Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residente en San Luis Potosí, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 482/2022, promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Aunado a lo anterior, y dado que de las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta que obre documento original exhibido por las partes procesales, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo siguiente, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de ser DESTRUIDO, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso j), del Acuerdo General antes referido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Es de precisarse, demanda de amparo fue presentada mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, y que carece de firma electrónica (FIREL), sin embargo, a criterio de este Juzgado al encontrarse los impetrantes privados de la libertad, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que para los quejosos que se hallen recluidos, el acceso a la instancia constitucional se reduce solo a la opción física, no porque así necesariamente sea su voluntad ejercerlo, sino a causa de que el sistema tecnológico no está depurado para facilitar su acceso y operatividad para dicho grupo social; por tanto, no puede requerirse las mismas exigencias a una persona que está en un plano de desigualdad en relación con otras que lo están en uno de igualdad, siendo que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (como lo son las privadas de la libertad), es obligación de todos los juzgadores adoptar las medidas necesarias para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento y, la manera en que esto puede ocurrir tratándose de dichos justiciables, es considerar que la falta de firma electrónica en sus escritos de demanda no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia con base en la referida jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, además porque el tópico relativo a la privación de la libertad de quien promueve el juicio de amparo no fue un aspecto que haya sido materia de estudio en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio del Pleno del Alto Tribunal. Al respecto, se comparte el criterio sustentado en la tesis I.1o.P.3 P (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]." Con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene presentada la demanda, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 482/2022-I; fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Previo a acordar lo que en derecho proceda, en principio se establece que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En este contexto, de la lectura íntegra de la demanda, el suscrito advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de la acción de amparo que se ejerce por este medio, por las consideraciones siguientes: Los impetrantes del amparo reclaman en esta vía constitucional los siguientes actos: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio Nueve zona Dos, estancia once, que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón, por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio cuatro, zona uno, estancia cuatro, que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia ocho, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia nueve, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia doce, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia siete, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 10) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia diez, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 11) Luis Arturo Zavala Rosas, solicita reubicación del módulo de seguridad nueve, zona dos, estancia doce,, al dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, ya que le genera afectaciones a la salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional. 12) Reubicación de Iván López Hinojosa, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia diez, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 13) Desacato de cumplir órdenes judiciales. 14) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México, a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 15) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 15 Ley de Amparo. 16) Intimidación. 17) Discriminación. 18) Violación al principio pro persona. 19) Inaplicación de criterios internacionales. 20) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 21) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 22) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, Intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) La inconstitucionalidad del absoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los derechos más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de Sanciones Penales, que tampoco se respetan. Actos, que atribuyen a las autoridades responsables a las siguientes. Director de la penitenciaria dé la ciudad de México. Subdirector jurídico de la penitenciaria de la ciudad de México. Subdirector de Seguridad de la penitenciaria de la ciudad de México. Comité técnico de la penitenciaria dé la ciudad de México. Subdirectora de apoyo técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México. Jefe De Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la penitenciaria de la ciudad de México. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la ciudad de México. Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México. Jefe de Gobierno de la ciudad de México. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la penitenciaria de la ciudad de México. Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Decimosexto. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, (excepto los de ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, y Zacatecas. [Énfasis añadida] Ahora, al ser la competencia una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia, se considera que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente incompetente para conocer de la presente litis constitucional, misma que corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residente en la ciudad del mismo nombre, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley de Amparo, además de que de la propia demanda los quejosos refieren que señalan a los Jueces de Distrito del Estado de San Luis Potosí, (excepto los de ciudad capital). Al respecto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contemplan el presupuesto procesal como una cuestión de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Luego, en cuanto a la cuestión de competencia debe atenderse al contenido de los artículos 37 y 38, de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De los normativos transcritos, se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: 1.- Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, en primer lugar, debe atenderse al ámbito de ejecución material o no del acto reclamado. Así, lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. De esta manera, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se hayan realizado o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación con la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Del segundo de los normativos transcritos, se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 38 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen además otra regla para fijar esa competencia, siendo la siguiente: Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Este precepto contempla la hipótesis de cuando en la demanda de amparo se promueva contra actos del juez de Distrito al que le haya tocado conocer de la misma. Entonces, en el caso concreto, de la demanda de amparo se aprecia los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, se encuentran internos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México; por tanto, es indefectible que los actos reclamados, tiene su ejecución material en la Ciudad de México, así, se obtiene que por cuanto a la ejecución de los actos este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo de mérito. En esta tesitura, la competencia se surtiría en favor de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México, ya sea especializado en materia penal o administrativa. Orienta lo anterior por las razones que en ella se contienen la jurisprudencia con Registro digital: 181369, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 37/2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 90, Tipo: Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si los actos por su naturaleza requieren de ejecución material, y los quejosos se encuentran recluidos en la Ciudad de México, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dichos actos, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual van dirigidos." Lo anterior, como se anticipó, porque los actos reclamados se están ejecutando en el lugar en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad; sin que sea dable que la competencia se surta a favor de éste Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, por el solo hecho de que los solicitantes de la protección constitucional hayan presentado su demanda en esta ciudad. Ilustra lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible la página 15, Volumen 65 segunda parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." No obstante de la lectura de la demanda de amparo se aprecia los impetrantes también se señalaron como autoridades responsables a los Jueces del Primero al Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, y a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, ambos con sede en la Ciudad de México, lo que impide a este órgano declinar competencia a favor de los órganos jurisdiccionales de las materias mencionadas en esa sede. Empero, se hace hincapié que los peticionarios de amparo también señalaron como autoridad responsable a este órgano jurisdiccional, ello, al referir "Jueces de Distrito de (.) Guerrero, (.)", de ahí que, en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 51, de la Ley de Amparo, y el impedimento a que se refiere la Tesis Jurisprudencial visible en la página 583 del Tomo V, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 226320, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO. CUANDO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE LES PRESENTA. El Juez de control constitucional no puede conocer de un juicio de amparo, en el cual figure como acto reclamado una resolución emitida por el propio juzgador, de conformidad con el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que la existencia de esa circunstancia motiva que tenga que calificarse de legal el impedimento que proponga el Juez de Distrito respectivo." Luego, atento al criterio que precede, resulta obligado considerar lo que dispone el arábigo 38 de la Ley de Amparo: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Entonces, es evidente que éste juzgado también resulta ser incompetente para conocer del juicio instado, ya que no es dable que un Juzgado de Distrito pueda tener el doble carácter de juez y parte en un juicio, menos aún analizar la eventual constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que se le reclaman, pues sostener lo contrario pondría en grave riesgo la imparcialidad de la resolución que se emita. Lo aseverado se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis número P./J. 44/2001, editada en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, Registro digital 1900008, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado con mayor proximidad es el Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de San Luis Potosí, residente en la ciudad del mismo nombre, además de que de acuerdo con la lectura de la demanda de amparo, los residentes en la capital de dicha entidad federativa, no fueron señalados como autoridad responsable, por ende, este juzgado declina competencia a ese órgano judicial para conocer de la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, y a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General 21/2020; cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 7/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020 de la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, en concordancia con los puntos a seguir respecto del turno de los juicios de amparo tramitados bajo el esquema de "juicio en línea", en virtud de las medidas de seguridad implementadas para evitar la propagación del virus COVID.19, realícese el envío correspondiente vía electrónica a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residentes en San Luis Potosí, a quien se le solicita informe a quien a este Juzgado Séptimo, a que Juzgado correspondió el turno del presente asunto, a fin de estar en posibilidad poner visible el presente sumario a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y pueda emitir el pronunciamiento