Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 523/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
523/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Juan Manuel Espinosa González
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que el agraviado Juan Manuel Espinosa González, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el dos de junio del año en curso, en el que se desechó su demanda de derechos fundamentales; asimismo, que Carlos Alberto Angelino Barrón, tampoco hizo valer dicho medio de impugnación en contra del auto de veintisiete de octubre de la misma anualidad, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de los actos que le reprochó a los Jueces que señaló como responsables; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dichas determinaciones judiciales han causado estado. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 24620/2021, allegado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 655/2021-V (766/2021-V), librado con el propósito de notificar al agraviado Carlos Alberto Angelino Barrón, la determinación judicial dictada el veintisiete de octubre de la presente anualidad; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este tribunal la citada comunicación oficial. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 36647/2021, allegado vía electrónica por el secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 609/2021-V (712/2021-V), librado con el propósito de notificar al agraviado Carlos Alberto Angelino Barrón, el acuerdo dictado el once de los corrientes; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este tribunal la citada comunicación oficial. Por otro lado, de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al mencionado quejoso, para que diera cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de once de octubre de dos mil veintiuno (fojas 67 a 72), esto es, manifestara en forma concreta los actos que reprochaba a cada uno de los Jueces que señala como responsables, así como los antecedentes derivados de los mismos, sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado en dicho acuerdo y con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo única y exclusivamente por lo que hace a todos los jueces que señaló como responsables. De igual manera, del estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el agraviado Carlos Alberto Angelino Barrón, manifestó que sí ratifica la demanda que dio origen a este asunto, promovida a su favor por Carlos González Valencia (foja 87). Por tanto, se procede a analizar la demanda a que se hace referencia en el párrafo que antecede, por lo que hace al acto reclamado a las restantes autoridades responsables en el escrito inicial de derechos fundamentales, consistente en la reubicación del aquí quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, a otro dormitorio en el mismo lugar en el que se encuentra interno, a saber, la Penitenciaría de la Ciudad de México, ubicada en calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Martha Acatitla. Una vez realzado lo anterior, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de derechos fundamentales promovida por Carlos González Valencia, a favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso, el agraviado señala como principal acto reclamado su reubicación a otro dormitorio en la misma penitenciaría en que se encuentra interno. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado. En efecto, la orden de reubicarlo tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón (Penitenciaría de la Ciudad de México), por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza la Penitenciaría de la Ciudad de México, ubicada en avenida Ermita Iztapalapa, sin número, colonia Santa Martha Acatitla, lugar en el que se encuentra recluido el peticionario del amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En otro orden, es un hecho notorio para este Tribunal, el caso de que mediante ejecutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el conflicto competencial 7/2021, de su índice, declaró legalmente competente al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en Turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso por idénticos actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que el aquí agraviado Carlos Alberto Angelino Barrón, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría en la Ciudad de México, es decir fuera de la jurisdicción de este tribunal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique personalmente el presente proveído al impetrante de garantías de mérito, y una vez realizado lo anterior lo devuelva a la brevedad posible. De igual manera, se faculta al juzgado exhortado para que, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para que se lleve a cabo la encomienda aquí planteada. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número 4142/2021 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida por dicha Superioridad en sesión de veintitrés de septiembre del año año en curso, dentro del recurso de queja 134/2021, formado con motivo del medio de impugnación hecho valer por el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, en contra del proveído de dos de junio de dos mil veintiuno (fojas 4 a 9), dictado por este órgano jurisdiccional, dentro de los autos del presente juicio de garantías, por la que resolvió lo siguiente: ".ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, en términos del precepto 112 de la Ley de Amparo, este tribunal procede al estudio integral de la demanda con que se da cuenta, misma que se advierte obscura e imprecisa. Cierto, en primer término, cabe destacar que en los apartados relativos a autoridades responsables y actos reclamados, la parte quejosa señaló: Autoridades responsables: 1. Dirección de la Penitenciaría. 2. Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría. 3. Subdirección de Apoyo Técnico de la Penitenciaría. 4. Comité Técnico de la Penitenciaría. 5. Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría. 6. Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 7. Secretaría de Gobierno. 8. Jefe de Gobierno. 9. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria. 10. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todos del Gobierno de la Ciudad de México. 11. Secretario de Gobernación. 12. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 13. Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 14. Presidente de México. Todos con sede en la Ciudad de México. 15. Gobernador del Estado de Aguascalientes, con sede en la Ciudad del mismo nombre. 16. Gobernador del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. 17. Gobernador del Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz. 18. Gobernador del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. 19. Gobernador del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. 20. Gobernador del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. 21. Gobernador del Estado de Colima, con sede en la ciudad del mismo nombre. 22. Gobernador del Estado de Campeche, con sede en la ciudad del mismo nombre. 23. Gobernador del Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre. 24. Gobernador del Estado de México, con sede en Toluca. 25. Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo. 26. Gobernador del Estado Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre. 27. Gobernador del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara. 28. Gobernador del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. 29. Gobernador del Estado de Nayarit, con sede en Tepic. 30. Gobernador del Estado Nuevo León, con sede en Monterrey. 31. Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. 32. Gobernador del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. 