Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 579/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
579/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al cual transcribe el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de los actos reclamados derivados del juicio de amparo en que se actúa, quedando registrado con el número de expediente 844/2022-II. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Valoración. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por una parte se decretó la incompetencia legal respecto de diversos actos reclamados, y por otra, se desechó la demanda por los restantes actos, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 378/2022-III, orden 468/2022-III, del índice de este órgano de control constitucional. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, consecuentemente, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Resérvese proveer lo conducente en relación con el archivo de este asunto, hasta en tanto se conozca si aceptó la competencia plateada el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Se acuerda oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y copia certificada del testimonio de la resolución de once de agosto de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 166/2022, interpuesto por la parte quejosa; y en atención a su contenido, se provee: Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se resuelve: "...ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja.". Separación de juicios. En primer término, resulta dable invocar como hecho notorio la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022, de conformidad con el artículo 88 del SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 579/2022-III 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.)1 . Lo anterior ya que, de manera coincidente con la ejecutoria precitada, a fin de privilegiar los principios de acceso a la justicia y la impartición, tutela pronta, expedita y completa en este expediente, se estima que los actos reclamados en este juicio constitucional no guardan relación entre ellos por provenir de distintas autoridades responsables las que los emiten -como se explicará más adelante-, se procede a la separación de juicios. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.76/972, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades 1 "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". (localizable en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, registro 2017123). 2Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 118, registro 197671. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Del anterior criterio se advierte que si existe la posibilidad de acumular juicios de amparo (a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí); lo cual se constata con el contenido del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; entonces, aplicado dicho precepto en sentido contrario, es procedente ordenar la separación de juicios cuando en uno mismo se reclamen a autoridades con naturaleza distinta, actos diversos uno de los otros; esto es que no tienen esa vinculación; lo anterior, con la finalidad de que se estudien en juicios por separado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se designaron como autoridades responsables y se señalaron como actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. - Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. -Desacato de órdenes judiciales. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 9. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. - Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. 11. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 12. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 13. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 14. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital-, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De lo expuesto se observa que los actos reclamados a las autoridades formalmente administrativas y administrativas penales, se encuentran desvinculados de aquellos atribuidos a los Jueces Federales, porque como son de diversa naturaleza, necesariamente son autónomos ya sea de naturaleza administrativa o jurisdiccional, circunstancia que impide el conocimiento integral de la demanda en los términos planteados, como se explicará enseguida. Quedó ilustrado en líneas anteriores que de las autoridades administrativas (primer cuadro), se reclaman actos que los promoventes del amparo consideran atentan contra la "libertad personal" de los quejosos directos, por derivar de la reclusión a que éstos se encuentran sujetos, como son: el traslado y la reubicación (fuera de procedimiento), de los cuales derivan los actos que señalan como de los prohibidos del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; así como las omisiones que reclaman. En cambio, debe destacarse que, en otra parte de las demandas (segundo cuadro), se acotó que de los diversos Jueces de Distrito señalados como autoridades responsables, se reclama exclusivamente la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. Señalamiento el cual permite advertir que dadas las funciones y actividad legalmente regulada de dichas 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores autoridades por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y desde una óptica concreta de capacidad y potencialidad de accionar y afectación material realmente posible en relación con los acto específicamente a ellos atribuidos, resulta alejado o ajeno a la esfera jurídica de la parte quejosa y; por ende, al no advertir que los actos que reclama dependan unos de otros, precisamente por no derivar de un mismo hecho generador, ni incidir en cuestiones jurídicas que a su vez no dependen necesariamente una de la otra, entonces, resulta infactible la posible vinculación de causa efecto con los diversos actos que reclamó de las autoridades restantes, dado que no existe relación con la acción o ejecución de los mismos. Por tanto, bajo un criterio racional y en aras de una correcta administración de justicia, es dable establecer que al haberse reclamado en una sola demanda actos diversos unos de los otros y atribuírselos a autoridades con naturaleza distinta, lo procedente es ordenar la separación de los juicios. