Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
76/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Presdeinte de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la pieza postal devuelta por la oficina de Correos de México, mismo que contiene el oficio ++ dirigido al Gobernador de Guerrero. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias y para que la autoridad de mérito tenga conocimiento del contenido del oficio en comento, se comisiona a la Actuaria de la adscripción a fin de que reenvíe el mismo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    se tiene por recibida la pieza postal devuelta por la oficina de Correos de México, mismo que contiene el oficio ++dirigido a Jueces de Ejecución de Control y Unidades de Gestión Judicial de la Ciudad de México. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias y para que la autoridad de mérito tenga conocimiento del contenido del oficio en comento, se comisiona a la Actuaria de la adscripción a fin de que reenvíe el mismo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    se tiene por recibida la pieza postal devuelta por la oficina de Correos de México, mismo que contiene el oficio 3885/2021, dirigido al Gobernador de Nayarit. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias y para que la autoridad de mérito tenga conocimiento del contenido del oficio en comento, se comisiona a la Actuaria de la adscripción a fin de que reenvíe el mismo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se desprende que ya no fue posible continuar con la tramitación de este asunto, dada la suspensión de plazos y términos procesales instruida con motivo de la expedición de la circular CAP/3/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores y Secretario de la Comisión de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en la página oficial electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, la que por esa razón, constituye un hecho notorio para este juzgador y demás partes que intervienen en el expediente que nos ocupa. Es el caso que mediante la citada circular se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones l, ll, lll y lV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de las labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, tomando en consideración que el citado periodo ha transcurrido, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en que se encontraba este juicio de amparo por los motivos señalados y, por ende, se reanuda el trámite de ejecución en este procedimiento hasta su conclusión. En la inteligencia que, como los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Asimismo, en atención a la diversa circular SECNO/10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020 y 37/2020, adoptando las medidas previstas en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del citado acuerdo. Sin que en la especie resulte procedente instruir la notificación personal de la presente determinación, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto establece el artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 88 y 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia; toda vez que el periodo de suspensión decretada no rebasa los seis meses de inactividad a que alude el segundo de los ordenamientos en cita, además de la notoriedad del hecho de la publicación del instrumento por virtud del cual se decretó la suspensión de plazos y términos procesales, a saber, la circular CAP/3/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores y Secretario de la Comisión de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en la página oficial de internet del Consejo de la Judicatura Federal; máxime que con ello se contribuye a garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada desahogó dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Minerva Beltrán Segura, para los efectos siguientes: "Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor de la quejosa Minerva Beltrán Segura, para el efecto de que: No se aplique en lo presente ni en lo futuro el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. 2. Se deje sin efectos el oficio SP/DPSHT/1972/2019, de dos de abril de dos mil diecinueve, a través del cual el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, comunicó a Minerva Beltrán Segura que la suma de las pensiones por jubilación y viudez que le fueron otorgadas, rebasaban el monto equivalente a diez salarios mínimos, para lo cual citó como fundamento toral, el referido artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Se reanuden los pagos en favor de Minerva Beltrán Segura, con motivo a la pensión por viudez número 658811, y realicen los pagos retroactivos que, en su caso, se actualicen desde la fecha en que se dejó de pagar la pensión de mérito a aquella en que reanude el pago pensionario. Lo dispuesto en los dos puntos que anteceden, es en el entendido de que dicha obligación sólo existe mientras no sea declarado invalido el acuerdo pensionario en mención." Por acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo, en reiteradas ocasiones. En cumplimiento al citado fallo protector el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió diversas constancias de la que se advierte lo siguiente: Prescindió de utilizar como fundamento el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mediante oficio SP/DPSHT/4956/2019 dejó sin efectos el diverso SP/DPSHT/1972/2019. Reanudó el pago de la pensión por viudez y realizó el calculó del pago retroactivo de dicha pensión, incluyendo aguinaldo, por el tiempo en el que surgió la incompatibilidad en razón de que se encontraba como trabajadora activa. Asimismo, le informó a la quejosa que en el mes de febrero de este año, realizó el ajuste conforme a los incrementos correspondientes a su sueldo mensual, incluyendo el pago retroactivo del mes de marzo de dos mil diecinueve al mes de enero del año en curso, el cual comprende aguinaldos. De igual forma, le hizo del conocimiento que el título de crédito a su nombre está a su disposición en el área competente de la Delegación Estatal. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, por lo que 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, la autoridad responsable al cumplir con los lineamientos a los que fue constreñida en la sentencia, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el sentido de que no se tenga cumplida la ejecutoria de amparo; por lo tanto, se tienen por vertidas las mismas, sin embargo, como ya se dijo la autoridad responsable cumple con los efectos y lineamientos a los que fue constreñida en la sentencia concesoria. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente juicio de amparo se considera depurable, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional; además, de que no es de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el expediente en cita, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Destruir el incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general conjunto, al negarse la suspensión definitiva; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículos 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales presentados por las partes, que obren glosados en autos. Una vez que se remita el expediente al archivo, la Secretaria deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico. Por otra parte, vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito remitido por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones; en atención a ello, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Por último, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "REANUDA PROCEDIMIENTO, CUMPLIMIENTO, SE ORDENA ARCHIVO". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Herminia Hernández Mireles, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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