Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
306/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de veinte de abril del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Cabe referir, que no obran en el expediente documentos originales que devolver. Valoración Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un auto que desechó la demanda; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones archivo. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial Se tiene por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 333/2022, orden 333/2022, enviado para notificar a los quejosos el proveído de veinte de abril del año en curso. Baja de comunicación Dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que concierne y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil veintidós. Demanda no urgente Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data el turno de las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Recepción de demanda e identificación de los quejosos Téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca de Soto, en el que se transcribe el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 486/2022, de su índice, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, por los motivos ahí expuestos y remite la demanda y constancias que obran en el referido juicio de amparo. Se admite la competencia declinada Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal declinada y este órgano se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de referencia. Acúsese recibo. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 306/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Ahora, previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman, del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades: "1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio Nueve zona Dos estancia once que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona tres estancia diez que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de Hugo Melchor Nieto del dormitorio diez a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo. 15) Intimidación 16) Discriminación 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de 14 de enero del dos mil veintidós 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, Intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la defensoría Pública de la ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino y Paula Durán." En este orden de ideas, con relación a tales actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que los aquí inconformes, antes de acudir en demanda de amparo, están obligados a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual los actos que reclaman pueden ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: - Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. - Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; - Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y - Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. De manera tal que para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Al respecto, esta juzgadora estima conveniente traer a colación la Contradicción de Tesis 57/2018, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció lo relativo a los mecanismos de defensa respecto a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. El Máximo Tribunal definió que una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. Preceptos que establecen: "Artículo 3. Glosario - - - Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: [.] XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; [.] XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; [.]." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario - - -Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. - - - Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: - - -I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; - - -II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; - - - III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; - - - [.] - - -VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; - - -VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; [.]." "Artículo 30. Condiciones de internamiento --- Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. --- Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar a la autoridad penitenciaria hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Que el mismo, faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Que las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros; que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas, y en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Que igualmente, dicho mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Precisó que las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentre recluida la persona; que los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población; que el desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Señaló que en el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; que cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Por otra parte, estableció que las peticiones administrativas no urgentes deberán sustanciarse de la forma siguiente: a) Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. b) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla; de no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. c) Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. d) Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. e) Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. f) En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. g) Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. h) La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistir de la acción, siempre que ello no implique la renuncia a un derecho fundamental. i) Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. j) Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por otra parte, que cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: 1. El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. 2. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. 3. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. 4. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 5. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. De lo expuesto, es dable decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de que se trata, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame actos, hechos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entendidas estas como "cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación"; antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos están facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También dicho mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda; igualmente, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace al acto reclamado consistente en el traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México donde refieren se encuentran a una distinta ubicada dentro o fuera de esa ciudad; el cambio de los dormitorios donde dicen se encuentran a uno distinto de esa penitenciaría; así como respecto de los actos que señalan y que en función de los anteriores (traslado y reubicación), se proyectan en intimidación, discriminación, y coacción; también la realización de estudios, perfiles y entrevistas, así como la celebración de audiencias por parte del Comité Técnico, pues son propios de la actividad penitenciaria; incluso los omisivos que se reclaman, pues estos últimos se producen en virtud de la organización carcelaria, la cual debe controvertirse a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución, como se destacó; en consecuencia, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra de los actos reclamados, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podrían modificarse, revocarse o nulificarse aquellos. Pronunciamiento respecto de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo Como se advierte de la demanda, los promoventes reclaman actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, no es el caso que esta juzgadora analice ese aspecto, atento que el órgano jurisdiccional declinante, en observancia a lo estipulado en el artículo 48, primer párrafo, en relación con el diverso 42, ambos de la Ley de Amparo, emitió determinación en cuanto a tales actos. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón, por así haberse solicitado en la demanda. Notificación a los agraviados. Dado que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a los quejosos; en la inteligencia de que el funcionario a quien se encomiende la aludida notificación únicamente deberá constreñirse a efectuar la misma, sin que con ello se le faculte para recabar manifestación alguna que hagan valer los quejosos; hecho lo cual, deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Notifíquese y personalmente a los quejosos vía exhorto. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Sheila Taideth Diaz Colin Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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