Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 570/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
570/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que han transcurrido los términos legales concedidos a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, sin que la hayan desahogado en sus términos. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a los promoventes en dicho proveído. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a los quejosos, así como a sus defensores en el domicilio que tienen en esta ciudad; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 356/2022-III, orden 445/2022-III, del índice de este órgano de control constitucional. Acuerda petición Atendiendo a la petición realizada por el representante común en la diligencia de trece de agosto del año en curso, en el sentido de que se le designe un defensor de oficio, dígasele que en el asunto en que se actúa ya se encuentran designados defensores en su favor, los cuales aceptaron el cargo el quince de junio del año en curso. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto.San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Se acuerda oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y copia certificada del testimonio de la resolución de catorce de julio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja penal 192/2022, interpuesto por la parte quejosa; y en atención a su contenido, se provee: Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se resuelve: "...ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja.". Previene. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado citado, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda en relación con la procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones III, IV y V, de la ley de la materia, prevéngase a los promoventes, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito den cumplimiento a lo siguiente: a) Atendiendo a que cuando se reclama una ley, reglamento o norma administrativa, en amparo contra leyes con motivo de su aplicación, no se puede desvincular el estudio de la norma y el acto concreto, sino que deben de analizarse en conjunto. A mayor abundamiento, debe precisarse que una ley se reclama con el carácter de autoaplicativa, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, que dispone: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Ahora, en el capítulo de actos reclamados la parte quejosa refiere: ".23) la inconstitucionalidad del absoleto (sic) reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colicionando además, con la Ley Nacional de Sanciones Penales, que tampoco se respetan.". De lo anterior se advierte que la parte quejosa no precisó con exactitud en dicho capítulo, cuál es el reglamento que reclama en el presente asunto, ni el primer acto de aplicación de la norma reclamada, o en su caso si su reclamo deriva de su sola entrada en vigor. En tal virtud, el promovente deberá manifestar: a.1) Cuál es el reglamento que señala como norma reclamada en el presente asunto. a.2) En qué consiste el primer acto de aplicación del reglamento que reclame, o si dicha normatividad la reclama por su sola entrada en vigor. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 346, con registro 900346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, página 400, que dispone: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". Así como, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". b) Señale las autoridades responsables de quienes reclaman la creación del reglamento a que se hace referencia el inciso a) que antecede. c) Bajo protesta de decir verdad informen en forma concreta, cronológica y ordenada, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo anterior, pues omitieron reseñarlos en su escrito de demanda. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis número 145, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL ABOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO.- Si el Juez de Distrito se aboca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previsto por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes." También cobra aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia P/J.127/99, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, Materia Común, publicada en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.- Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Apercibimiento. En caso de no atender los requerimientos que anteceden, dentro del plazo concedido, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Exhorto. En virtud que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, proceda a notificarles la presente determinación a los quejosos. Con apoyo en el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Notifíquese personalmente a los quejosos en términos de este acuerdo, así como a sus defensores en el domicilio que tienen en esta ciudad; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria Administrativa en la Ciudad de México, del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remite un informe rendido por la autoridad responsable. Informe a la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe respecto de la suspensión de plano de la autoridad responsable. Vista. Con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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