Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que se le informe si este juzgado aceptó o no la competencia; en atención a su contenido se provee: Como lo solicita la autoridad oficiante hágase de su conocimiento que en el presente juicio de amparo 505/2022-I y sus acumulados, mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, tomando en consideración los actos reclamados y que los mismos no guardan relación entre ellos por ser distintas autoridades responsables las que los emiten, se procedió a la separación de juicios y se declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se recibieron los autos originales del presente juicio en razón de que el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México no aceptó la competencia declinada y este juzgado planteó conflicto competencial, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. A través del oficio 1060/2022-E, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Penal del Noveno Circuito, remitió el presente juicio de amparo 505/2022-I y sus acumulados adjunto al cual se acompañó el testimonio de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el conflicto competencial ******************** de su índice, en el que se resolvió: ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para conocer de los actos reclamados materia del juicio de amparo indirecto 549/2022-IV de su índice, promovido por ******************** TERCERO. Remítanse los autos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que proceda en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución. Como lo ordenó el tribunal de referencia, se envió copia certificada del presente juicio de amparo 505/2022-I y sus acumulados a la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para conocer de los actos reclamados materia del juicio de amparo indirecto 559/2022 de su índice, asimismo, se desechó de plano la demanda de amparo respecto de los actos consistentes en: violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se declaró que dicho auto causó estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Finalmente, como esta ordena en autos devuélvase el presente expediente al archivo correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 558/2022-I, Orden 728/2022 del índice de este Juzgado; sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que éste se generó al momento del envió del exhorto en comento.
- Principal
Agréguese el oficio 1060/2022-E, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Penal del Noveno Circuito, por el que remite el juicio de amparo 505/2022-I; así como, testimonio de cuatro de agosto del año en curso, dictado en el conflicto competencial 41/2022 y, en el que resuelve ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para conocer de los actos reclamados materia del juicio de amparo indirecto 549/2022-IV de su índice, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas. TERCERO. Remítanse los autos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que proceda en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución. Remite juicio de Amparo. En consecuencia, como está ordenado en el testimonio de cuatro de agosto del año en curso, dictado en el conflicto competencial 41/2022, remítase copia certificada del presente juicio de amparo 505/2022-I a la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para conocer de los actos reclamados materia del juicio de amparo indirecto 559/2022 de su índice. Solicítese el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, por auto de siete de junio de dos mil veintidós, este juzgado determino la separación de juicios por los actos y motivos ahí indicados, por lo que en el presente juicio de amparo solo se conoce de lo siguiente: Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital- Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. III. DESECHAMIENTO. Análisis de la demanda de amparo Por lo que, respecto de los actos reclamados a los diversos jueces federales, este órgano jurisdiccional procede a analizar la demanda de amparo correspondiente tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinarlas para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Resulta dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cuadro fáctico. Toda vez que, de lo anterior, se advierte que se acordó la separación de juicios, respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos; siendo que a este Juzgado, únicamente le corresponde conocer de los consistentes en: Violación al principio pro persona. Inaplicación de criterios internacionales. En estas condiciones, del examen de la demanda de la que se provee, se advierte que la misma se presentó en línea y sin la firma electrónica correspondiente a Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, misma que se considera necesaria, en atención a que los citados actos reclamados, no son actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad de los promoventes para solicitar amparo respecto de dichos actos. Calificación e hipótesis. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Marco Normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, presentada en línea, no contiene la firma electrónica certificada, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada; se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento criptográfico de identidad válido y vigente. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra. Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, cuando sean reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iníciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto del escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Máxime, que los actos por los cuales se sigue el presente asunto y que son atribuidos a autoridades de naturaleza jurisdiccional, no encuadran en las hipótesis previstas en la porción normativa 15 de la Ley de Amparo, o de los prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues como se dijo, los actos reclamados sustancialmente identificados como la violación al principio pro persona y la inaplicabilidad de criterios internacionales en realidad constituyen vicios de inconstitucionalidad, de manera que en realidad se tratan de afirmaciones vinculadas con los conceptos de violación; que en su caso, la autoridad que resuelva el fondo del asunto y que advierta violación manifiesta a dichos principios, podrá determinar lo conducente. Decisión. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, respecto de los actos consistentes en: Violación al principio pro persona. Inaplicación de criterios internacionales. Notificación del presente acuerdo. En atención a que los promoventes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, conocido también como el Polígono de Santa Martha, ubicado en la Zona oriente, Avenida Ermita Iztapalapa en el Kilómetro 17.5, de la carretera a México a Puebla de Zaragoza; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho lugar, o bien agote todos los medios legales a su alcance para notificar la presente determinación a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas. Para ello, se faculta al juez exhortado para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional. Quedando facultado el juez exhortado para que dicte todos los acuerdos y acciones tendentes a la diligenciacion del exhorto y, en su caso, agote los medios de apremio legales para llevar a cabo la encomienda correspondiente. Se remite comunicación oficial electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El exhorto de mérito remítase a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con el articulo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin que haya necesidad de solicitar al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía. En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del titular de este órgano jurisdiccional, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del modulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se solicita asimismo la devolución de la comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que consideren realizarlo vía correo ordinario. Notifíquese personalmente.
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