Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 35/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
35/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiséis de enero del año en curso, que desechó la demanda promovida por ..., no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama de la Comité Técnico Penitenciario y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 35/2021. Digitalización. Desechamiento. Por otra parte, es necesario traer a colacion lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Articulo 113. El organo jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano." De la lectura del articulo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligacion de examinar la demanda de garantias para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; ademas, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que tambien sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institucion juridica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitucion Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el organo jurisdiccional se encuentra imposibilitado juridicamente para analizar y resolver de fondo la cuestion planteada. La improcedencia es de orden pu´blico y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, segu´n sea el caso especi´fico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que esta´ plenamente acreditado y no requiere mayor demostracio´n, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; adema´s, da la certeza y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no seri´a posible arribar a una conviccio´n diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que este´n acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo no contiene la firma autógrafa ni electrónica del promovente Miguel Ángel Fonseca Valencia; por lo que se colige que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un intere´s legi´timo individual o colectivo, pueden ocurrir a trave´s del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectacio´n directa o en virtud de su situacio´n especial frente al orden juri´dico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea fi´sica o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera juri´dica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podra´ impugnar el acto reclamado por si´ mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podra´n ser presentadas de forma electro´nica, utilizando la firma electro´nica, e´sta producira´ los mismos efectos juri´dicos que la firma auto´grafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vi´a electro´nica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los arti´culos 3, pa´rrafos cuarto y quinto, 5, fraccio´n I, y 6, primer pa´rrafo, de la Ley de Amparo; igualmente, se debera´ agregar la firma electro´nica vigente de quien promueve, ya que e´ste es un requisito establecido en el arti´culo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n y del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Arti´culo 72. Para la presentacio´n de demandas de manera electro´nica, con excepcio´n de las promovidas en te´rminos del arti´culo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opcio´n de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Li´nea del Poder Judicial de la Federacio´n, ingresara´n su "Nombre de Usuario y Contrasen~a" que generaron al momento de registrarse conforme al arti´culo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a trave´s de su firma electro´nica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, sen~alara´n en el boto´n de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electro´nico en caso de contar con ella, seleccionara´n de un mapa la Oficina de Correspondencia Comu´n de los o´rganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficiali´a de Partes del o´rgano jurisdiccional, ingresara´n el archivo electro´nico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizara´n el formato o el texto en blanco que se encontrara´ a su disposicio´n, agregara´n a su escrito de demanda su firma electro´nica vigente, capturara´n un co´digo de seguridad y enviara´n su demanda. Asimismo, podra´n enviar junto con su demanda de amparo los archivos electro´nicos que contengan los documentos anexos." Sin que el solicitante de amparo haya colmado lo previsto por el precepto legal en cita, pues como se ha puntualizado, la demanda de amparo de cuenta carece de la firma electrónica de quien la promueve. Aunado a lo anterior, el ocursante no estampó firma autógrafa en la demanda de amparo ni su huella, en caso de que no supiera leer ni escribir, circunstancia que tampoco se advierte. Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de expresión de la voluntad de quien se estima agraviado; lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma autógrafa ni electrónica vigente, en la demanda presentada electrónicamente, dicha omisión provoca una ausencia de voluntad, lo que ocasiona la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo, puesto que no podría realizarse el análisis de las violaciones de derechos fundamentales alegados en ese escrito, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta y al escrito de demanda, se advierte que no contiene firma autógrafa ni electrónica vigente correspondiente a la parte promovente; esto es, de Miguel Ángel Fonseca Valencia; por tanto, se considera que se evidencia la falta de la voluntad de la parte solicitante de amparo. Lo anterior, se corrobora con la observación asentada por la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, sobre el sello de recepción que consta en el escrito que se provee, que textualmente señala "sin ningún tipo de firma". Sin que en el caso, se puede acreditar por el promovente que el acto reclamado por este en representación de los directos quejosos se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, además reclama también el cambio del dormitorio cuatro zona uno estancia doce al dormitorio uno dormitorio diverso o módulo de castigo; no obstante, no precisa el reclusorio en el que se encuentran internos sus representados (que dicho sea de paso en la Ciudad de México son cuatro), tampoco indica el promovente si es el abogado defensor de los directos quejosos y de ser así la causa penal a la que están sujetos como procesados o sentenciados; o que al promovente de amparo se le impidió comunicarse con su "representados" por las autoridades penitenciarias; y como es que tuvo conocimiento de los actos que atribuye a las responsables; es decir si en entrevista con Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González; de este modo, aun habiendo el promovente realizado la "protesta de decir verdad", resulta inverosímil su dicho, por lo que no es posible considerarlo para acreditar los antecedentes de los actos que reclama. En efecto, señala los juzgados de distrito en materia penal de los treinta y dos circuitos; sin embargo, se insiste, no indica la causa penal a la que están sujetos los peticionarios de amparo, ni en que órgano jurisdiccional se sustancia la misma. En ese sentido, el promovente no demostrar que los actos de autoridad que señala en realidad sea de alguno de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, no resulta aplicable lo establecido en el diverso 109 del ordenamiento legal invocado, que prevé que en tales supuestos, resulta innecesaria la firma electrónica. Además, se estima pertinente hacer del conocimiento del promovente, que la exigencia de su firma electrónica vigente, no resulta un obstáculo para que éste ejerza eficazmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a disposición de los justiciables, una aplicación para tramitar a Firma Electrónica Certificada (FIREL), procedimiento que debe iniciarse desde el portal www.firel.pjf.gob.mx. Ahora, cabe destacar que dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo; por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio por parte de Miguel Ángel Fonseca Valencia, con fundamento en el artículo 3 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Notifíquese.

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