Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por ...en representación de ..., no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************en representación de********************, contra los actos que reclama de la Comité Técnico Penitenciaria y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 33/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número ********************, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Por otra parte, es necesario traer a colacio´n lo dispuesto por el arti´culo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Arti´culo 113. El o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano." De la lectura del arti´culo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligacio´n de examinar la demanda de garanti´as para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; adema´s, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que tambie´n sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institucio´n juri´dica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitucio´n Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el o´rgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado juri´dicamente para analizar y resolver de fondo la cuestio´n planteada. La improcedencia es de orden pu´blico y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, segu´n sea el caso especi´fico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que esta´ plenamente acreditado y no requiere mayor demostracio´n, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; adema´s, da la certeza y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no seri´a posible arribar a una conviccio´n diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que este´n acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo no contiene la firma autógrafa ni electrónica del promovente ********************; por lo que se colige que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en lo que interesa son del tenor siguiente: "Arti´culo 103. Los Tribunales de la Federacio´n resolvera´n toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n por esta Constitucio´n, asi´ como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Arti´culo 107. Las controversias de que habla el arti´culo 103 de esta Constitucio´n, con excepcio´n de aquellas en materia electoral, se sujetara´n a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguira´ siempre a instancia de parte agraviada, (...) "Arti´culo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n por la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Arti´culo 3o. (...) Los escritos en forma electro´nica se presentara´n mediante el empleo de las tecnologi´as de la informacio´n, utilizando la Firma Electro´nica conforme la regulacio´n que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electro´nica es el medio de ingreso al sistema electro´nico del Poder Judicial de la Federacio´n y producira´ los mismos efectos juri´dicos que la firma auto´grafa, como opcio´n para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, asi´ como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los o´rganos jurisdiccionales..." "Arti´culo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal cara´cter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un intere´s legi´timo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisio´n reclamados violan los derechos previstos en el arti´culo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectacio´n real y actual a su esfera juri´dica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situacio´n frente al orden juri´dico." "Arti´culo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona fi´sica o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en te´rminos de la fraccio´n I del arti´culo 5o. de esta Ley. El quejoso podra´ hacerlo por si´, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un intere´s legi´timo individual o colectivo, pueden ocurrir a trave´s del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectacio´n directa o en virtud de su situacio´n especial frente al orden juri´dico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea fi´sica o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera juri´dica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podra´ impugnar el acto reclamado por si´ mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podra´n ser presentadas de forma electro´nica, utilizando la firma electro´nica, e´sta producira´ los mismos efectos juri´dicos que la firma auto´grafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vi´a electro´nica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los arti´culos 3, pa´rrafos cuarto y quinto, 5, fraccio´n I, y 6, primer pa´rrafo, de la Ley de Amparo; igualmente, se debera´ agregar la firma electro´nica vigente de quien promueve, ya que e´ste es un requisito establecido en el arti´culo 72 del Acuerdo General Conjunto ******************** de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n y del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Arti´culo 72. Para la presentacio´n de demandas de manera electro´nica, con excepcio´n de las promovidas en te´rminos del arti´culo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opcio´n de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Li´nea del Poder Judicial de la Federacio´n, ingresara´n su "Nombre de Usuario y Contrasen~a" que generaron al momento de registrarse conforme al arti´culo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a trave´s de su firma electro´nica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, sen~alara´n en el boto´n de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electro´nico en caso de contar con ella, seleccionara´n de un mapa la Oficina de Correspondencia Comu´n de los o´rganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficiali´a de Partes del o´rgano jurisdiccional, ingresara´n el archivo electro´nico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizara´n el formato o el texto en blanco que se encontrara´ a su disposicio´n, agregara´n a su escrito de demanda su firma electro´nica vigente, capturara´n un co´digo de seguridad y enviara´n su demanda. Asimismo, podra´n enviar junto con su demanda de amparo los archivos electro´nicos que contengan los documentos anexos." Sin que el solicitante de amparo haya colmado lo previsto por el precepto legal en cita, pues como se ha puntualizado, la demanda de amparo de cuenta carece de la firma electrónica de quien la promueve. Aunado a lo anterior, el ocursante no estampó firma autógrafa en la demanda de amparo ni su huella, en caso de que no supiera leer ni escribir, circunstancia que tampoco se advierte. Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de expresión de la voluntad de quien se estima agraviado; lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma autógrafa ni electrónica vigente, en la demanda presentada electrónicamente, dicha omisión provoca una ausencia de voluntad, lo que ocasiona la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo, puesto que no podría realizarse el análisis de las violaciones de derechos fundamentales alegados en ese escrito, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta y al escrito de demanda, se advierte que no contiene firma autógrafa ni electrónica vigente correspondiente a la parte promovente; esto es, de ********************; por tanto, se considera que se evidencia la falta de la voluntad de la parte solicitante de amparo. Lo anterior, se corrobora con la observación asentada por la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, sobre el sello de recepción que consta en el escrito que se provee, que textualmente señala "sin ningún tipo de firma". Sin que en el caso, el acto reclamado por el solicitante de amparo se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues reclama una orden de aprehensión o detención librada en su contra, por lo que es evidente que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyos casos para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en nombre del directamente agraviado, aunque sea menor de edad; de ahí que el asunto no se ubique en el supuesto de excepción previsto en el arábigo 3º, párrafo último, del citado ordenamiento legal. En ese sentido, considerando que los actos reclamados por el promovente no corresponden a alguno de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, no resulta aplicable lo establecido en el diverso 109 del ordenamiento legal invocado, que prevé que en tales supuestos, resulta innecesaria la firma electrónica. Lo anterior es así, en razón de que, como se ha apuntado, el acto reclamado por el quejoso consiste en el traslado y reubicación de dormitorio; acto reclamado que no se subsume en alguna de las hipótesis que prevé el multicitado numeral 15 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se estima pertinente hacer del conocimiento del promovente, que la exigencia de su firma electrónica vigente, no resulta un obstáculo para que éste ejerza eficazmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a disposición de los justiciables, una aplicación para tramitar a Firma Electrónica Certificada (FIREL), procedimiento que debe iniciarse desde el portal ********************. Ahora, cabe destacar que dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo; por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio por parte de ********************, con fundamento en el artículo 3º y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Notifíquese.
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