Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 1818/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1818/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    se agrega el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo la COFEPRIS) en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y éste en representación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Ciudad de México, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Asimismo, informan sobre la suspensión de plano otorgada a los quejosos en el presente juicio de amparo. Ténganse como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que se indican en el informe que se provee, en términos del artículo 9 de la Ley de la Materia. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta oficio agréguese a los autos el oficio DJ/DCAA/524/2022 signado por Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que se encuentra en vías de remitir la información necesaria para el debido cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Al respecto, se tiene a dicha autoridad informando las gestiones encaminadas a fin de dar cumplimiento a la presente ejecutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede Xalapa Enríquez, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto; contra actos del Director de la penitenciaria de la Ciudad de México y de otras autoridades. No obstante, acorde a lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, respetuosamente, comuníquese al juzgador declinante que no se comparte la decisión adoptada, por lo que NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda que nos ocupa, por las razones que se expondrán. En principio, debe decirse que en el proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, el Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa Enríquez, declinó para conocer de la demanda de amparo por razón de tener el carácter de autoridad responsable en el asunto que nos ocupa. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 38 de la Ley de Amparo, ordenó remitir el expediente al juzgado más próximo o no especializado de otro circuito, esto es, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con sede en Ciudad Victoria, a quien consideró competente para conocer del asunto. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Y, como acto reclamado, se señala "la orden de traslado de la parte quejosa de los centros penitenciarios en los que se encuentran recluidos a uno diverso, y en consecuencia, la reubicación de los dormitorios en los que actualmente se encuentran a otros de diverso módulo o área; así como la comisión de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo." En el caso que nos ocupa, el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede Xalapa Enríquez, estima que si bien fueron señalados como autoridades responsables todos los jueces de Distrito de ese circuito, y por esa razón están impedidos para conocer la demanda de amparo, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, este juzgador considera que el hecho de que se le señale como autoridad responsable no es un aspecto que determine la competencia legal de un órgano jurisdiccional, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. A fin de apoyar lo anterior, se cita como hecho notorio lo resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, al resolver el conflicto competencial 159/2022 suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima y este juzgador, en el que declaró la inexistencia del mismo, que obra dentro del juicio de amparo 1193/2022 de nuestro índice. En ese sentido, al resolverse la ejecutoria 159/2022, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, sostuvo los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, en el que se determinó que la competencia puede determinarse por razón de materia, territorio, y grado, lo que se define a continuación: Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantive, pues debido a la creciente necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio, por lo que establecen órganos juzgadores que conocen de materia civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Territorio. Éste es el ámbito espacial, dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales, y en este punto no sobra mencionar que dentro del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano jurisdiccional que tiene competencia en todo el territorio nacional, de modo que sus resoluciones son válidas sin ningún criterio territorial que las cuestione y su jurisdicción abarca a cada entidad federativa. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Así, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, este juzgador estima necesario abordar las consideraciones que sirvieron de base para resolver el conflicto competencial 11/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 24 de abril de 2019, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexo Circuito. En dicho asunto, la Sala consideró que el conflicto competencial originado no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. Asimismo, estimó que ello no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer de un asunto, pues previamente debe constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Consecuentemente, el Máximo Tribunal determinó que el órgano declinante, contrario a lo que consideró, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con la demanda de amparo directo. Concluyéndose que, de estimarlo contrario, resultaría incongruente con el sistema de competencias que rige el juicio de amparo, y además, se facultaría a los particulares a decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. A mayor abundamiento, apoya lo anterior la tesis de la séptima época, de registro digital 244989 en materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 1, quinta parte, página 13, de rubro y texto: "COMPETENCIA, CUESTIONES DE. SU DECISION CORRESPONDE A LA AUTORIDAD Y NO A LAS PARTES. Es de explorado derecho que la voluntad de los particulares no puede contrariar disposiciones de orden público, como lo son aquellas que fijan la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República Mexicana para conocer y resolver las controversias que les corresponden de acuerdo con las leyes de la materia, de tal manera que el argumento consistente en decir que por el hecho de que la parte actora hubiera manifestado su conformidad con la incompetencia planteada por el demandado, quedaba decidida una cuestión de competencia, carece de validez jurídica, dado que la autoridad laboral debe resolver su competencia o incompetencia con base en la ley y no en la manifestación expresa o implícita de las partes." Continuando con la ejecutoria del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, en la misma también se estableció que, en términos del artículo 17 Constitucional, los órganos que se encuentren en las hipótesis mencionadas con antelación, deberán observar lo siguiente: a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y solo produce dilación en la impartición de justicia. b) El órgano de amparo está obligado, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquel, dado que si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir el acto que se le reclame al tribunal, no puede ser considerado como autoridad responsable, de modo que no existe algún impedimento legal para que pueda conocer de la Litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, debe prevenir a la parte quejosa para que precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal es plantear el impedimento para conocer del asunto de, por ejemplo, uno o más magistrados integrantes en los casos de un órgano colegiado, se le deberá prevenir para que aclare su petición y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b). Lo anterior, tiene sustento en la tesis 1a. LXXIX/2019 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2020659, publicada en la página 115, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." Luego, en el caso que nos ocupa, el órgano declinante sustenta su argumento a razón de que se les señaló como autoridad responsable, no obstante, y concatenado con lo destacado, este juzgador considera que el juez declinante no aduce un punto jurisdiccional concreto para sustentar su argumento, pues atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido conflicto competencial 11/2019, primeramente debió verificar la vinculación existente con los actos reclamados en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se estima que el artículo 37 de la Ley