Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
173/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Juan Manuel Espinosa González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    téngase recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 101/2022, número de orden 239/2022 del índice de este Juzgado Federal, que le fuera enviado a fin de notificar a la parte quejosa, el auto dictado el seis de abril del año en curso. En tal virtud, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales procedentes, y dado que el representante común de los quejosos *************, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al citado representante común de la parte quejosa, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Rosalba Izaguirre Arellano, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE EXHORTO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio que remite el Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 75/2022, número de orden 179/2022 del índice de este Juzgado Federal, que le fuera enviado a fin de notificar a la parte quejosa, el auto dictado el dieciocho de marzo del año en curso. En tal virtud, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales, sin que haya lugar a ordenar el acuse de recibo toda vez que el sistema por el que fue enviada la comunicación oficial lo emite de forma automática. Notifíquese. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en ciudad Valles, asistida de Rosalba Izaguirre Arellano, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo los números 173/2022-I-D, 174/2022-II, 175/2022-IV, 176/2022-III, 177/2022-I-E y 178/2022-II, por lo que se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No es inadvertido para esta juzgadora que las demandas se recibieron vía electrónica; sin firma autógrafa o electrónica; empero, entre otras cuestiones se reclaman actos prohibidos en los artículos 22 Constitucional, en términos del 15 de la Ley de Amparo, este juzgado federal, se pronuncia al respecto. DETERMINACIÓN DE NO URGENCIA DE LA DEMANDA. Bien, en principio es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. ACUMULACIÓN. De igual forma, vista la certificación de cuenta y dado que los escritos que se recibieron en esta misma fecha son de contenido idéntico, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la acumulación de los juicios 174/2022-II, 175/2022-IV, 176/2022-III, 177/2022-I-E y 178/2022-II al 173/2022-I-D, por ser éste el primero en recibirse vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, toda vez que en el derecho procesal constitucional, la acumulación es una figura que, por su propia naturaleza, obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero que se vinculan por referirse al mismo acto reclamado, sea que : I) el mismo quejoso haya promovido diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades; o II) diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos. Por tanto, la acumulación permitirá al juzgador resolver los litigios en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones; ello, en aras de proteger los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital 2009910, de rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL". DESECHAMIENTO. Ahora, previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman, del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades: "1) Reubicación de ******* del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio Nueve zona Dos estancia once que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra ******** por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de *********** del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona tres estancia diez que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de ************ del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de *********** del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de ************* del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de ************ del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de ******** del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de ********** del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de *********** del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de ********** del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de ********** del dormitorio diez a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación. 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Coacción y actos de Intimidación contra ******* para elaborar escrito de 14 de enero del dos mil veintidós. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, Intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del Comité Técnico de la penitenciaría de la ciudad de México sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México, quienes son: ************." En este orden de ideas, con relación a tales actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que los aquí inconformes, antes de acudir en demanda de amparo, están obligados a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como se advierte, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: - Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. - Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; - Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, - Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Así, para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Sobre el tema, esta juzgadora estima conveniente traer a colación la Contradicción de Tesis 57/2018, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció lo relativo a los mecanismos de defensa respecto a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. Así, nuestro Máximo Tribunal definió que una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. Dichos numerales, son del tenor literal siguiente: "Artículo 3. Glosario - - - Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: [.] XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; [.] XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; [.]." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario - - -Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. - - - Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: - - -I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; - - -II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; - - - III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; - - - [.] - - -VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; - - -VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; [.]." "Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario --- Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a: [.] III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género; IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud; V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley; [.] ." "Artículo 30. Condiciones de internamiento --- Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. --- Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Además, señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar a la autoridad penitenciaria hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Que el mismo, faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Que las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros; que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas, y en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Que igualmente, dicho mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Puntualizó que las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentre recluida la persona; que los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población; que el desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Señaló que en el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; que cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Por otra parte, estableció que las peticiones administrativas no urgentes deberán sustanciarse de la forma siguiente: a) Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. b) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla; de no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. c) Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. d) Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. e) Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. f) En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. g) Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. h) La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistir de la acción, siempre que ello no implique la renuncia a un derecho fundamental. i) Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. j) Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por otra parte, que cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: 1. El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. 2. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. 3. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. 4. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 5. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. De lo hasta aquí expuesto, es dable decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de que se trata, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame actos, hechos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entendidas estas como "cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación"; antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos están facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También dicho mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda; igualmente, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desechan de plano las demandas de amparo que se estudian por lo que hace a los actos reclamados consistentes en el traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México donde refieren se encuentran a una distinta ubicada dentro o fuera de esa ciudad; así como el cambio de los dormitorios donde dicen se encuentran a uno distinto de esa penitenciaría, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. DETERMINACIÓN RESPECTO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y 15 DE LA LEY DE AMPARO. Por otra parte, como se advierte de la demanda, los promoventes reclaman actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, sobre la base que los actos administrativos sobre cuestiones de internamiento como el cambio de dormitorio o el traslado los generan. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en los quejosos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los actos cuya trasgresión se reclama tienen su origen en cuestiones de internamiento y actividades administrativas penitenciarias, tales como el traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México y la reubicación de un dormitorio a otro diverso o estancia, módulo o área diversa, por lo que en el caso no se ubican en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, debido a que se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, pues son éstos quienes promovieron por derecho propio y en uso de medios electrónicos las demandas de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse, y respecto de los cuales el juzgado decimocuarto de distrito ya se pronunció. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.10.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951; con número de registro 229397; de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente respecto de las medidas de internamiento de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Lo anterior atento a que tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos fundamentales de los sentenciados se respeten. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, sino devienen directamente de la actividad penitenciaria y la apreciación que sobre tales tienen los quejosos. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a **********, por así haberse solicitado en la demanda. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. Dado que los impetrantes **************, se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a los quejosos, dé fe de las condiciones físicas en que se encuentran, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese, y personalmente a los quejosos vía exhorto. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de la Secretaria Rosalba Izaguirre Arellano, que autoriza y da fe.(Acuerdo firmado de manera electrónica, se anexa evidencia criptográfica)

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano