Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por *********, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para la autoridad responsable, toda vez que, carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con el artículo 87 párrafo segundo de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que se cita por identidad de razón P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 183709, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". Así como la tesis I.13o.T.31 L (10a.) emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro 2000834, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1943 de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE RESUELVE LO RELATIVO AL DEPÓSITO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, desde el punto de vista legal y competencial, ejercen dos clases de funciones: I. Las jurisdiccionales, en que dirimen un litigio; y, II. Las administrativas, en que ejercen encomiendas de mero trámite legal, limitadas a la recepción y/o registro de actos unilaterales donde no emiten resolución o laudo alguno. Dichas autoridades, en su función jurisdiccional, carecen de legitimación para promover el recurso de revisión contra las sentencias emitidas en un juicio de amparo indirecto, dada su imparcialidad. En su función administrativa, con respecto al depósito de contratos colectivos a que se refiere el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, su único objetivo es dar a conocer el momento en que surte efectos el registro, por constituir un mero requisito publicitario que trae como consecuencia la obligatoriedad entre las partes que aceptaron y constituyeron en él su voluntad, siendo éstas, en su caso, las únicas afectadas, y no la Junta quien, inclusive, carece de facultades para realizar análisis alguno de legalidad o ilegalidad sobre el contenido del pacto colectivo; de donde se concluye que ésta carece de legitimación para interponer dicho medio de impugnación." (Lo destacado se realizó en la transcripción) En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tomo VIII, julio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 146, con número de registro 195909, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los efectos siguientes: ".- Resuelva de plano y de inmediato el incidente de liquidacio´n de intereses moratorios derivado del laudo dictado en el juicio laboral 291/2010/1-1, promovido por Jose´ Alfredo Escobar Manzanares, y lo notifique a las partes conforme a los arti´culos 763, pa´rrafo tercero, y 843 de la Ley Federal del Trabajo, precisados con anterioridad." En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosi´, con residencia en Ciudad Valles, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, de cumplimiento al fallo protector, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento. Asimismo, se apercibe que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a las autoridades jurisdiccionales responsables, cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO 8/2021, emitida el treinta de enero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se comunica la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid 19", el presente acuerdo se elabora de manera remota o a distancia y se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), anexándose al efecto la evidencia criptográfica respectiva; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al local que ocupa este órgano jurisdiccional, una vez que se ordene la continuación de los plazos y términos correspondientes. Notifíquese, una vez que se reanuden las labores presenciales en este órgano jurisdiccional.
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