Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de marzo de dos mil veintidós. Se recibe exhorto Se recibe el oficio y anexo de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que devuelve debidamente diligenciando el exhorto número 253/2021 (número de orden 642/2021) del índice de este órgano de control constitucional, enviado a fin de notificar al quejoso ***, el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar a realizar el acuse de estilo correspondiente, toda vez que el propio sistema lo genera, dese de baja la comunicación en comento en el libro de gobierno de este juzgado y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE-. Estado de autos y se remite exhorto a autoridad competente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, informando que dicho órgano aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En ese tenor, toda vez que la autoridad citada en el párrafo que antecede aceptó la competencia planteada; por tanto, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase -vía SISE- copia certificada del exhorto de previa alusión, el cual se recibió en el día de la fecha, para lo que tenga a bien determinar. Archivo del presente expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó que este órgano jurisdiccional es incompetente para sustanciar el presente asunto; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintidós. Se recibe oficio Se recibe el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual en atención al proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, informa que debido a las cargas de trabajo con que cuenta dicho órgano, así como el personal contagiado por el virus Sars-CoV2, el exhorto número 253/2021, (orden 642/2021) en el que se solicita notificarle al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se encuentra en gestiones de cumplimiento. Por otro lado, se toma nota de que dicha comunicación oficial se registró con el número de exhorto 5/2022. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Aceptación de competencia. Por recibido el oficio de cuenta, enviado a través del sistema integral de seguimiento de expedientes por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 619/2021, e informa que se avoca al conocimiento del presente juicio. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, esté juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otro, por los motivos ahí expuestos, y se ordenó remitir exhorto a Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de notificar el proveído de referencia; sin que a la fecha obre en autos constancia de la que se advierta la determinación tomada por dicho órgano jurisdiccional. En atención a lo expuesto, mediante oficio que al efecto se gire, solicítese al órgano jurisdiccional que le haya tocado conocer de dicha comunicación, que de no tener inconveniente alguno, informe el tratamiento que dio a la comunicación girada para notificar al quejoso del auto de seis de diciembre del dos mil veintiuno, lo anterior para estar en aptitud de remitir al archivo el expediente en que se actúa, al no existir tramite pendiente que realizar en el mismo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo e identificación de la parte quejosa. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******************, contra actos que reclama del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 619/2021. No pasa inadvertido para esta autoridad que la presente demanda se recibió vía electrónica; sin embargo, carece de firma autógrafa y electrónica vigente correspondiente a Carlos Alberto Angelino Barrón; empero, al tratarse de actos prohibidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, este juzgado federal, se pronuncia al respecto. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se realiza pronunciamiento sobre suspensión de plano. De la certificación de cuenta, se advierte que el peticionario promovió los diversos juicios de amparo con registros 602/2021 y 614/2021, contra actos y autoridades que también se señalaron en la demanda que se provee; expedientes consultables en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE); en ese sentido, toda vez que en los referidos juicios se decretó la suspensión de plano en contra de los mismos actos que los que aquí se reclaman y respecto de las mismas autoridades, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, no hay materia para proveer sobre la suspensión de plano. Lo anterior, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo con disposición expresa de su numeral segundo. Ahora, en cuando al diverso acto reclamado consistente en los actos de molestia consistentes en obligar al quejoso a tolerar a internos que extorsionan telefónicamente al interior de su estancia actual, no ha lugar a conceder la suspensión de plano, toda vez que el mismos no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues no es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior, porque para determinar la actualización de alguno de los actos de los prohibidos por el numeral citado, no se surte porque así lo considere el promovente, sino atendiendo a la naturaleza de los actos, lo cual no puede considerarse conforme a los hechos narrados, de los cuales se puede observar que no se trata de alguno de los mencionados en el citado precepto constitucional. Determinación de Incompetencia. En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Y de igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados: - Resolución de sesión 49/2021 y 50/2021 del Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaria en la Ciudad de México. - Traslado de penitenciaria; - Reubicación de dormitorio; - Intimidación; - Represalias; - Coacción equiparada; - Ataques a la libertad personal; - Discriminación; - Tortura; -Tratos degradantes y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo; -Actos de molestia consistentes en obligar al quejoso a tolerar a internos que extorsionan telefónicamente al interior de su estancia actual, ocasionándole dolor sicoemocional y es equiparado a tortura sicoemocional y sicofisica. En el caso, señalaron como autoridades responsables al Director de la Penitenciaría, Subdirección Jurídica de la Penitenciaría, Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría, Subdirección de Apoyo Técnico de la Penitenciaría, Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría, Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico ubicación y determinación del Tratamiento de la Penitenciaría, Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos en la Ciudad de México, CONAPRED, y los Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Así como a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas -con excepción del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde se encuentre interno el quejoso; no obstante, al tener en cuenta que se señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de los treinta y dos circuitos judiciales, con excepción de los de Baja California y Baja California Sur, el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito -Ciudad de México-, es uno ubicado en el Decimonoveno Circuito Judicial, cuya demarcación territorial se asienta en Tampico, Tamaulipas. Es así, dado que una vez que fue consultada la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se obtuvo que los órganos jurisdiccionales más cercanos al Primer Circuito es el ubicado en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma al Juez Decimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, por ser el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notificación al agraviado y certificación de su estado físico. Dado que el quejoso *******************, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al quejoso, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que para la entrega de las referidas copias, deberán generar la cita correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), donde se localiza el módulo "Agenda visita a OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se le otorgará un código QR, que les permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se les exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Comunicación dirigida a la Oficina de Correspondencia Común. Para efectos de la regulación de ingresos y una distribución equitativa de los asuntos urgentes entre los órganos jurisdiccionales, y con fundamento en el artículo 48, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, a fin de que lleve a cabo la compensación correspondiente y se equilibre la carga de trabajo de este juzgado federal. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).
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