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis II.2o.P.28 K (10a.) 3 que dispone: "INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos 3 Emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1022, Materia(s): Común, Décima Época, Registro digital: 2014722. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? que respecto a su cualificación asignada por la ley necesariamente deban conocer de unos, un Tribunal Unitario de Circuito y, de otros, un Juzgado de Distrito, verbigracia, tratándose de un acto consistente en la reposición del procedimiento ordenada por un Tribunal Unitario y, como consecuencia de ello, sobrevino el dictado de un auto de formal prisión por el Juez de Distrito, porque son actos totalmente desvinculados entre sí; de ahí la razón de la separación de los actos de acuerdo con la competencia de cada una de las autoridades que conocen del juicio de amparo, sin que ello implique dividir la continencia de la causa". La presente separación tiene sustento en lo determinado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022 4 , del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: La Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, determinó la separación de los juicios, al advertir, como ahora lo hace este juzgado, que en el escrito inicial de demanda, los actos reclamados a distintas autoridades señaladas como responsables, no guardan vínculo entre sí; por tanto, consideró idónea la escisión de la controversia y el análisis por cuerda separada cada reclamo. El referido Tribunal Colegiado determinó que el análisis integral y acucioso de la demanda de amparo permitía apreciar dos apartados tácitamente diferenciados por su contenido, tal como lo hizo la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien para diferenciarlos destacó en dos distintos recuadros los actos y autoridades, en atención a la naturaleza jurídica que revisten. Primero, se destacaron las autoridades denominadas como "formalmente administrativas y administrativas penales", y actos específicos reclamados - entre los que destacan, el traslado de los impetrantes a 4 Suscitado entre los Jueces Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al conocer del juicio de amparo 753/2021 y Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, al separar el juicio 657/2021, respecto de la demanda promovida por CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA y ENRIQUE MEJÍA BELLO. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores distinto centro de reclusión, la reubicación de dormitorio, cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, intimidación y represalias-. En el segundo, fueron anotadas las autoridades "jurisdiccionales federales" y actos atribuidos -violación al principio pro persona, inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y discriminación-. Como precisó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la distinción destacada, por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala no fue discrecional o arbitraria, sino correspondiente y congruente con el escrito inicial. El citado Tribunal Colegiado adujo que de manera acertada se determinó que cada uno de los aspectos planteados en la demanda, administrativo y jurisdiccional, era factible atenderlo por cuerda separada, sin afectar la continencia de la causa, porque implicaba emprender un estudio distinto, debido al ámbito de atribuciones de las autoridades señaladas como responsables y a la naturaleza intrínseca de los actos que en específico se les reclamó; además, ninguna referencia se tenía que derivaran del mismo hecho generador. Estableció que situación contraria sería, si un mismo acto lo reclaman los impetrantes a todas las autoridades responsables, en ese caso, identificadas como administrativas y jurisdiccionales; porque en ese supuesto, predominaba la eventual posibilidad de que, de alguna forma tuvieron injerencia en su emisión o ejecución, y por ello sería necesario abordar su estudio en el mismo asunto; lo que en el particular no aconteció; lo que dejó en evidencia de que los actos reclamados en la demanda no guardaban relación, ni dependían entre sí; por lo que conllevan a un análisis distinto, que era conveniente atender por separado. Concluyó que la escisión de la contienda, en el caso, permitiría privilegiar el acceso a la justicia, y la 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? impartición, tutela pronta, expedita y completa en el expediente que se apertura a virtud de la separación indicada; por lo que lo manifestado en la demanda, resulta suficiente para advertir que es viable y preferible, el análisis individualizado e independiente de los actos reclamados, mediante la separación de juicios; estando a cargo del órgano de control constitucional competente, en cada caso, garantizar el trámite debido y la resolución de la controversia. En este orden de ideas se puntualiza que la determinación de separar los juicios, en modo alguno deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la totalidad de los actos será atendida en su integridad pero en diversos juicios de amparo donde podrá acceder y ejercer sus derechos; además, la separación de juicios resulta procedente en este momento procesal a efecto de evitar una posible reposición de procedimiento en perjuicio de los quejosos, como se advierte del criterio contenido en la tesis II.3o.P.29 K (10a.) 5 , que establece: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA REVISIÓN DEBE ORDENARLA PARA QUE SE TRAMITE EL INCIDENTE