Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 147/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada el veinte de julio de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 29/2023, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial entre el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. SEGUNDO. Por las razones expresadas en la presente resolución se declara legalmente competente al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, por tanto remítansele los autos del juicio de amparo materia de conflicto." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control. En consecuencia, Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 19, fracción I, inciso b), por lo que una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, deberá procederse a su destrucción. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Victoria; el cual registró con el número 29/2023.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe de manera electrónica, la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 454/2023, que le fue enviado para notificar a ************, representante común de la parte quejosa, el acuerdo de seis de junio del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Victoria, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 147/2023-VII del índice de este órgano jurisdiccional, en virtud de no haber aceptado la competencia planteada por este Tribunal, con base en las consideraciones siguientes: El juez declinante sustenta su argumento a razón de que se le señaló como autoridad responsable; sin embargo, no aduce un punto jurisdiccional concreto para sustentar su argumento (con los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el conflicto competencial 11/2019). El artículo 37 de la ley de la materia fija la competencia legal de los Jueces de Distrito con base en la ejecución del acto, esto es, donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado, y si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. En el caso concreto, el acto que se reclama tiene ejecución en la Ciudad de México, porque en la demanda de amparo los quejosos manifiestan que se encuentran internos en la Penitenciaria de la citada ciudad; de ahí que a su consideración, el hecho de ser designado como autoridad responsable, no justifica el declinar la competencia legal en automático, porque primero debe valorarse la vinculación existente con los actos que se reclaman. Por las consideraciones expuestas, la autoridad oficiante no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** Bajo ese contexto, el suscrito no comparte la opinión del Juez oficiante, e insiste en declinar la competencia al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Victoria. Es así, toda vez que si bien, los quejosos manifiestan que se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, y manifiestan que acuden a esta instancia constitucional reclamando entro otros, su reubicación, así como su traslado a un centro diverso al que se encuentran. No se debe pasar por alto lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en que se prevé una regla de excepción a lo previstos por el artículo 37, al determinar que será competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez Federal, otro del mismo distrito y especialización, y si no lo hubiera, será el más cercano dentro de la jurisdicción al que pertenezca, sin que se establezca expresamente la hipótesis relativa a que el juicio de amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial. Esto es, en el artículo 38 antes citado, se establecen dos posibles supuestos, a saber: En el que corresponde conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro del mismo Distrito y especialización, si lo hubiere; y Si no lo hubiere, en el que corresponde conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, al más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho Juez. Por ello, se insiste que en el caso que nos ocupa, se actualiza la segunda hipótesis, toda vez que en la demanda de amparo, los quejosos ********************, señalaron como autoridades responsables, a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, esto es, del Primero al Décimo Sexto; a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo; los Jueces de Distrito residentes en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas; de lo que se desprende, que los impetrantes del amparo no señalaron como autoridades responsables a los jueces de Distrito residentes en los Estados de Baja California (Decimoquinto Circuito), Baja California Sur (Vigesimosexto Circuito) y Tamaulipas (Decimonoveno Circuito). Ahora bien, es de precisarse que cuando en una demanda de amparo se señalan como autoridades responsables, a todos los Jueces de Distrito en un mismo ámbito territorial, como lo es el en caso que se estudia, incluso material, éstos tendrán tal carácter durante la secuela procesal, conforme al artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no es dable que tenga el doble carácter de parte procesal y juez de conocimiento. En ese sentido, si un Juez de Distrito que conoce de una demanda de amparo, considera que carece de competencia funcional para conocer de una demanda de amparo, y advierta de su contenido que son señalados como autoridades responsables, todos los Jueces de Distrito en la misma materia, deberá fincar el conocimiento del asunto al Juzgado más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito, ello en concordancia con lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 22/2000-PL, atendiendo a la regla de excepción prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo. si los quejosos ********************, señalaron como autoridades responsables a los jueces de Distrito en la República, con excepción de los residentes en los Estados de Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas, resulta que precisamente los juzgados de Distrito con residencia en el Estado de Tamaulipas, son los más cercanos al municipio de Celaya, Guanajuato, lugar en el que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Luego, atendiendo a la regla de excepción prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, es que se estima que resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Victoria, por ser el más cercano a esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Dicha postura se sostiene además, con base en los criterios adoptados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 11/2022, 15/2022, 21/2022, 19/2022, 22/2022 y 17/2023, en sesiones ordinarias de diez de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como veintisiete de enero, dos, diez y veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. por las consideraciones precisadas en el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, puesto que, al haberse señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito en la República, con excepción de los residentes en los Estados de Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas, resulta que precisamente los juzgados de Distrito con residencia en el Estado de Tamaulipas, son los más cercanos al municipio de Celaya, Guanajuato, lugar en el que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio.; por lo que, se insiste en declinar la competencia. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y 42, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Capital, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Victoria a quien se ordena comunicar lo anterior. toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa, sin número, colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, de conformidad con los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se ordena girar exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que proceda a notificar el presente auto, en el Centro Penitenciario citado, al representante común de los quejosos ********************En la inteligencia que se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, incluyendo habilitar días y horas inhábiles e imponer las medidas de apremio que la ley establezca. Hecho que sea, se sirva devolver la comunicación oficial a la brevedad posible.
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