Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Alejandro Flores García
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Presidente de México
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta que signa la Actuaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada el diez de junio del año en curso en el conflicto competencial, expediente 3/2021, en la que dicho cuerpo colegiado declaró legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, a través de ********************-expediente 126/2021, del índice de este órgano jurisdiccional- al Juzgado de Distrito en turno del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, estado de Michoacán, por lo que ordeno remitir las constancias del expediente 216/2021-I del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, al citado órgano jurisdiccional para que se avoque a su conocimiento. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Sobre esa base, a efecto, de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, entre otros supuestos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado y los juicios en los que se haya decretado la incompetencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de las constancias que se remitieron con motivo del conflicto competencial e informa que lo admitió a trámite y quedó registrado con el número de expediente C.C.C. 3/2021. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 08 DE ABRIL DE 2021 Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, por el que informa que a través del auto de veintinueve de marzo del año en curso, dicho órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia planteada por este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***************, a su decir, en representación de ************, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, por lo que remite el expediente número 216/2021-I de su índice; acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese sentido, cabe destacar que la autoridad oficiante consideró lo siguiente: "[.] De la lectura de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala a éste órgano de control constitucional como autoridad responsable, así como a los demás juzgados de la misma materia y jurisdicción, y a diversos Juzgados de Distrito en distintos Circuitos Judiciales, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda. - - - [.]" [Lo resaltado es propio.] De dicha transcripción, se advierte que la juez mencionada no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, en razón de que se encuentra señalada como autoridad responsable, toda vez que el promovente del amparo señalo como tales, entre otros, a "los Jueces Primero a Décimo Sexto, todos de Distrito en Materia Penal de esta Entidad Federativa". Sin embargo, este juzgador respetuosamente disiente de los motivos expuestos dicha autoridad y reitera que la competencia para conocer de los actos reclamados se surte en favor de la Juez Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, pues si bien -entre otras consideraciones- precisa que al haberse señalado como responsable en la demanda, cobra aplicación lo establecido en el artículo 38 de la ley de la materia, relativo a que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, sin embargo, como se indicó en auto de veinticinco de marzo pasado, los actos reclamados por los inconformes tienen incuestionablemente naturaleza penal, pues se hacen consistir en "[.] Mala atención médica medicamentosa (sic) y de atención dental deficiente. Represalias y coacción [.]" dentro de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Para claridad del criterio que se adopta, cabe precisar que por jurisdicción debe entenderse el conjunto de facultades y funciones que ejerce cada uno de los órganos en que se distribuye la competencia del Poder Judicial de la Federación, lo que conlleva a su vez un cúmulo de deberes. La competencia de los jueces tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, esa potestad la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, por lo que los órganos judiciales no pueden realizar la función jurisdiccional en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquellos para los que están facultados en la ley. Así, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, resulta necesario que dentro su jurisdicción la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Por lo que respecta a la competencia por materia, el sistema jurídico nacional la distribuye entre diversos tribunales o juzgados, los cuales son especializados de acuerdo a una rama del Derecho. De ahí que existen tribunales en materia civil, fiscal, penal, del trabajo, administrativos, agrarios, siendo que cada uno conoce únicamente los asuntos que versen sobre el tópico de especialización que les compete, lo que evidentemente provoca conflictos competenciales respecto de un determinado asunto. En ese tenor, para determinar la competencia por materia debe atenderse a la naturaleza de la cuestión planteada, la cual surge del análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como de los preceptos legales que sustente la demanda de garantías -aunque esto último no sea el tamiz preciso para diferenciarla-. Por cierto, debe dejarse de lado la relación sustancial que vincule a las partes, ya que dicho análisis constituiría un tema de fondo, el cual corresponde resolver al órgano jurisdiccional que resulte competente. Y, si el problema de fondo consiste en dilucidar si el ente señalado como responsable tiene o no tal carácter, la competencia se fincará, en todo caso, en el órgano jurisdiccional en materia administrativa, a efecto de no prejuzgar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Analizadas las premisas anteriores, se itera que este órgano jurisdiccional, no es quien debe resolver el curso de la demanda de que se trata, sino uno especializado en amparo en materia penal, ya que los actos reclamados entrañan en sí mismos cuestiones de dicho carácter, al tratarse de actos susceptibles de causar alguna afectación a la vida, dignidad e integridad personal de los reclusos al interior de una penitenciaría. Así, debe destacarse que Juez Noveno de Distrito en Materia Penal de esta entidad federativa, no cuestionó la naturaleza penal del asunto por lo que la razón por la cual no acepta su conocimiento, no es motivo suficiente para considerar que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, dado que ese supuesto implica la atribución de un acto especifico reclamado derivado de haber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto, o de haber omitido alguna actuación en ese sentido, de conformidad con la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.), emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 946, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido." Similar criterio sostuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial C.C. 1/2021, al determinar que era el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, quien debía conocer de la demanda presentada por *************, a través de **********, contra actos de la Dirección de la Penitenciaria de esta entidad federativa y otras autoridades, no obstante que esa autoridad federal hubiera sido señalada como autoridad responsable. Por lo tanto, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo 37, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se considera que al haberse suscitado el conflicto competencial, entre este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, ambos de en la Ciudad de México, lo procedente es remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para que determine lo que en derecho corresponda. Finalmente, comuníquese el presente proveído al juzgado oficiante, para que si lo considera pertinente exponga lo que estime conducente. Notifíquese por oficio a los órganos jurisdiccionales mencionados en el presente proveído y por lista a la parte quejosa.
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