DE SEPARACIÓN DE JUICIOS, SI ADVIERTE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS ESTÁN DESVINCULADOS ENTRE SÍ, Y SE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DEL CIRCUITO CON EXCEPCIÓN DE UNO, ASÍ COMO A DIVERSAS DE NATURALEZA DISTINTA, CON EL FIN DE ELUDIR EL SISTEMA DE TURNO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Si de la lectura de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce de la revisión, advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí y que el quejoso intenta eludir el Sistema de Turno del Poder Judicial de la Federación, porque señala como autoridades responsables a diversas con naturaleza distinta, así como a todos los Jueces del Circuito, con excepción de uno (el que pretende que se vea obligado a conocer del asunto); ello permite al tribunal revisor ordenar la reposición del procedimiento hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, para que el 5 Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2923, Materia Común, Décima Época, registro 2022695. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores a quo tramite el incidente de separación de juicios respecto de los actos desvinculados entre sí y, posteriormente, resuelva lo que en derecho corresponda en cada juicio, en aras de una correcta administración de justicia, aun cuando la Ley de Amparo no prevea la figura de separación de juicios, pues ello no impide su tramitación con apoyo en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla." Luego, a fin de que tales actos puedan analizarse a través de la instancia constitucional y por conducto de las autoridades competentes, se determina la separación de los actos en los términos precisados con antelación (cuadro uno y cuadro dos); procediéndose a emitir el pronunciamiento correspondiente. Incompetencia. En el caso se actualiza un motivo de incompetencia respecto de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. - Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. -Desacato de órdenes judiciales. - Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Omisión de suspender de sus 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? México. 9. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. 11. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 12. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 13. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 14. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital-, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Marco normativo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la disposición normativa transcrita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; dichas reglas para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior pauta, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Análisis del caso concreto. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un distrito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada, de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Tesis 1a./J. 64/2019 (10a.)6 , de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro 6 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, Décima Época, Materia(s): Común, registro 2020828. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Pues bien, en el caso que nos ocupa, los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un distrito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado en la demanda de amparo, se pone de manifiesto que los promoventes no tienen noticia del lugar al que serán trasladados. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores En consecuencia, cobra aplicación la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. Al estar estrechamente vinculados y derivar de la posible orden de traslado en perjuicio de los quejosos, lo mismo acontece respecto de los actos restantes consistentes en: - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. -Desacato de órdenes judiciales. - Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. - Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. En ese sentido, es posible arribar al convencimiento de que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Así es, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que, si los quejosos están recluidos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en ese lugar donde se ejecutan o donde tendrán ejecución los actos que se reclaman; en consecuencia, este juzgado DECLINA LA COMPETENCIA a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.)7 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA 7 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, registro digital 2020828. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Sin soslayar que los Juzgados de Distrito en Materia Penal fueron señalados como autoridades responsables, sin embargo, los actos por los que se declina competencia, no son atribuidos a dichas autoridades jurisdiccionales como se explicó al inicio de esta determinación. Decisión. De tal suerte, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; es competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, copia certificada del presente juicio de amparo 579/2022-III, a efecto de que se encuentre en aptitud de resolver lo que conforme a derecho proceda. Solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor Desechamiento. I. Análisis de la demanda de amparo Respecto de los actos reclamados a los diversos jueces federales, este órgano jurisdiccional procede a analizar la demanda de amparo correspondiente tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinarlas para que en caso de 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Resulta dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. II. Cuadro fáctico. Toda vez que de lo anterior, se advierte que se acordó la separación de juicios, respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos; siendo que a este Juzgado, únicamente le corresponde conocer de los consistentes en: - Violación al principio pro persona. - Inaplicación de criterios internacionales. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? Señalados con los numerales 18 y 19 de la demanda de cuenta. En estas condiciones, del examen de la demanda de la que se provee, se advierte que la misma se presentó en línea y sin la firma electrónica correspondiente a Carlos Alberto Angelino Barrón -representante común de los quejosos-, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Ivan López Hinojosa, misma que se considera necesaria, en atención a que los citados actos reclamados, no son actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad de los promoventes para solicitar amparo respecto de dichos actos. III. Calificación e hipótesis. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: IV. Marco Normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores El artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. V. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Ivan López Hinojosa, presentada en línea, no contiene la firma electrónica certificada, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, constitucional, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? instancia de parte agraviada; se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento criptográfico de identidad válido y vigente. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo8 . 8 "Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General. Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra9 . Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, cuando sean reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo10 . Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iníciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el 9 "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. 10 Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión11. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la 11 "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto del escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes12 . 12 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.151 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, Febrero de 1995, página 303, registro 208351, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". Asimismo, es aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), visible en la página 3632, Décima Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, registro 2000130, cuyo rubro dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". Es aplicable la diversa tesis sin número, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 259, registro 216927, con el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? Máxime, que los actos por los cuales se sigue el presente asunto y que son atribuidos a autoridades de naturaleza jurisdiccional, no encuadran en las hipótesis previstas en la porción normativa 15 de la Ley de Amparo, o de los prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues como se dijo, los actos reclamados sustancialmente identificados como la violación al principio pro persona y la inaplicabilidad de criterios internacionales en realidad constituyen vicios de inconstitucionalidad, de manera que en realidad se tratan de afirmaciones vinculadas con los conceptos de violación; que en su caso, la autoridad que resuelva el fondo del asunto y que advierta violación manifiesta a dichos principios, podrá determinar lo conducente. Además, como lo precisó el Tribunal Colegiado en materia Penal del Noveno Circuito en ejecutoria dicada en el recurso de queja 59/2022, no es óbice a lo anterior que, los solicitantes de la protección constitucional indicaron, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran en la "Penitenciaria de la Ciudad de México" -privados de su libertad- y que refirieron que su demanda "No se requiere firma por pandemia COVID-19". QUIEN LA FORMULA". Por último, es exactamente aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 15, Tomo I, abril de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2019715, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Empero, lo cierto es que, es un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, que a partir del veintiséis de abril al nueve de mayo de dos mil veintidós, en la Ciudad de México se estableció "semáforo anaranjado", por lo cual a la fecha de presentación del escrito constitucional -nueve de mayo del año en curso- no se estaba en la hipótesis de contingencia sanitaria por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), por lo cual debía atenderse a la jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a), esto es que, la presentación de la demanda por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de "firma electrónica" (FIREL) de la parte quejosa. Tampoco se desatiende que los quejosos si bien se encuentran en estado de vulnerabilidad al estar privados de su libertad; sin embargo, ello no los imposibilita a cumplir con el requisito de procedibilidad en comento, puesto que, tuvieron acceso a un equipo de cómputo y a la red de internet para enviar su demanda, tan es así que utilizaron el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de presentarla ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, donde se recibió inicialmente dicha demanda, en la que precisó su titular en el acuerdo dictado el nueve de mayo del año en curso ".el aludido ocurso fue presentado sin firma electrónica.". Decisión. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? artículo 113 de la Ley de Amparo13 , se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, únicamente respecto de los actos consistentes en: - Violación al principio pro persona. - Inaplicación de criterios internacionales. Precisados con los numerales 18 y 19 de la demanda de cuenta. Notificación a la parte quejosa. Tomando en consideración que del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran internos en la penitenciaria de la Ciudad de México; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, les notifique el presente auto. Con apoyo en el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (por medio de exhorto), así como a sus abogados defensores, estos últimos en el domicilio designado en esta ciudad; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Se acuerda oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y copia certificada del testimonio de la resolución de once de agosto de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 166/2022, interpuesto por la parte quejosa; y en atención a su contenido, se provee: Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se resuelve: "...ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja.". Separación de juicios. En primer término, resulta dable invocar como hecho notorio la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022, de conformidad con el artículo 88 del SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 579/2022-III 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.)1 . Lo anterior ya que, de manera coincidente con la ejecutoria precitada, a fin de privilegiar los principios de acceso a la justicia y la impartición, tutela pronta, expedita y completa en este expediente, se estima que los actos reclamados en este juicio constitucional no guardan relación entre ellos por provenir de distintas autoridades responsables las que los emiten -como se explicará más adelante-, se procede a la separación de juicios. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.76/972, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades 1 "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". (localizable en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, registro 2017123). 2Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 118, registro 197671. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Del anterior criterio se advierte que si existe la posibilidad de acumular juicios de amparo (a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí); lo cual se constata con el contenido del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; entonces, aplicado dicho precepto en sentido contrario, es procedente ordenar la separación de juicios cuando en uno mismo se reclamen a autoridades con naturaleza distinta, actos diversos uno de los otros; esto es que no tienen esa vinculación; lo anterior, con la finalidad de que se estudien en juicios por separado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se designaron como autoridades responsables y se señalaron como actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. - Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. -Desacato de órdenes judiciales. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 9. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. - Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. 11. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 12. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 13. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 14. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital-, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De lo expuesto se observa que los actos reclamados a las autoridades formalmente administrativas y administrativas penales, se encuentran desvinculados de aquellos atribuidos a los Jueces Federales, porque como son de diversa naturaleza, necesariamente son autónomos ya sea de naturaleza administrativa o jurisdiccional, circunstancia que impide el conocimiento integral de la demanda en los términos planteados, como se explicará enseguida. Quedó ilustrado en líneas anteriores que de las autoridades administrativas (primer cuadro), se reclaman actos que los promoventes del amparo consideran atentan contra la "libertad personal" de los quejosos directos, por derivar de la reclusión a que éstos se encuentran sujetos, como son: el traslado y la reubicación (fuera de procedimiento), de los cuales derivan los actos que señalan como de los prohibidos del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; así como las omisiones que reclaman. En cambio, debe destacarse que, en otra parte de las demandas (segundo cuadro), se acotó que de los diversos Jueces de Distrito señalados como autoridades responsables, se reclama exclusivamente la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. Señalamiento el cual permite advertir que dadas las funciones y actividad legalmente regulada de dichas 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores autoridades por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y desde una óptica concreta de capacidad y potencialidad de accionar y afectación material realmente posible en relación con los acto específicamente a ellos atribuidos, resulta alejado o ajeno a la esfera jurídica de la parte quejosa y; por ende, al no advertir que los actos que reclama dependan unos de otros, precisamente por no derivar de un mismo hecho generador, ni incidir en cuestiones jurídicas que a su vez no dependen necesariamente una de la otra, entonces, resulta infactible la posible vinculación de causa efecto con los diversos actos que reclamó de las autoridades restantes, dado que no existe relación con la acción o ejecución de los mismos. Por tanto, bajo un criterio racional y en aras de una correcta administración de justicia, es dable establecer que al haberse reclamado en una sola demanda actos diversos unos de los otros y atribuírselos a autoridades con naturaleza distinta, lo procedente es ordenar la separación de los juicios. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis II.2o.P.28 K (10a.) 3 que dispone: "INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos 3 Emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1022, Materia(s): Común, Décima Época, Registro digital: 2014722. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? que respecto a su cualificación asignada por la ley necesariamente deban conocer de unos, un Tribunal Unitario de Circuito y, de otros, un Juzgado de Distrito, verbigracia, tratándose de un acto consistente en la reposición del procedimiento ordenada por un Tribunal Unitario y, como consecuencia de ello, sobrevino el dictado de un auto de formal prisión por el Juez de Distrito, porque son actos totalmente desvinculados entre sí; de ahí la razón de la separación de los actos de acuerdo con la competencia de cada una de las autoridades que conocen del juicio de amparo, sin que ello implique dividir la continencia de la causa". La presente separación tiene sustento en lo determinado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022 4 , del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: La Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, determinó la separación de los juicios, al advertir, como ahora lo hace este juzgado, que en el escrito inicial de demanda, los actos reclamados a distintas autoridades señaladas como responsables, no guardan vínculo entre sí; por tanto, consideró idónea la escisión de la controversia y el análisis por cuerda separada cada reclamo. El referido Tribunal Colegiado determinó que el análisis integral y acucioso de la demanda de amparo permitía apreciar dos apartados tácitamente diferenciados por su contenido, tal como lo hizo la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien para diferenciarlos destacó en dos distintos recuadros los actos y autoridades, en atención a la naturaleza jurídica que revisten. Primero, se destacaron las autoridades denominadas como "formalmente administrativas y administrativas penales", y actos específicos reclamados - entre los que destacan, el traslado de los impetrantes a 4 Suscitado entre los Jueces Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al conocer del juicio de amparo 753/2021 y Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, al separar el juicio 657/2021, respecto de la demanda promovida por CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA y ENRIQUE MEJÍA BELLO. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores distinto centro de reclusión, la reubicación de dormitorio, cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, intimidación y represalias-. En el segundo, fueron anotadas las autoridades "jurisdiccionales federales" y actos atribuidos -violación al principio pro persona, inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y discriminación-. Como precisó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la distinción destacada, por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala no fue discrecional o arbitraria, sino correspondiente y congruente con el escrito inicial. El citado Tribunal Colegiado adujo que de manera acertada se determinó que cada uno de los aspectos planteados en la demanda, administrativo y jurisdiccional, era factible atenderlo por cuerda separada, sin afectar la continencia de la causa, porque implicaba emprender un estudio distinto, debido al ámbito de atribuciones de las autoridades señaladas como responsables y a la naturaleza intrínseca de los actos que en específico se les reclamó; además, ninguna referencia se tenía que derivaran del mismo hecho generador. Estableció que situación contraria sería, si un mismo acto lo reclaman los impetrantes a todas las autoridades responsables, en ese caso, identificadas como administrativas y jurisdiccionales; porque en ese supuesto, predominaba la eventual posibilidad de que, de alguna forma tuvieron injerencia en su emisión o ejecución, y por ello sería necesario abordar su estudio en el mismo asunto; lo que en el particular no aconteció; lo que dejó en evidencia de que los actos reclamados en la demanda no guardaban relación, ni dependían entre sí; por lo que conllevan a un análisis distinto, que era conveniente atender por separado. Concluyó que la escisión de la contienda, en el caso, permitiría privilegiar el acceso a la justicia, y la 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? impartición, tutela pronta, expedita y completa en el expediente que se apertura a virtud de la separación indicada; por lo que lo manifestado en la demanda, resulta suficiente para advertir que es viable y preferible, el análisis individualizado e independiente de los actos reclamados, mediante la separación de juicios; estando a cargo del órgano de control constitucional competente, en cada caso, garantizar el trámite debido y la resolución de la controversia. En este orden de ideas se puntualiza que la determinación de separar los juicios, en modo alguno deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la totalidad de los actos será atendida en su integridad pero en diversos juicios de amparo donde podrá acceder y ejercer sus derechos; además, la separación de juicios resulta procedente en este momento procesal a efecto de evitar una posible reposición de procedimiento en perjuicio de los quejosos, como se advierte del criterio contenido en la tesis II.3o.P.29 K (10a.) 5 , que establece: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA REVISIÓN DEBE ORDENARLA PARA QUE SE TRAMITE EL INCIDENTE DE SEPARACIÓN DE JUICIOS, SI ADVIERTE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS ESTÁN DESVINCULADOS ENTRE SÍ, Y SE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DEL CIRCUITO CON EXCEPCIÓN DE UNO, ASÍ COMO A DIVERSAS DE NATURALEZA DISTINTA, CON EL FIN DE ELUDIR EL SISTEMA DE TURNO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Si de la lectura de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce de la revisión, advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí y que el quejoso intenta eludir el Sistema de Turno del Poder Judicial de la Federación, porque señala como autoridades responsables a diversas con naturaleza distinta, así como a todos los Jueces del Circuito, con excepción de uno (el que pretende que se vea obligado a conocer del asunto); ello permite al tribunal revisor ordenar la reposición del procedimiento hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, para que el 5 Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2923, Materia Común, Décima Época, registro 2022695. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores a quo tramite el incidente de separación de juicios respecto de los actos desvinculados entre sí y, posteriormente, resuelva lo que en derecho corresponda en cada juicio, en aras de una correcta administración de justicia, aun cuando la Ley de Amparo no prevea la figura de separación de juicios, pues ello no impide su tramitación con apoyo en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla." Luego, a fin de que tales actos puedan analizarse a través de la instancia constitucional y por conducto de las autoridades competentes, se determina la separación de los actos en los términos precisados con antelación (cuadro uno y cuadro dos); procediéndose a emitir el pronunciamiento correspondiente. Incompetencia. En el caso se actualiza un motivo de incompetencia respecto de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. - Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. -Desacato de órdenes judiciales. - Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Omisión de suspender de sus 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? México. 9. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. 11. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 12. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 13. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 14. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital-, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Marco normativo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la disposición normativa transcrita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; dichas reglas para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior pauta, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Análisis del caso concreto. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un distrito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada, de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Tesis 1a./J. 64/2019 (10a.)6 , de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro 6 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, Décima Época, Materia(s): Común, registro 2020828. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Pues bien, en el caso que nos ocupa, los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un distrito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado en la demanda de amparo, se pone de manifiesto que los promoventes no tienen noticia del lugar al que serán trasladados. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores En consecuencia, cobra aplicación la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. Al estar estrechamente vinculados y derivar de la posible orden de traslado en perjuicio de los quejosos, lo mismo acontece respecto de los actos restantes consistentes en: - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. -Desacato de órdenes judiciales. - Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. -Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. - Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. En ese sentido, es posible arribar al convencimiento de que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Así es, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que, si los quejosos están recluidos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en ese lugar donde se ejecutan o donde tendrán ejecución los actos que se reclaman; en consecuencia, este juzgado DECLINA LA COMPETENCIA a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.)7 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA 7 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, registro digital 2020828. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Sin soslayar que los Juzgados de Distrito en Materia Penal fueron señalados como autoridades responsables, sin embargo, los actos por los que se declina competencia, no son atribuidos a dichas autoridades jurisdiccionales como se explicó al inicio de esta determinación. Decisión. De tal suerte, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; es competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, copia certificada del presente juicio de amparo 579/2022-III, a efecto de que se encuentre en aptitud de resolver lo que conforme a derecho proceda. Solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor Desechamiento. I. Análisis de la demanda de amparo Respecto de los actos reclamados a los diversos jueces federales, este órgano jurisdiccional procede a analizar la demanda de amparo correspondiente tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinarlas para que en caso de 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Resulta dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. II. Cuadro fáctico. Toda vez que de lo anterior, se advierte que se acordó la separación de juicios, respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos; siendo que a este Juzgado, únicamente le corresponde conocer de los consistentes en: - Violación al principio pro persona. - Inaplicación de criterios internacionales. 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? Señalados con los numerales 18 y 19 de la demanda de cuenta. En estas condiciones, del examen de la demanda de la que se provee, se advierte que la misma se presentó en línea y sin la firma electrónica correspondiente a Carlos Alberto Angelino Barrón -representante común de los quejosos-, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Ivan López Hinojosa, misma que se considera necesaria, en atención a que los citados actos reclamados, no son actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad de los promoventes para solicitar amparo respecto de dichos actos. III. Calificación e hipótesis. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: IV. Marco Normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores El artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. V. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Ivan López Hinojosa, presentada en línea, no contiene la firma electrónica certificada, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, constitucional, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? instancia de parte agraviada; se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento criptográfico de identidad válido y vigente. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo8 . 8 "Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General. Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra9 . Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, cuando sean reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo10 . Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iníciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el 9 "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. 10 Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión11. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la 11 "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto del escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes12 . 12 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.151 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, Febrero de 1995, página 303, registro 208351, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". Asimismo, es aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), visible en la página 3632, Décima Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, registro 2000130, cuyo rubro dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". Es aplicable la diversa tesis sin número, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 259, registro 216927, con el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? Máxime, que los actos por los cuales se sigue el presente asunto y que son atribuidos a autoridades de naturaleza jurisdiccional, no encuadran en las hipótesis previstas en la porción normativa 15 de la Ley de Amparo, o de los prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues como se dijo, los actos reclamados sustancialmente identificados como la violación al principio pro persona y la inaplicabilidad de criterios internacionales en realidad constituyen vicios de inconstitucionalidad, de manera que en realidad se tratan de afirmaciones vinculadas con los conceptos de violación; que en su caso, la autoridad que resuelva el fondo del asunto y que advierta violación manifiesta a dichos principios, podrá determinar lo conducente. Además, como lo precisó el Tribunal Colegiado en materia Penal del Noveno Circuito en ejecutoria dicada en el recurso de queja 59/2022, no es óbice a lo anterior que, los solicitantes de la protección constitucional indicaron, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran en la "Penitenciaria de la Ciudad de México" -privados de su libertad- y que refirieron que su demanda "No se requiere firma por pandemia COVID-19". QUIEN LA FORMULA". Por último, es exactamente aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 15, Tomo I, abril de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2019715, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores Empero, lo cierto es que, es un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, que a partir del veintiséis de abril al nueve de mayo de dos mil veintidós, en la Ciudad de México se estableció "semáforo anaranjado", por lo cual a la fecha de presentación del escrito constitucional -nueve de mayo del año en curso- no se estaba en la hipótesis de contingencia sanitaria por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), por lo cual debía atenderse a la jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a), esto es que, la presentación de la demanda por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de "firma electrónica" (FIREL) de la parte quejosa. Tampoco se desatiende que los quejosos si bien se encuentran en estado de vulnerabilidad al estar privados de su libertad; sin embargo, ello no los imposibilita a cumplir con el requisito de procedibilidad en comento, puesto que, tuvieron acceso a un equipo de cómputo y a la red de internet para enviar su demanda, tan es así que utilizaron el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de presentarla ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, donde se recibió inicialmente dicha demanda, en la que precisó su titular en el acuerdo dictado el nueve de mayo del año en curso ".el aludido ocurso fue presentado sin firma electrónica.". Decisión. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el 27/05/23 19:31:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb Ricardo Jasso Flores ??A???????????? artículo 113 de la Ley de Amparo13 , se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, únicamente respecto de los actos consistentes en: - Violación al principio pro persona. - Inaplicación de criterios internacionales. Precisados con los numerales 18 y 19 de la demanda de cuenta. Notificación a la parte quejosa. Tomando en consideración que del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran internos en la penitenciaria de la Ciudad de México; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, les notifique el presente auto. Con apoyo en el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (por medio de exhorto), así como a sus abogados defensores, estos últimos en el domicilio designado en esta ciudad; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.

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