Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 1581/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno tanto físico como electrónico. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno tanto físico como electrónico.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el primero del mes y año en curso, dentro de los autos del impedimento 103/2022 de su índice; así como el juicio de amparo 1462/2022-9, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustroso, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas; con fundamento en el artículo 58, de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1581/2022-VIII y fórmese el expediente respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise qué acto o actos reclaman de cada autoridad de las señaladas como responsables. Lo anterior, puesto que refieren una suma importante de autoridades, cada una de ellas con diversas funciones y objetivos. Incluso, señalan como responsables a diversos jueces de distrito, sin especificar, verbigracia, si en todos ellos se sigue algún procedimiento en su contra o el motivo por el que se les señala como autoridad responsable; de ahí que deba puntualizarse el acto que a cada una de las autoridades se atribuya y el origen del reclamo. Aunado a que a dichos jueces de distrito, reclama actos de forma ambigua, al pretender atribuir la "violación al principio pro persona" e "inaplicación de criterios internacionales". De ahí que deban clarificar los actos reclamados. SEGUNDO. Especifique el lugar en el que se encuentran recluidos la totalidad de los agraviados. Esto cobra relevancia, en la medida en que si bien señalan que tienen domicilio al interior de la penitenciaria de la Ciudad de México; empero, no se precisa si cada uno de los aludidos agraviados se encuentran internados, ni la autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien se lleve el procedimiento correspondiente, aunado a que es un hecho conocido que en la Ciudad de México existe el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y la Penitenciaria ubicada en la colonia del mismo nombre; dato que se estima relevante, en la medida en que se desconoce de qué lugar es que posiblemente los pretendan trasladar o en qué lugar es que les podrían estar infringiendo aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Precisen, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación debiendo hacer una relación de los actos que señalen como reclamo con los hechos o actos de los que se originan. Ello, toda vez que en el escrito de demanda no se expresa antecedente alguno y menos bajo la formalidad de manifestar que lo señalado se hiciera bajo protesta de decir verdad. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que en la parte final de la demanda de amparo, señale la frase "PROTESTO LO NECESARIO", pues ha sido criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicha expresión de ninguna manera sustituye a la formalidad y exigencia de puntualizar que lo que se sabe y consta, se narra bajo protesta de decir verdad; ello, dado las posibles consecuencias jurídicas que pudiesen surgir. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del tomo X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1999, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. CUARTO. Es un hecho notorio la promoción vía electrónica de múltiples juicios de amparo tramitados a nombre de Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, todos ellos sin firma o evidencia criptográfica de quien promueve la demanda, en los que se reclaman similares actos a los señalados en el ocurso que se atiende; por ende, también deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, si a la fecha de presentación de esta demanda se encuentra en trámite o fue resuelto diverso juicio de amparo contra las mismas autoridades y por los actos que señalan en la demanda. En el entendido que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Las imprecisiones destacadas imposibilitan en este momento hacer pronunciamiento alguno en relación con la suspensión de oficio y de plano, aunado a que también resulta un hecho notorio la tramitación de múltiples juicios de amparo en los que este juzgado ha sido señalado como responsable, en los que se decretó la suspensión de plano, motivo por el que hasta en tanto se dé cumplimiento a la prevención aquí formulada no es posible acordar lo relativo a la suspensión solicitada. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Carlos Alberto Angelino Barrón. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no se tiene la certeza del lugar en el que se encuentran recluidos los agraviados, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
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