de la Materia fija la competencia de los jueces de distrito con base a la ejecución del acto, esto es, donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o haya ejecutado, y si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso particular, el acto que se reclama tiene ejecución en la Ciudad de México, pues en el escrito inicial de la demanda de amparo los quejosos manifiestan que se encuentran internos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México. De ahí que este órgano jurisdiccional estima que el hecho de ser designados como autoridad responsables no justifica el declinar la competencia en automático, pues se reitera, primero debe valorarse la vinculación existente con los actos que se señalan como reclamados. A mayor abundamiento, se cita la tesis I.5o.A.1 K (11a), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3567, del Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, de la Undécima Época de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2023614, de contenido siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la reubicación de dormitorio en un centro penitenciario, el cual fue turnado a un Juzgado en Materia Administrativa, cuyo titular declinó la competencia por razón de materia a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, en virtud de que el acto reclamado dejó de ser de naturaleza administrativa al haberse judicializado, para ser penal, razones que fueron compartidas por el Juez señalado en segundo término; sin embargo, no aceptó la competencia, al considerar como un obstáculo para proveer sobre la demanda, haber sido señalado como autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no se actualiza el conflicto competencial si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado; por ende, al proveer sobre la demanda, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitir la demanda; pero si de esa revisión existen dudas del porqué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no pueda conocer de la demanda, procede plantear un impedimento para conocer del juicio. Justificación: Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el que se dispuso que es insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; de ahí que si, en el caso, la negativa del Juez de Distrito en Materia Penal radicó en la existencia de un motivo de impedimento para conocer de la demanda al ser señalado como autoridad responsable, ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto." Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada para conocer de la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto, pues se estima que el órgano declinante previo a realizar el pronunciamiento de declinación de competencia, primeramente debió verificar la vinculación existente con los actos que se reclaman, a fin de aducir un argumento jurisdiccional concreto que sustente su razonamiento. Sin que en el caso, se realice mayor pronunciamiento por cuanto hace a decretar la suspensión de plano por los actos establecidos toda vez que la autoridad federal oficiante mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintidós de dos mil veintidós, se pronunció en los siguientes términos: "SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE ATOS PROHIBIDOS DEL 22 CONSTITUCIONAL Y 15 DE LA LEY DE AMPARO. En razón de que algunos de los actos reclamados por los promoventes, consisten en los actos de tortura y malos tratos, cometidos en contra de su integridad física y psicológica, prohibidos por el artículo 22 constitucional, con fundamento en los artículo 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto que las autoridades responsables de inmediato se abstengan de realizar contra los quejosos cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquier acto o abstención tendente a vulnerar o restringir los derechos humanos y fundamentales de los quejosos o perturbarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo; además, para que cese la tortura. Sin que a lo anterior implique dejar sin efectos las medidas de seguidad adoptadas por las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por los Reglamentos que rigen el centro penitenciario. Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado en el términos de VEINTICUATRO HORAS, computado legalmente, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano en el entendido que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme con lo que dispone el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando los actos que se les reclaman, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Se instrtruye al Actuario para que una vez que obre en su poder el expediente en que se actúa, notifique de inmediata esta determinacón a las autoridades responsables y se le faculta para remitir los oficios que se libren para tal efecto vía fax o correo electrónico levantando la razón de envío con los datos respectivos (fecha, hora, persona quien recibe y cargo), y por interconexión para el caso de los Juzgados pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, con independencia de la entrega física o la remisión por correo postal de éstos." Por otra parte, no pasa inadvertido que el Juez declinante, determinó que el juzgado competente para conocer de la demanda de amparo, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria, al ser el más próximo de otro circuito, toda vez que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Juzgados de Distrito en Ciudad de México, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Al respecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". De lo anterior se advierte, que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, se surte a favor de otro juez del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, atendiendo al lugar de ejecución del acto reclamado que es la Ciudad de México, se aprecia que el Juzgado de Distrito más cercano sería el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Asimismo se destaca, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, estableció que la circunscripción territorial del decimonoveno Circuito lo constituye el Estado de Tamaulipas, con quince juzgados de Distrito: cuatro con sede en Ciudad Victoria, dos con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Tampico, uno en Ciudad Madero, dos con residencia en Reynosa y cuatro con sede en Matamoros, uno de ellos en materias de amparo y juicios federales y tres de Procesos Penales Federales, de lo que se advierte que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, como ya se dijo, se estima que sería la Ciudad de Tampico, del Estado de Tamaulipas, quienes también cuenta con jurisdicción mixta. Lo anterior, atendiendo a la distancia en kilómetros que se obtiene de la consulta a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI7action=cmdSolRutasMobile, en la cual aparece que entre la Ciudad de México y Tampico media una distancia total de cuatrocientos noventa y ocho kilómetros, mientras que entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria es una distancia total setecientos dieciocho kilómetros. En consecuencia, devuélvanse vía interconexión y estafeta las constancias que integran el juicio de amparo 1012/2022, a la que se acompañarán las correspondientes al presente juicio de amparo 1818/2022 solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Con impresión de las constancias de cuenta y del presente proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, como los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto, refieren que se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, asimismo, se advierte que la autoridad que señaló como responsable tiene su domicilio fuera de la sede de este Juzgado; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, notifique el presente proveído a los quejosos referidos; para los efectos legales a que haya lugar. Téngase como domicilio de los peticionarios de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente vía exhorto a los quejosos.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el Licenciado Joel Vicente Flores Sarno, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que le fue otorgada en relación a los pagos parciales a la parte quejosa; en ese sentido, dígasele al ocursante que sus manifestaciones serán tomadas en consideración al emitir el pronunciamiento. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, sin mayor pronunciamiento toda vez que por acuerdo de cinco de los corrientes, se acordó respecto a su contenido. Notifíquese.

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