Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 154/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, en especial el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Jesús Solórzano Martínez, Juan Manuel Espinosa González, Marcelino Sánchez Segura, Eduardo Ampudia Fraustro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Pablo Velázquez Jiménez, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Diego Issac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Alvarado Saucillo, Enrique Mejía Bello, Eduardo Flores Castro, y Jaime Flores León, y se ordenó notificar mediante exhorto a los quejosos; no obstante lo anterior, de autos no se desprende constancia alguna que acredite que el citado exhorto haya sido remitido al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno. Ahora bien, resulta innecesario remitir la comunicación oficial en cita, lo anterior tiene su fundamento en las siguientes consideraciones: Dado que en el caso que se analiza, no se advirtió la voluntad de promover juicio de amparo de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte, pues la demanda de amparo que dio origen a este asunto carece de firma electrónica, es evidente que no existe parte quejosa, pues no hay quien haya acudido al juicio, de ahí que no deba reconocerse el carácter de quejosos a ninguno de los promoventes y, por ende, tampoco notificarles personalmente el proveído de tres de febrero de dos mil veintidós. Cabe destacar que igual determinación adoptó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al resolver el recurso de queja 193/2021, en sesión de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, ejecutoria que se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el artículo 2 de la misma, se regulariza el procedimiento y se ordena notificar a los promoventes mediante lista de acuerdos, el proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, para que efectúe la citada notificación. EL PROVEÍDO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICE: Tampico, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, del que se advierte que mediante auto de once de enero de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Jesús Solórzano Martínez, Juan Manuel Espinosa González, Marcelino Sánchez Segura, Eduardo Ampudia Fraustro, Renán Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Pablo Velázquez Jiménez, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Diego Issac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Alvarado Saucillo, Enrique Mejía Bello, Eduardo Flores Castro y Jaime León Flores, contra actos de la Dirección de Penitenciaría de la Ciudad México y de otras autoridades, radicada en ese Juzgado con el número de juicio de amparo 10/2022- V. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y regístrese el asunto con el número de juicio 154/2022-IV-1, que le corresponde. Acúsese recibo. SUSPENSION DE PLANO Sin que haya lugar a pronunciarse al respecto, en razón a que la autoridad declinante refirió que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en proveído de once de enero de dos mil veintidós, proveyó respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados, atento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como actos destacados: Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que los promoventes atribuyen a las autoridades responsables son: La orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México y la reubicación de un dormitorio a otro diverso o estancia, módulo o área diversa. Tampoco, se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, ni reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refieren dichos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.1o.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio.1" Y la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, de contenido y texto siguientes: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la 1 Emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458. Novena Época. Materias(s): Común. Registro digital: 179731. suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.2" Es pertinente puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Ello porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal. De ahí que conforme a las explicaciones dadas, se estima que los actos reclamados no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la ley de 2 Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951. Octava Época. Materias(s): Administrativa. Registro digital: 229397. amparo, a fin de determinar que la demanda de amparo sea de tramitación urgente, supuesto que en el caso no se actualiza. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la parte promovente hubiere hecho derivar como consecuencia de los actos reclamados en forma destacada, aquéllos que ponen en peligro la vida, salud e integridad física y dignidad personal y psicoemocional, pues al respecto no relatan dato u hecho alguno que permita calificar aunque sea indiciariamente que esos actos o sus consecuencias pudieran poner en riesgo los derechos que aduce; por tanto, esos actos por su naturaleza no se trata de alguno de los diversos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se sostiene, porque de la lectura de la demanda no se evidencia que tales actos se llevaron a cabo contra los directos quejosos, y ello, permite concluir que dichas consecuencias las hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron destacadamente (traslado y reubicación). En mérito de lo expuesto, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, este Juzgador considera que debe desecharse la misma por las razones que enseguida se exponen. Para justificar tal determinación, es necesario analizar lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.3" 3 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Conforme a esos lineamientos, a criterio de este quien aquí juzga, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 3°, 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que en lo conducente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la Ley de Amparo, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, deberán utilizar la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque, a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla, lo que al mismo tiempo, en caso de ausencia, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Asimismo se destaca que del contenido de los artículos 45 y 52, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo [lo que en el caso no acontece como se explicó], es necesario que el promovente ingrese al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 16 del citado Acuerdo General, o bien, con su firma electrónica vigente. Además, deberá ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizando el formato predeterminado o llenará el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, y finalmente, agregará su firma electrónica vigente, capturando un código de seguridad a efecto de enviar su demanda. Ahora, en el caso concreto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte en forma patente y absolutamente clara (manifiesto) que la demanda se presentó vía electrónica y no cuenta con firma electrónica o evidencia criptográfica de los promoventes, así como que tampoco se ubica en el supuesto normativo contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción (indudable) que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque, ante la falta de firma de los directos quejosos, el suscrito no advierte la manifestación de su voluntad para instar el presente juicio, ya que, como se ha precisado, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la ley de la materia, dispone que la Firma Electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, pues, se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese sentido, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte de los promoventes no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que hubiera sido materia de aclaración, pues de considerarlo así, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En efecto, debe decirse que en este caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Máxime, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por el interesado, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa. Así, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, pues, al carecer de firmas la demanda, es claro que los promoventes no manifiestan su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ahora, si como en el caso, la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma; formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte agraviada. Por ello, al no constar la voluntad de los agraviados de solicitar la protección de la Justicia Federal, tiene que concluirse que, si la demanda fue presentada sin firma, no se presupone el interés de los agraviados de motivar al órgano jurisdiccional. Por tanto, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de los directamente quejosos para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa, lo que conduce a concluir que la acción constitucional no se ha ejercido. Consecuentemente, dado que los actos reclamados no se ubican entre los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y ante la falta de firma electrónica de los directos quejosos, es que no existe la manifestación de su voluntad para instar el presente asunto, por tanto, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3°, 5° y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia: Común, Décima Época, del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Es de hacer notar que el presente criterio fue abordado por el Segundo Tribunal Colegido en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver y declarar infundada la queja 193/2021, de su estadística. EXHORTO PARA NOTIFICAR En otro aspecto, dado que Carlos Alberto Angelino Barrón, Jesús Solórzano Martínez, Juan Manuel Espinosa González, Marcelino Sánchez Segura, Eduardo Ampudia Fraustro, Renán Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Pablo Velázquez Jiménez, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Diego Issac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Alvarado Saucillo, Enrique Mejía Bello, Eduardo Flores Castro y Jaime León Flores, se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado; arábigos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el lugar de reclusión de los directamente quejosos, y les notifique el presente acuerdo, asimismo, los requiera a fin de que en el término de tres días, computado legalmente, señalen domicilio en la zona conurbada que comprende los Municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Estado de Tamaulipas, donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, les serán hechas por lista de acuerdos, conforme con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley invocada. Se hace saber que por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, e inserto al oficio 14654/2018, en el que precisó que los juzgadores exhortantes tienen a su cargo la obligación de señalar con claridad el objeto de las diligencias que encomiendan, así como proporcionar todos los elementos necesarios para que se puedan llevar a cabo, y por su parte, los juzgadores exhortados en el ejercicio de sus funciones, más allá de la duda, incertidumbre o falta de certeza que pudieran provocarles alguna circunstancia relacionada con la diligencia encomendada, que pudiera incidir en su auxilio judicial, se encuentran aptitud de solicitar de manera inmediata, a través de todos los medios que se encuentran a su alcance, la aclaración de ciertos aspectos relacionados con la encomienda, la remisión de los documentos que considere faltantes, o bien, de cualquier elemento que estime imprescindible para dar cumplimiento al encargo que se le solicita; y como consecuencia de ello, las autoridades exhortantes estarán en posibilidad de ordenar se realicen las gestiones necesarias para que de manera puntual y con la celeridad debida, se desahoguen las interrogantes, las faltas advertidas o las peticiones formuladas sean cumplidas, trascendiendo esa colaboración y auxilio institucional en beneficio de los justiciables, para con ello respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LEY DE TRANSPARENCIA Se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Procédase a la digitalización del expediente electrónico. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos. Se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARTINA PIÑA CASTILLO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (www.cjf.gob.mx), EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por los motivos expuestos, SE TIENE POR CUMPLIDA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes, que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos. Se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General.

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