Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano judicial ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio 15173/2022 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por medio del cual acompaña la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, relativa al juicio de amparo 413/2022 del índice de la citado órgano judicial, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de otras autoridades; ello, con motivo de la legal incompetencia decretada por ese órgano. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la legal competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 499/2022-III. Asimismo, acúsese recibo. Ahora bien, en primer término, como lo solicita la parte promovente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Carlos Alberto Angelino Barrón. Por otra parte, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Especifique qué acto o actos reclama de cada autoridad de las señaladas como responsables. Lo anterior, puesto que refiere una suma importante de autoridades, cada una de ellas con diversas funciones y objetivos. Incluso, señala como responsables a diversos jueces de distrito, sin especificar, verbigracia, si en todos ellos se sigue algún procedimiento en su contra; de ahí que deba puntualizarse el acto que a cada una de ellas se atribuya. SEGUNDO. Especifique el lugar en el que se encuentran recluidos la totalidad de los agraviados. Esto cobra relevancia, en la medida en que si bien señalan que tienen domicilio al interior de la penitenciaria de la Ciudad de México; empero, no se precisa si cada uno de los aludidos agraviados se encuentran internados, ni la autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien se lleve el procedimiento correspondiente, aunado a que es un hecho conocido que en la Ciudad de México existe el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y la Penitenciaria ubicada en la colonia del mismo nombre; dato que se estima relevante, en la medida en que se desconoce de qué lugar es que posiblemente los pretendan trasladar o en qué lugar es que les podrían estar infringiendo aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Precise los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. Ello, toda vez que no expresó antecedente alguno y menos bajo la formalidad de manifestar que lo señalado se hiciera bajo protesta de decir verdad. No se soslaya que en la especie deben regir los requisitos exigidos por el numeral 109 de la ley de la materia; sin embargo, lo anterior cobra relevancia en la medida en que no se especifica siquiera, el centro penitenciario de reclusión de los aludidos agraviados, ni la autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien se lleve el procedimiento correspondiente; dato que se estima relevante, puesto que, se insiste, se desconoce de qué lugar es que posiblemente los pretendan trasladar o en qué lugar es que le podrían estar infringiendo de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que se estime procedente la aclaración de mérito, sin que se soslaye el contenido del numeral 109 de la ley de la materia. En el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Finalmente, no ha lugar a decretar la suspensión de plano en el presente asunto, toda vez que el juzgado declinante refirió haber decretado la misma. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no se tiene la certeza del lugar en el que se encuentran recluidos los agraviados, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; máxime que el asunto fue promovido vía electrónica por lo que, incluso, se presume el conocimiento de la presente determinación a través de la misma vía.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio 15173/2022 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por medio del cual acompaña la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, relativa al juicio de amparo 413/2022 del índice de la citado órgano judicial, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de otras autoridades; ello, con motivo de la legal incompetencia decretada por ese órgano. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la legal competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 499/2022-III. Asimismo, acúsese recibo. Ahora bien, en primer término, como lo solicita la parte promovente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Carlos Alberto Angelino Barrón. Por otra parte, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Especifique qué acto o actos reclama de cada autoridad de las señaladas como responsables. Lo anterior, puesto que refiere una suma importante de autoridades, cada una de ellas con diversas funciones y objetivos. Incluso, señala como responsables a diversos jueces de distrito, sin especificar, verbigracia, si en todos ellos se sigue algún procedimiento en su contra; de ahí que deba puntualizarse el acto que a cada una de ellas se atribuya. SEGUNDO. Especifique el lugar en el que se encuentran recluidos la totalidad de los agraviados. Esto cobra relevancia, en la medida en que si bien señalan que tienen domicilio al interior de la penitenciaria de la Ciudad de México; empero, no se precisa si cada uno de los aludidos agraviados se encuentran internados, ni la autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien se lleve el procedimiento correspondiente, aunado a que es un hecho conocido que en la Ciudad de México existe el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y la Penitenciaria ubicada en la colonia del mismo nombre; dato que se estima relevante, en la medida en que se desconoce de qué lugar es que posiblemente los pretendan trasladar o en qué lugar es que les podrían estar infringiendo aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Precise los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. Ello, toda vez que no expresó antecedente alguno y menos bajo la formalidad de manifestar que lo señalado se hiciera bajo protesta de decir verdad. No se soslaya que en la especie deben regir los requisitos exigidos por el numeral 109 de la ley de la materia; sin embargo, lo anterior cobra relevancia en la medida en que no se especifica siquiera, el centro penitenciario de reclusión de los aludidos agraviados, ni la autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien se lleve el procedimiento correspondiente; dato que se estima relevante, puesto que, se insiste, se desconoce de qué lugar es que posiblemente los pretendan trasladar o en qué lugar es que le podrían estar infringiendo de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que se estime procedente la aclaración de mérito, sin que se soslaye el contenido del numeral 109 de la ley de la materia. En el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Finalmente, no ha lugar a decretar la suspensión de plano en el presente asunto, toda vez que el juzgado declinante refirió haber decretado la misma. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no se tiene la certeza del lugar en el que se encuentran recluidos los agraviados, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; máxime que el asunto fue promovido vía electrónica por lo que, incluso, se presume el conocimiento de la presente determinación a través de la misma vía".

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