Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de junio de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial Se tiene por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número ******************** orden ******************** enviado para notificar a la parte quejosa el proveído de diez de mayo del año en curso; sin que sea necesario acusar el recibo de estilo en virtud de que dicho sistema lo genera automáticamente. Baja de comunicación Dese de baja la citada comunicación oficial en el Libro de Gobierno que concierne y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Aceptación de competencia Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 378/2022, e informa que se avoca al conocimiento del presente juicio. Archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintidós. Demanda no urgente Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data el turno de las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Demanda de amparo e identificación de los quejosos Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos que reclaman del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, que consideran violatorios en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 378/2022. No pasa inadvertido que de la certificación que antecede se advierte que la demanda se recibió vía juicio en línea (electrónica), así como que carece de firma autógrafa y/o electrónica; empero, entre otras cuestiones se reclaman actos prohibidos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del diverso 109 de este último ordenamiento legal, no se requiere de firma electrónica, por lo que este juzgado federal se pronuncia al respecto. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Suspensión de plano Como se advierte de la demanda, los promoventes reclaman actos que califican como prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, empero sobre la base de actos administrativos relativos a cuestiones de internamiento como el cambio de dormitorio o el traslado que los generan. Al respecto, debe indicarse que la calificación de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en los quejosos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los actos cuya trasgresión se reclaman tienen su origen en cuestiones de internamiento y actividades administrativas penitenciarias, tales como el traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México y la reubicación de un dormitorio a otro diverso o estancia, módulo o área diversa, por lo que en el caso no se ubican en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, máxime que los directos quejosos no están incomunicados, pues son éstos quienes promovieron por derecho propio y con uso de medios electrónicos la demanda de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse. Además, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente respecto de las medidas de internamiento de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Ello, porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos fundamentales de los sentenciados se respeten. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, sino devienen directamente de la actividad penitenciaria y la apreciación que sobre tales tienen los quejosos. En consecuencia, se niega la suspensión de plano solicitada. Competencia Del análisis integral de la demanda se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, al haber sido señalado como autoridad responsable. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En el caso, señalaron como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, (excepto los de la Ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que los directos quejosos se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que éstos tendrán ejecución en el lugar donde se encuentren internos los directos quejosos; no obstante, se señalaron como autoridades responsables a la mayoría de los Jueces de Distrito en el país, con excepción de los de Baja California Norte, Baja California Sur, Tamaulipas, y San Luis Potosí, capital. Se cita a fin de robustecer lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 75, con registro digital 190008, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN", por lo que, de conformidad con el criterio jurisprudencial invocado, será competente el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir la misma al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en dicha ciudad, por ser el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón, por así haberse solicitado en la demanda. Notificación a los agraviados Notifíquese, y personalmente a los quejosos vía exhorto.

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