Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 399/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- José Othón Ramiro Hernández Lima y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el dos de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por notificado que no existió conflicto competencial entre este Juzgado de Distrito y la autoridad oficiante, ordenándose el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil veintidós. SE RECIBE TESTIMONIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, téngase recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Apizaco, Tlaxcala, al que acompaña el testimonio de la resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintidós, en los autos del conflicto competencial 28/2022; sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo correspondiente toda vez que no fue solicitado y el Sistema por el que lo envío genera el atinente. Ahora, estese a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se declara inexistente el presente conflicto competencial." ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 206/2022, orden 415/2022, del índice de este juzgado, mismo que fue remitido a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notificara en forma personal a la parte quejosa el auto de once de mayo del año en curso. En tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales y acúsese recibo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese para que obre como corresponda, el oficio del el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, derivado del juicio de amparo 349/2022-II, promovido por Carlos Alberto Angelino, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, contra actos de esta y otras autoridades. Ello, en virtud de que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto; declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. REGISTRO. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 399/2022-IV. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que los quejosos señalan como autoridades responsables, entre otras: Por tanto, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, de aquellos actos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, esto es, por parte de una ejecutora; de lo cual será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde tenga ejecución el acto reclamado. 2.- Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, será competente aquel juez ante quien se haya presentado la demanda de amparo; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el numeral 38, de la Ley de Amparo, prevé una regla de excepción a lo previsto por el artículo 37, al determinar que será competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez Federal, otro del mismo distrito y especialización y si no lo hubiera, será el más cercano dentro de la jurisdicción al que pertenezca, sin que se establezca expresamente la hipótesis relativa a que el juicio de amparo se promueva contra todos los jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial. Lo que conduce a sostener que del mencionado artículo 38, se advierten los siguientes supuestos: a) En el que corresponde conocer del juicio de amparo promovido contra actos de un juez de Distrito a otro del mismo Distrito y especialización, si lo hubiere. b) El que compete conocer del juicio de amparo promovido contra actos de un juez de Distrito al más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca dicho juzgador. En la especie, los peticionarios del amparo señala como actos reclamados entre otros: a) Traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro diverso. b) Reubicación de dormitorio. c) Intimidación d) Discriminación e) Afectaciones a la salud psicofísicas y emocionales. f) Actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, señaló como autoridades responsables al Director de la Penitenciaria, Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaria, Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, Subsecretario de Sistema Penitenciario, Secretario de Seguridad Ciudadana, Jefe de Gobierno, Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la penitenciaria, todos de la Ciudad de México. Así como a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En ese contexto, las reglas previstas por el numeral 37, de la Ley de la materia, quedan excluidas, en la medida que, derivado de la designación de los anotados jueces de Distrito con el carácter de autoridades responsables, se debe atender a la regla especial contenida en el precepto 38, de la misma legislación, que establece que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto, que se promueva contra actos de un juez de Distrito, es otro del mismo Distrito y especialización; y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que perteneciera. Esto es así, en virtud de que la regulación del régimen de competencias previsto en la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, constitucionales, ha hecho distinción respecto de las autoridades responsables emisoras de los actos reclamados, pues cuando se promueve amparo contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, el competente es otro de la misma naturaleza dentro del propio Circuito, y si no lo hubiera, le correspondería al más próximo de la residencia de aquél, sin tener en consideración lo relativo a la ejecución. Se cita como apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.), Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 8, diciembre de dos mil veintiuno, tomo II, página 1230 de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." En esa tesitura se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, al no haberse señalado como responsables, entre otros, a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, así como a los Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala, pues de la demanda se advierte que no señala como responsables a los Jueces de Distrito en Ciudad Valles perteneciente a San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por lo que, resulta inconcuso que es al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, a quien le surte la competencia para conocer de dicho asunto al no haber sido señalado como autoridad responsable. Máxime que aun y cuando se llegara a determinar que únicamente se exceptúa como autoridad responsable a la sede Ciudad Valles, San Luis Potosí; sin embargo, del escrito de demanda no se advierten actos reclamados de manera concreta a los jueces federales; por ende, el juzgado declinante se encuentra en condiciones de continuar conociendo del juicio de garantías de que se trata. Ello es así, pues de la demanda de amparo se aprecia que los impetrantes señalan una serie de autoridades administrativas a quienes reclama diversos actos relacionados con su traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos a uno distinto en la Ciudad de México o fuera de ésta, emitidos fuera de procedimiento judicial, así como su reubicación a diversa área en el centro de reclusión. Asimismo, los quejosos señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y de los diversos Estados de la República que precisan; empero, no expusieron algún acto concreto en su contra por lo que no son actos de autoridad sino se trata de supuestas violaciones a sus derechos humanos que se pudieran imputar -en opinión de los disconformes- a los juzgadores federales. HECHO NOTORIO. Resta decir que en similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el conflicto competencia 2/2022 en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, suscitado entre la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, Materias(s): Común, con registro digital: 2017123 de rubro y texto que se leen a continuación. "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En mérito de lo expuesto, no se acepta la competencia que se plantea para conocer del juicio de amparo 362/2022-II, promovido por Carlos Alberto Angelino, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, contra actos de esta y otras autoridades. Mediante oficio que al respecto se gire, hágase esta circunstancia del conocimiento del Juzgado federal declinante, adjuntándole los autos del mencionado juicio, previa copia certificada que se obtenga y formación del cuaderno de antecedentes relativo, solicitando el acuse de recibo respectivo. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón, por así haberse solicitado en la demanda. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Dado que el representante común de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al citado representante común de la parte quejosa, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, firmar los oficios que deriven del presente auto. Finalmente, se advierte que la autoridad declinante en el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, determinó lo conducente respecto de la medida cautelar solicitada por los quejosos. Notifíquese y personalmente al representante común de la parte quejosa vía exhorto.
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