Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
592/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de veintitrés de agosto del año en curso, sin que la haya desahogado en sus términos dentro del plazo que le fue otorgado Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a los promoventes en dicho proveído. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a los quejosos, así como a sus defensores en el domicilio que tienen en esta ciudad; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Titular de la Delegación San Luis Potosí del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de cinco de septiembre del año que transcurre, y al efecto informa que designó al licenciado José Juan Chávez Godínez, como defensor público de los aquí quejosos. Requerimiento. En consecuencia, requiérase a José Juan Chávez Godínez, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, sito en calle Palmira número 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, ala "B", 5° piso, de esta ciudad, con credencial oficial con fotografía y copia de la misma, a efecto de que acepte y proteste el cargo conferido. En ese contexto, tomando en consideración que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general: Hágase del conocimiento de José Juan Chávez Godínez, que a fin de comparecer en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, deberá hacer uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, debiendo generar su código QR a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", submódulo "Agendar cita", cuya dirección electrónica es: "https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/Servic iosJurisdiccionales/citas". Esto último a efecto de que se le otorgue la cita correspondiente, haciendo de su conocimiento que la misma la deberán obtener en el horario de atención al público asignado a este órgano jurisdiccional, y que en el caso para la asignación de citas comprende de las diez horas a las catorce horas con treinta minutos, y puedan ingresar al local que ocupa este órgano jurisdiccional, en el entendido de que en la hora y fecha asignada, deberá acudir con identificación oficial y con el código QR respectivo. Asimismo, hágase del conocimiento de José Juan Chávez Godínez, que en caso de que al generar la cita respectiva no aparezca fecha y horario disponibles dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, en este órgano jurisdiccional para la generación de la aludida cita, así lo deberá manifestar bajo protesta de decir verdad a este Juzgado Federal, a efecto de que dicha circunstancia se verifique en el sistema electrónico respectivo y se emita la determinación que en derecho corresponda. Se faculta al Actuario de este Juzgado para que en el acto de la notificación del presente auto, en caso de realizar la diligencia encomendada directamente a José Juan Chávez Godínez, lo requiera para que ante su presencia acepten el cargo conferido de defensor del quejoso. De todo lo cual el fedatario judicial deberá levantar la razón correspondiente. Apercibimiento. En caso de no hacer lo que aquí se le requiere, transcurrido el término concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase proporcionando un correo electrónico, a fin de que, de estimarse necesario, se establezca contacto con dicha parte procesal, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dichos medios electrónicos se le realicen notificaciones. Notifíquese personalmente a José Juan Chávez Godínez; y a las demás partes por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agrega escrito. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por Arturo Guadalupe Jiménez Camacho e Iván Pedraza Ochoa, por medio del cual informan que se encuentran imposibilitados para dar cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veintitrés de agosto del año en curso, relacionadas con los antecedentes de los actos reclamados, ya que dicho conocimiento solo es atribuible a los promoventes del amparo. Asimismo, manifiestan que de conformidad con los artículos 7, 14 y 15 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado, en concordancia con el número 8 de su reglamento, su jurisdicción sólo se encuentra en el Estado de San Luis Potosí y que no cuentan con la infraestructura tecnológica para cubrir todo el territorio nacional en labores de representación de otros estados; por el contrario, el Instituto Federal de Defensoría Pública es la que cuenta con la infraestructura y regulación de funcionamiento para brindar el servicio de asesoría en la república mexicana. Requerimiento de asesor jurídico. A efecto de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva, y en virtud de que los aquí quejosos instaron el juicio de amparo en que se actúa sin asistencia jurídica. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la Titular de la Delegación San Luis Potosí del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, proporcione el nombre de un defensor, asesor, representante o asistente jurídico, que asista en la tramitación del presente asunto a los aquí quejosos y cuide sus intereses, acompañándole para su mayor conocimiento copia autorizada de la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el momento en que acepte el cargo conferido le será notificado este proveído y el citado y, hasta ese momento será cuando comenzará a transcurrir el término otorgado a los quejosos para que aclaren su demanda. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede dentro del plazo concedido, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, que dispone: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la Titular de la Delegación San Luis Potosí del Instituto Federal de la Defensoría Pública.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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