Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
360/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de junio de dos mil veintidós. Se acusa recibo y acepta de competencia. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que contiene el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento del asunto remitido por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en atención a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito y registró el juicio constitucional como juicio de amparo 771/2022-III y sus acumulados 772/2022-IV, 773/2022-V, 774/2022-VI, 775/2022-I, 776/2022-II, 777/2022-III, 778/2022-IV y 779/2022-V de su índice. Ahora, en auto treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se recibió la comunicación 410/2022, orden 410/2022 del índice de este juzgado, el que se libró para notificar a la parte quejosa el auto de dos de mayo de dos mil veintidós y se reservó su envío hasta en tanto se tuviera conocimiento quien conocería del presente asunto; situación que en el caso ya aconteció. En ese tenor, previa copia certificada que se deje en autos, remítase la comunicación en comento al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que provea lo que en derecho corresponda. Solicitando el acuse respectivo. Archivo. Atento a lo acordado en líneas que anteceden, toda vez que no existen diligencias pendientes que desahogar en el presente sumario, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Relevancia El cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que este órgano de control constitucional determinó carecer de competencia legal para conocer del mismo en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciado el exhorto 410/2022, orden 410/2022 del índice de este juzgado, librado para notificar a la parte quejosa el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós; sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el propio sistema lo genera automáticamente. Baja de comunicación Dese de baja, hágase las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Reserva remisión de exhorto al juzgado competente Ahora, toda vez que mediante auto de dos de mayo del año en curso este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente asunto al haber sido señalado como responsable, sin que a la fecha se tenga conocimiento quien conoce del mismo; en ese tenor, resérvese el envío de la comunicación que se provee hasta en tanto se tenga dicha información.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil veintidós. Se recibe oficio Por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, que contiene el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio de amparo 526/2022 y acumulados de su índice, del que se desprende que esa juzgadora no proveyó lo atinente a la admisión de la demanda, toda vez que se declaró impedida para conocer del juicio de amparo las razones que expone, motivo por el cual remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito a fin de que determine lo conducente; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil veintidós. Demanda no urgente Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data el turno de las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Demanda de amparo e identificación de los quejosos Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, contra actos que reclaman del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, que consideran violatorios en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 360/2022. No pasa inadvertido que de la certificación que antecede se advierte que la demanda se recibió vía juicio en línea (electrónica), así como que carece de firma autógrafa y/o electrónica; empero, entre otras cuestiones se reclaman actos prohibidos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del diverso 109 de este último ordenamiento legal, no se requiere de firma electrónica, por lo que este juzgado federal se pronuncia al respecto. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Suspensión de plano Como se advierte de la demanda, los promoventes reclaman actos que califican como prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, empero sobre la base de actos administrativos relativos a cuestiones de internamiento como el cambio de dormitorio o el traslado que los generan. Al respecto, debe indicarse que la calificación de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en los quejosos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los actos cuya trasgresión se reclaman tienen su origen en cuestiones de internamiento y actividades administrativas penitenciarias, tales como el traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México y la reubicación de un dormitorio a otro diverso o estancia, módulo o área diversa, por lo que en el caso no se ubican en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, máxime que los directos quejosos no están incomunicados, pues son éstos quienes promovieron por derecho propio y con uso de medios electrónicos la demanda de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.10.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Así como la tesis I. 3o. A. J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro 229397; de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951; de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Además, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente respecto de las medidas de internamiento de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Ello, porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos fundamentales de los sentenciados se respeten. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, sino devienen directamente de la actividad penitenciaria y la apreciación que sobre tales tienen los quejosos. En consecuencia, se niega la suspensión de plano solicitada. Competencia Del análisis integral de la demanda se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, al haber sido señalado como autoridad responsable. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En el caso, señalaron como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, (excepto los de la Ciudad capital) Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que los directos quejosos se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que éstos tendrán ejecución en el lugar donde se encuentren internos los directos quejosos; no obstante, se señalaron como autoridades responsables a la mayoría de los Jueces de Distrito en el país, con excepción de los de Baja California Norte, Baja California Sur, Tamaulipas, y San Luis Potosí, capital. Se cita a fin de robustecer lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 75, con registro digital 190008, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN", por lo que, de conformidad con el criterio jurisprudencial invocado, será competente el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir la misma al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en dicha ciudad, por ser el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; a quien se solicita el acuse de recibo respectivo. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón, por así haberse solicitado en la demanda. Notificación a los agraviados Dado que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a los quejosos; en la inteligencia de que el funcionario a quien se encomiende la aludida notificación únicamente deberá constreñirse a efectuar la misma, sin que con ello se le faculte para recabar manifestación alguna que hagan valer los quejosos; hecho lo cual, deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Protección de datos personales Conforme a los artículos 9 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 108 de la Ley Federal en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano