Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Hugo Melchor Nieto
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante que lo suscribe, informa lo relativo al cumplimiento dado a la suspensión de plano otorgada en autos; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de tres de abril del año en curso, se decretó el archivo del presente juicio, lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido.
- Principal
Dese de baja la comunicación oficial en cita y acúsese recibo, salvo que éste se genere automáticamente en el sistema electrónico correspondiente. En ese orden, se tiene a los aquí quejosos, legalmente notificados del acuerdo veintiuno de marzo del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento suscrito por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual remite copia autorizada de la resolución, dictada en el recurso de queja 148/2022, cuyo resolutivo dice: ÚNICO. Es FUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por Carlos Alberto Angelino Barrón, por sí y como representante común de Hugo Melchor Nieto, contra el proveído de diez de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Décimo Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en el juicio de amparo indirecto 15/2022, debiéndose acatar los lineamientos precisados en la parte conclusiva del considerando Séptimo de esta ejecutoria. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Habilitación de día inhábil. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dada la naturaleza del presente sumario se habilita el presente día y horas inhábiles. Cumplimiento de ejecutoria. Ahora bien, en atención a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el recurso de queja 148/2022 de su índice, se deja insubsistente el auto de diez de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, respecto de los actos consistentes en la discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia, agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Asimismo, en cumplimiento a la referida ejecutoria remitida por la Superioridad; este órgano jurisdiccional procede a proveer a lo conducente, para lo cual es pertinente destacar las conclusiones alcanzadas al resolverse la queja 148/2022 penal, siendo las siguientes: "CONCLUSIÓN. En términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, este órgano resolutor considera que debe dejarse insubsistente el auto de diez de enero de dos mil veintidós, mediante el cual la Jueza Décimo Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, desechó la demanda de amparo, respecto de los actos consistentes en la discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional. Por ello, se impone declarar fundado el recurso de queja y, toda vez que este tribunal colegiado no puede asumir la jurisdicción que corresponde, se instruye a la persona Juzgadora Federal del conocimiento, para que dicte un nuevo proveído en el que, de no advertir diversa causal de improcedencia, admita a trámite la demanda y continúe con el procedimiento del juicio de amparo indirecto". Pronunciamiento en torno a la suspensión de plano. En ese orden, atendiendo a lo resuelto por el tribunal colegiado, respecto a la calificación de los actos reclamados, respecto de los cuales revocó el desechamiento de demanda, consistentes en discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional, se procede a pronunciarse en relación a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa. En ese sentido, si bien -por los motivos indicados en el apartado siguiente- este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; sin embargo, en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados destacados en el párrafo que antecede, es necesario acordar de plano la suspensión solicitada, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque la interpretación sistemática del artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto regulan la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo, se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe concederla, en relación con el diverso 15 primer párrafo, de la Ley de Amparo. Así, la concesión de la suspensión de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales relevantes de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del directo quejoso del derecho a la libertad, integridad personal e incluso, vida, máxime que de conformidad con el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber, entre otros, de proteger la dignidad al ser condición y base de todos los derechos humanos. En tal virtud, respecto de tales actos - discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional- al tratarse de de los prohibidos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la ejecutoria dictada en el recurso de queja 148/2022- es dable otorgar la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, ante el peligro de afectación a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Hugo Melchor Nieto, de bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse. En esa tesitura, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentran la discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional de cualquier tipo, es decir, actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales. Luego, al considerarse violatorio de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional, que afirman son objeto los quejosos, por lo que las autoridades responsables deben cesar de inmediato dichos actos reclamados y/o cualesquier otro acto que pueda poner en peligro la vida y/o su integridad física y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional (es decir, a penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, tortura, privación de alimentos y agua, así como de penas inusitadas y trascendentales), que se generen en el interior de la Penitenciaría de Ciudad de México, donde se encuentran recluidos. Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un agravio de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos de los actos reclamados mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Requerimiento de informe de suspensión de plano. En ese orden, tomando en consideración que el cumplimiento de los autos de suspensión es de orden público y que todas las autoridades del país están obligadas a velar por su eficaz e inmediato cumplimiento, se dispone lo siguiente: Mediante oficio que derive del presente acuerdo, requiérase al Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, por ser el superior de las autoridades responsables que podrían tener participación en la ejecución de los citados actos reclamados, en virtud del lugar en el que se encuentran internos, esto es, la Penitenciaria de la Ciudad de México. Lo anterior, para que de inmediato por su conducto gire las instrucciones a fin de que se acate la medida cautelar decretada, lo cual deberá informar dentro del plazo de veinticuatro horas el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omiso, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado. Orienta lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: SUSPENSION, AUTOS DE. SON DE ORDEN PUBLICO. La ejecución de los autos de suspensión es de orden público y todas las autoridades del país están obligadas a velar por su eficaz e inmediato cumplimiento. Asimismo, el artículo 206 de la Ley de Amparo, no es sino reglamentación del precepto contenido en la fracción XVII del artículo 107 constitucional, al disponer que "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será castigada con la sanción que señala el artículo 213 del Código Penal, por cuanto a la desobediencia cometida". Esto es, prisión de seis meses a seis años, multa de veinticinco a mil pesos y destitución de empleo . Del mismo modo, hágase saber a las autoridades responsables que de conformidad con la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, de no obedecer esta medida suspensional, se podrían hacer acreedoras a una pena de tres a nueve años de prisión, y a una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, que el incumplimiento a la suspensión de plano equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo, ilícito que de llegar a consumarse, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales que procedan. Para tal efecto, se hace del conocimiento que el informe que se requiere preferentemente debe ser enviarlo al correo electrónico informes13jdo19cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (833) 2-74-17-69; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, las autoridades las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Adolfo López Mateos 117 Sur, colonia Unidad Nacional, entre Álvaro Obregón y Oaxaca, Edificio Premier, Ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89410; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Se comisiona al actuario judicial que al efecto se comisione para que localice a los directos quejosos. Para lograr la debida eficacia de la medida concedida, se comisiona al actuario judicial que al efecto se designe para que se apersone en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, lugar en el que en la demanda de amparo se indica que se encuentran recluidos los directos quejosos; y una vez que tenga conocimiento de quien es el encargado del área, deberá requerirlo para que "bajo protesta de decir verdad" le indique si los quejosos efectivamente se encuentran internos en ese lugar, en caso afirmativo, le haga saber que debe acatar la suspensión de plano que les fue concedida y de las penas que incurren de no obedecer la misma, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, debiendo levantar el acta correspondiente. Una vez que el Actuario lo encuentre, deberá asentar en la razón que al efecto levante: 1. La fecha y la hora en que se constituyó en el lugar donde esté detenido el directo quejoso. 2. El nombre del servidor o funcionario público que lo atendió. 3. Que solicitó la comparecencia inmediata de los directos quejosos. 4. De ser el caso, la razón que dio la autoridad para retrasar la comparecencia del amparista y la hora en que estuvo ante su presencia al directo quejoso. 5. Notificarle a los quejosos el presente proveído, a quienes en el acto de la diligencia deberá preguntarles si fueron incomunicados u objeto de malos tratos y, en caso afirmativo, deberá describir las lesiones que advierta e informar de inmediato a esta juzgadora. 6. Así como cualquier otro dato que, sin estar comprendido en los antes listados, igualmente resulte de especial importancia para el cumplimiento de la medida cautelar dictada. Incompetencia. Debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal fundamental. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto. Así, es necesario definir el vocablo competencia. Concepto de competencia. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poder-deber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor compresión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. El segundo (objetivo), es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. Dicho de otro modo, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. Reglas de competencia. En el caso, para la fijación de la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, el artículo 107, fracción VII, constitucional señala lo siguiente: [A]rtículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Del anterior precepto constitucional se obtiene que, para conocer del juicio de amparo, como regla general, es competente el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado: 1) se ejecute o 2) trate de ejecutarse; destacando que, para efectos de su tramitación, entre otros aspectos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por i) materia, ii) grado, iii) auxiliar, iv) concurrente y v) por territorio; en el caso, interesa destacar las referentes a las de "territorio". Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del numeral reproducido se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito. La primera se caracteriza porque, al margen del lugar en donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, requieren de ejecución por parte de una autoridad. La segunda, más que un supuesto diverso a la primera regla, constituye un matiz de la anterior, ya que, sobre el mismo criterio, prevé que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera se refiere a que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Adicionalmente, debe decirse que de las tres directrices en comento puede apreciarse claramente que, para la determinación de la competencia, la Ley de Amparo atiende, como regla general, a los efectos producidos por el acto tildado de inconstitucional, desde la perspectiva de la ejecución material que requiera, de modo que si no la conlleva, la competencia deberá ser definida privilegiando la voluntad del quejoso, esto es, a favor del juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. Naturaleza de los actos reclamados. En ese contexto, para resolver el asunto, una primera cuestión a dilucidar es bajo qué regla de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio, se ubican los actos reclamados por la quejosa. Con tal propósito, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los respectivos actos y determinar si son de ejecución material o no. Análisis de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo , así como lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el recurso de queja 148/2022 de su índice, se llega al conocimiento de que los actos reclamados respecto de los cuales se ordenó pronunciarse en torno a la admisión o desechamiento de la demanda lo son, la discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional), que atribuyen al Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades penitenciarias y administrativas de dicha ciudad, así como a los gobernadores de distintas entidades federativas, que se señalan en la demanda de amparo. Asimismo, la parte quejosa refiere que se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, lo que se corrobora con las diligencias de notificación levantadas el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por la Actuaria Adscrita al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Consecuentemente, en el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la primera que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se estén ejecutando los actos reclamados, y de este modo, como se dijo analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este asunto, dicha ejecución únicamente se puede llevar a cabo en el lugar de reclusión de los directos quejosos, a saber la Penitenciaria de la Ciudad de México. De lo anteriormente destacado, se colige que [1] los actos reclamados -la discriminación y la intimidación equiparada a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura psicofísica y socioemocional- se atribuyen a autoridades penitenciarias y administrativas de la Ciudad de México y distintas entidades federativas, asimismo, se acredita que esos actos [2] tienen ejecución en la Ciudad de México, por ser el lugar donde se encuentran internos los solicitantes de amparo, esto es, en la Penitenciaría de la Ciudad de México, por tanto, [3] resulta competente para conocer de la demanda un Juez de Distrito especializado en Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Lo anterior, sin desconocer que en un principio se encontraban señalados dichos jueces federales y otros como autoridades, sin embargo, atendiendo a lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento, se advierte que los actos reclamados cuya tramitación se ordena, son los anteriormente destacados, los cuales no fueron atribuidos a los Juzgados de Distrito señalados en la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que en la especie quien resulta legalmente competente para conocer del asunto es un Juez de Distrito especializado en Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por tener jurisdicción en el lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, por ser donde se encuentran recluidos los quejosos. Por todo lo anterior, con apoyo en los citados preceptos legales y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad México, en turno. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado determina carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad México, en turno, porque en su jurisdicción es donde se ejecutan los actos reclamados; por tanto, remítase el expediente con sus anexos al citado órgano jurisdiccional, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que les preste servicio. Solicitud de acuse. Se solicita amablemente al Juzgado de Distrito que le corresponda conocer del presenta asunto informe si acepta o no la competencia que se declina a su favor. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de la demanda y el presente acuerdo, asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación a los directos quejosos. Toda vez que los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Hugo Melchor Nieto, se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, al resultar necesaria la práctica de notificación personal, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vía interconexión remítase de exhorto electrónico al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, instruya al Actuario de su adscripción, a efecto de que. Se constituya en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de que: a) Realice las diligencias ordenadas en el presente proveído, para lograr la debida eficacia de la medida cautelar concedida a los quejosos y que fueron precisadas en el apartado correspondiente identificado como pronunciamiento en torno a la suspensión de plano. b) Notifique a los directos quejosos el presente proveído. c) Haga entrega a la autoridad responsable Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, del oficio que al efecto se anexa y que contienen inserto el contenido del presente acuerdo, con copia de la demanda de amparo. Por ello, se solicita atentamente a los homólogos federales, instruyan a sus actuarios judiciales para atiendan las medidas contenidas en el Decreto emitido por la Secretaría de Salud para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, reiteradas en el diverso Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y por ende, en vigor a partir de ese momento). Instrucción al Secretario encargado del trámite del asunto, Actuarios Judiciales y Oficiales Judiciales. En atención a la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, debe tenerse en cuenta en la integración del expediente físico y electrónico a que se refiere el artículo 3, de la Ley de Amparo, lo previsto tanto en dichos instrumento normativo en sus apartados: A) Tercero que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y B) Cuarto que reforma y adiciona los artículos ahí indicados del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, toda vez que en términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se reformó para indicar que los órganos jurisdiccionales tramitarán e integrarán los asuntos de su competencia a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; así la firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese en términos de ley.
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