33. Gobernador del Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad del mismo nombre. 34. Gobernador del Estado de Puebla, con sede en Puebla de Zaragoza. 35. Gobernador del Estado de Querétaro, con sede en Santiago de Querétaro. 36. Gobernador del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal. 37. Gobernador del Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre. 38. Gobernador del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. 39. Gobernador del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. 40. Gobernador del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa. 41. Gobernador del Estado Tlaxcala, con sede en la ciudad del mismo nombre. 42. Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 43. Gobernador del Estado Yucatán, con sede en Mérida. 44. Gobernador del Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre. Actos reclamados: ".Traslado fuera de procedimiento (ataques a la libertad) de los quejosos de la penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal y sicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional. Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por motivos discriminatorios que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal y sicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo." (SIC). En ese sentido, la demanda de cuenta refleja oscuridad, ya que si bien señala diversos actos relacionados con la reubicación del dormitorio en el lugar de reclusión en el que se encuentra, no es claro en precisar cuáles actos combate de los Jueces que señala como responsables; de manera tal que habrá de aclarar esa cuestión, para que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de analizar la admisión o desechamiento de la demanda de garantías. Así las cosas, en primer término, tomando en consideración que la demanda de amparo fue promovida por Carlos González Valencia, en representación del agraviado directo Carlos Alberto Angelino Barrón, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario de la Ciudad de México, requiérase a este último para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días hábiles, manifieste si la ratifica o no; apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada como lo establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en caso de ratificar la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, se previene al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, para que al momento de la notificación del presente auto o dentro del término de cinco días legalmente computado, en vía de aclaración de demanda y bajo protesta de decir verdad precise: En forma concreta los actos que combate a cada uno de los Jueces que señala como responsables, así como los antecedentes derivados del mismo; lo anterior, dado que, en esencia, la causa de pedir, constituye en su reubicación a otro dormitorio en el centro en el que se encuentra interno, sin injerencia de algún órgano jurisdiccional. Aclare si aún continúa con interés en la subsistencia de la demanda promovida a su favor por Carlos González Valencia, recibida ante este tribunal el día dos de junio de dos mil veintiuno, ya que resulta indispensable que lo que se reproche en los juicios de garantías sea claro y preciso, para poder establecer, en su momento, la relación procesal. Encuentra apoyo en la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de recisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, conn razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el entendido de que se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo indicado, se procederá de acuerdo como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En otro aspecto, tocante a la medida cautelar solicitada, cabe destacar que el numeral 48 de la Ley de Amparo, establece que, cuando se presente una demanda ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la orden de traslado no encuadra en alguna de las hipótesis en mención, y tampoco se considera que deba atenderse por excepción la suspensión de plano, ya que mediante Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se excluyó a las órdenes de traslado de los casos urgentes de turno. Por tanto, como en el presente asunto se reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, aduce se ejecutará sobre su persona, este Juzgado de Distrito no se pronunciará sobre la suspensión de plano, pues como ya quedó plasmado en párrafos precedentes, las órdenes de traslado se eliminaron por Acuerdo General de los supuestos de asuntos urgentes para turno y no encuadran en alguna hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, para ello. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano solicitada respecto al acto reclamado consistente en la reubicación del quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a diverso módulo dentro del área en que se encuentra recluido; lo que manifiesta pone en riego grave la salud, vida, integridad y dignidad del agraviado. Lo anterior, sin que este Juzgado de Distrito condicione dicha medida, ya que se contravendría el efecto útil de la misma. Máxime que el legislador no introdujo matices o requisitos adicionales en el propio artículo 126, citado con antelación; asimismo, en relación con los actos que el quejoso hace consistir en los prohibidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que aduce se ejecutan en su contra, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, la suspensión de plano para que cesen de manera inmediata los actos mencionados, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, se requiere a las autoridades responsables denominadas Dirección, Subdirección de Apoyo Técnico, Subdirección de Seguridad, Jefatura de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento y Comité Técnico, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Ahora bien, toda vez que el aquí agraviado Carlos Alberto Angelino Barrón, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría en la Ciudad de México, es decir fuera de la jurisdicción de este tribunal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique personalmente el presente proveído al impetrante de garantías de mérito, y una vez realizado lo anterior lo devuelva a la brevedad posible. Asimismo, requiera a dicho agraviado, para que verbalmente en el acto de la notificación o por escrito dentro del término de tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor; apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada; además, en caso de ratificarla en ese momento, lo requiera también para que realice la aclaración de demanda en los términos que han quedado precisados. De igual manera, se faculta al juzgado exhortado para que, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para que se lleve a cabo la encomienda aquí planteada. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto en el lugar donde se encuentra recluido.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria con quien actúa y da fe. L'RIGU ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE. SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, doce de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 3210/2021, firmado electrónicamente por el secretario de acuerdos y la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, así como la evidencia criptográfica respectiva, mismo que contiene la transcripción del acuerdo de nueve de los corrientes, por el que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por el agraviado ********************, en contra del acuerdo de dos de junio del año actual, mismo que quedó registrado bajo el expediente de queja ********************; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria con quien actúa y da fe. L'RIGU

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