que en derecho corresponde, para lo cual se señalan los datos de las partes que intervienen en el señalado expediente siendo los siguientes: Nombre de la parte quejosa: Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, por propio derecho. b) Nombre del tercero interesado: refiere "No existe". c) Tipo de asunto: Amparo indirecto. d) Autoridades responsables: I) Director de la penitenciaria dé la ciudad de México. II) Subdirector jurídico de la penitenciaria dé la ciudad de México. III) Subdirector de Seguridad de la penitenciaria de la ciudad de México. IV) Comité técnico de la penitenciaria dé la ciudad de México. V) Subdirectora de apoyo técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México. VI) Jefe De Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la penitenciaria de la ciudad de México. VII) Subsecretario del Sistema Penitenciario de la ciudad de México. VIII) Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México. IX) Jefe de Gobierno de la ciudad de México. X) Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la penitenciaria de la ciudad de México. XI) Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Decimosexto. XII) Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo. XIII) Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, (excepto los de ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, y Zacatecas. e) Número de Amparo: 413/2022-III. f) Fecha en que se declina competencia: veintinueve de abril de dos mil veintidós. Solicitando al Jefe de oficina aludido, informe lo conducente a través del correo electrónico institucional 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, asimismo, remita copia de la boleta de turno, a fin de acordar lo conducente. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, resulta pertinente establecer que el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (...) Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del análisis de los artículos en cita, se advierte que cuando se reclamen en el juicio de amparo actos que se encuentren relacionados, entre otras cuestiones, con ataques a la libertad fuera de procedimiento, se deberá conceder la suspensión de plano a fin de que no se ejecuten irreparablemente los actos respectivos. De acuerdo a lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que los promoventes del amparo buscan con la solicitud de la medida cautelar, que las autoridades se abstengan de llevar a cabo el cambio de dormitorio del que se encuentran dentro del centro penitenciario, pero, este acto en sí mismo, no constituye una afectación a la vida o la libertad, por lo que no es una cuestión que tenga el carácter de urgente. Luego, no puede catalogarse como un acto de los que refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales procede la suspensión de plano. En esta virtud, la reubicación de dormitorio y las consecuencias que el mismo pueden provocar en la esfera jurídica de los promoventes, no se encuentran catalogados en lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126, 128, 129 y 160 de la Ley de Amparo. Tampoco, se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, tampoco reclama actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refieren los directos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.1o.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." Por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, SOLICITADA. No obsta a lo anterior que los quejosos señalan como actos reclamados la intimidación, discriminación y agresión por servidores públicos; sin embargo no es factible para este juzgado tener certeza de que los mismos se estén llevando a cabo toda vez que del escrito de demanda no se advierte dicha circunstancia ni la existencia de los mismos. De igual forma, no se inadvierte que los quejosos también solicitan la suspensión de los actos reclamados, para efecto de que no sean trasladados del centro penitenciario donde actualmente se encuentran recluidos a uno diverso; sin embargo, tampoco se soslaya que la parte quejosa reclama una orden de traslado penitenciario, que atribuye a autoridades administrativas; pero ese acto tampoco es de aquéllos sobre los que deba concederse la suspensión de plano, pues ésta solo procede respecto de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y no respecto de afectaciones a la libertad dentro de algún procedimiento. En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el recurso de queja 36/2020, determinó que la orden de traslado penitenciario, aun ordenada por autoridades administrativas, ya no constituye una afectación a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se realiza dentro de la fase del procedimiento penal de ejecución de sentencias que imponen penas privativas de la libertad, regulado por la Ley de Ejecución Penal. En efecto, dicho Tribunal resolvió: "En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012,4 determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." En mérito de lo expuesto, no es viable pronunciarse sobre la medida suspensional, respecto de la orden de traslado penitenciario, al ser un acto de autoridad que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento. Igual conclusión se toma respecto de los actos reclamados identificados como "omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos"; "omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos" y "Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura", toda vez que tales actos no se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como actos que atenten contra la vida y dignidad humana o de los previstos en el artículo 22 Constitucional. NOTIFICACIÓN. En otro aspecto, dado que Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, que señalaron de manera expresa como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el lugar de su internamiento; y dado que dicho inmueble se encuentra fuera de la residencia de esta ciudad capital; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, con los insertos y anexos necesarios al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio penitenciaría de la Ciudad de México, y notifiquen el presente acuerdo a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, debiendo levantar constancia de ello. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la referida quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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