Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Eduardo Ampudia Fraustro
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II2, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Destrucción juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el dos de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda con que se formó este expediente y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 159/2023 que remite la Secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 861/2022-VIII, de orden 1123/2022, que este Juzgado le giró; sin que sea necesario acusar recibo, dado que este se generó al momento del envío del exhorto en comento. De dicha comunicación oficial se advierte que el cinco de enero de la presente anualidad, le fue notificada a la defensora pública la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda planteada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió vía electrónica el ocurso suscrito por la Defensora Pública de los quejosos, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada el veinticinco de mayo de la presente anualidad e informó que proporcionó asesoría jurídica a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón Edwin Daniel Guerra Córdova, Eduardo Ampudia Frausto, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, José Antonio Contreras Chávez, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Flores Castro, Luis Arturo Zavala Rosas, Iván López Hinojosa y Enrique Alvarado Saucillo. Por tanto, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, esta autoridad estimó que la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, que al actualizarse el artículo 61 fracción IX de la Ley Amparo, desechó de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros. Devuelve exhorto. En estas condiciones, téngase por recibido el oficio 46585/2022 enviado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que devuelve el exhorto 848/2022-VIII, de orden 1107/2022 debidamente diligenciado, recibido mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que éste se generó al momento del envió del exhorto en comento. Contenido de comunicación oficial. Ahora bien, del exhorto que se manda agregar, se advierte que en diligencia de veintiuno de diciembre del año en curso, el quejoso Luis Arturo Zavala Rosas, manifestó que ratifica el desistimiento del presente juicio de amparo 667/2022-VIII, contenida en el despacho 704/2022, orden 704/2022 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; sin que sea necesario pronunciarse al respecto toda vez que en acuerdo de veintiocho de diciembre del año ne curso, se desechó de plano la demanda que originó el presente juicio de amparo.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, así como el estado de los autos, se advierte que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, recibió vía electrónica el ocurso suscrito por la Defensora Pública de los quejosos, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada el veinticinco de mayo de la presente anualidad e informó que proporcionó asesoría jurídica a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón Edwin Daniel Guerra Córdova, Eduardo Ampudia Frausto, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, José Antonio Contreras Chávez, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Flores Castro, Luis Arturo Zavala Rosas, Iván López Hinojosa y Enrique Alvarado Saucillo, asimismo, adjuntó copia de la cédula interna de registro de asesoría jurídica ahora y el escrito signado por los solicitantes del amparo; ahora, de su contenido se advierte, que la defensora Esther Osnaya Osnaya, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tal ocurso y sus anexos son copia fiel de su original, los cuales obran en su poder. Constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en razón de que la promovente formuló la manifestación a que se refiere el numeral 3°, fracciones I, V y VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; esto es, que las documentales digitalizados, presentadas de manera electrónica, son copia íntegra e inalterada del documento impreso. Contenido escrito. De su contenido se advierte que los promoventes señalan que el acto reclamado se materializado en todas y cada una de las promociones de demanda de amparo que se presentan y, en cuanto a los antecedentes del acto manifiestan que desde el nueve de diciembre de dos mil veinte a la fecha se materializan por el actuar de los Jueces al desechar demandas y no conceder suspensión. Por tanto se tiene a los quejosos por cumpliendo con la prevención señalada en auto de veinticinco de mayo del año en curso y por aclarando la demanda de amparo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige, que los quejosos reclaman, los acuerdos por los que los Jueces de Distrito desecharon las demandas de amparo que promovieron y no concedieron suspensión de los actos reclamados. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. Marco normativo. Dicha causal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Del contenido de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de esa misma naturaleza o en ejecución de las misma, por lo que todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, no pueden ser impugnadas mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de amparo, porque ello implicaría juicios de garantías contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Así pues, el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que las resoluciones que se reclamen se hayan dictado en un juicio de amparo; b) O bien, en ejecución de las mismas. Caso concreto. En el caso los quejosos reclaman los acuerdos dictados por los Jueces de Distrito en los que se desechan las demandas de amparo que promueve y no se concede la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, se colman las exigencias previstas en el artículo 61 fracción IX de la Ley Amparo, toda vez que es manifiesto e indudable que el juicio de amparo es improcedente en contra de las actuaciones consistentes en los acuerdos que desecharon demandas y no concedieron suspensión de los actos, pues las mismas, fueron realizadas en los autos de los juicios de amparo que promovieron ante los diversos Jueces de Distrito. Por tanto, el juicio de amparo en que se actúa se torna improcedente pues dichos actos no puede ser reclamados mediante otro juicio de esa naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo planteada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros. Notificación del presente acuerdo. En atención a que en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo como defensora de los quejosos a Esther Osnaya Osnaya, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en Circuito Javier Piña y Palacios y Circuito Martínez de Castro s/n, colonia San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Código Postal 16800, Ciudad de México, notifíquese este acuerdo a la nombrada. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, a fin de que notifique este acuerdo a Esther Osnaya Osnaya, defensora de los quejosos, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Circuito Javier Piña y Palacios y Circuito Martínez de Castro s/n, colonia San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Código Postal 16800, Ciudad de México. Para ello, se faculta al Juez exhortado para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. Quedando facultado el Juez exhortado para que dicte todos los acuerdos y acciones tendentes a la diligenciación del exhorto y, en su caso, agote los medios de apremio legales para llevar a cabo la encomienda correspondiente. Se remite comunicación oficial electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El exhorto de mérito remítase a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envío de dichas comunicaciones que se validarán con las firmas electrónicas del Suscrito y de la Secretaria que da fe de este acuerdo. En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del suscrito, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del módulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento al juzgado exhortado. Finalmente, se solicita la devolución de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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