriminación. En el caso, se estima que el juicio de amparo es improcedente, porque contra la determinación que genera afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, como en el caso lo es el acto reclamado, procede el recurso de apelación, en términos del artículo 132, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." Como se aprecia, el numeral transcrito establece la procedencia del recurso de apelación en contra de resoluciones que se pronuncien sobre la afectación a los derechos de personas privadas de la libertad. Por ende, si en el presente asunto el impetrante reclama la afectación a los derechos del quejoso como persona privada de la libertad, en concreto en el principio pro persona, y en la prohibición de no discriminación, evidente resulta que esa determinación es recurrible a través del recurso de apelación previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, al no haberse agotado el citado recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se concluye que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Por último, en el caso concreto no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exento de agotar el medio de impugnación aludido en esta. Lo anterior es así, porque el acto atribuido a los jueces de Distrito no se encuentra dentro del catálogo de los establecidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; no se trata de alguno que implique una afectación a la libertad fuera de procedimiento; tampoco se trata de un auto de vinculación; y, finalmente, al solicitante del amparo no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento. En suma, que el recurso de apelación de mérito se encuentra previsto en la norma adjetiva aplicable y expresamente establece su procedencia, sin requerirse interpretación adicional. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el ordinal 61, en sus fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, en relación a los actos y autoridades que fueron precisados en párrafos precedentes, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, es decir, la Penitenciaría de la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a Carlos Alberto Angelino Barrón, la presente determinación. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso mediante exhorto en el lugar de su reclusión.

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