Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 1267/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1267/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Sinaloa "1", informa que toda vez que el contribuyente SIBRA MLC, SAP.I. DE C.V. y/o SERVICIOS DE OPERACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD,S.C. tiene su domicilio fiscal en calle San Rafael, número exterior 6005, interior 5, entre calle Ángel Flores y Calle camino a seminario, colonia el Venadillo, localidad Venadillo, código postal 82129, Mazatlán, Sinaloa, por lo que la autoridad facultada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo es la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Sinaloa número "2". Por tanto, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Sinaloa número "2", con sede en Mazatlán, Sinaloa; con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con el fallo protector, para efecto de lo anterior, remítase copia certificada de la ejecutoria de amparo. Sobre el tema se invoca la jurisprudencia 1350 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1516, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común primera parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del apéndice de 2011, de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que el amparo y protección se concedió para el efecto siguiente: [.] Debe destacarse que la inconstitucionalidad de la norma reclamada no implica que la parte quejosa deje de pagar por el servicio prestado, pues el artículo 31, fracción IV, Constitucional le impone tal obligación. Tradicionalmente se ha considerado que en estos casos los efectos del fallo protector es que el quejoso pague la cuota mínima que la propia norma señale; sin embargo, en el caso sólo establece una cuota; por tanto, la cuota que deberá pagar el amparista, en todo caso, debe ser el costo que represente la expedición de las fotocopias, adicionada con la unidad de moneda nacional mínima (un peso). Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 14/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, apreciable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2005870, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 88, Décima Época, que reza: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA PORCIÓN NORMATIVA EN LA REGULACIÓN DE DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. Cuando en una ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios registrales, el efecto de la declaratoria de invalidez de las porciones inconstitucionales no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, ya que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los individuos deben contribuir al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Por tanto, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero también prevé una cantidad fija mínima a pagar, los contribuyentes no tienen la obligación de pagar la tarifa porcentual invalidada, pero ello no implica relevarlos de enterar la cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En mérito de lo expuesto a lo largo de la presente resolución, se impone conceder la protección constitucional para los siguientes efectos: 1. No se aplique a la parte quejosa el artículo 5, fracción I, de la Ley Federal de Derechos. 2. Para lo cual, deberá calcular nuevamente el monto que corresponde pagar por el total de las fotocopias solicitadas. 3. Deberá realizar la devolución de las cantidades excedentes que resulte de los enteros realizados por la parte quejosa, debidamente actualizada. Lo anterior, tiene sustento en la referida Jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 192846, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, Novena Época, la cual se impone trascribir de nueva cuenta, que dice: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Instrúyase al secretario de trámite a fin que transcurrido el plazo concedido a la referida autoridad dé cuenta para proveer lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comunicación de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "1", con sede en esta localidad, mediante la cual proporciona el domicilio del tercero interesado Emprendedores Tu Comunidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Tu nómina plus). En esas condiciones, con fundamento el artículo 27, fracción ll de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su numeral 2, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en Materia de Trabajo en Ciudad de México, a efecto de que comisione a quien corresponda emplace a juicio al tercero interesado en mención, quien tiene su domicilio en calle Tuxpan, Núm. 39, interior 703-A, colonia Roma Sur, entre calle Quintana Roo y calle Tehuantepec, Cuauhtémoc, Ciudad de México, debiéndole correr traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente acuerdo, que para el efecto se acompañe. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, deberá requerirlos para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de emplazamiento señale domicilio procesal en esta ciudad, por conducto de su representante legal, quien deberá acompañar documento en el cual se acredite la personalidad correspondiente. O, en su caso, dentro del mismo plazo proporcionen usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de manera expresa solicite la recepción de notificaciones vía electrónica para autorizarlas y habilitar la consulta del expediente electrónico. Deberá apercibirlas que de omitir proporcionar usuario o no señalar domicilio procesal en esta ciudad, dentro del plazo establecido, las notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la legislación en consulta, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el arábigo 17 constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de que el Juez exhortado practique la diligencias encomendadas. Se solicita al juez que conozca de la comunicación oficial que derive del presente asunto que, en caso de omitir por nuestra parte el envío de alguno de los traslados citados, los datos se haya asentado de forma errónea, sean insuficientes para su diligenciación o carezca de cualquier otro requisito, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional para que de manera inmediata se subsane por personal de este órgano jurisdiccional y sea posible llevar a cabo la diligencia encomendada, a fin de evitar la comunicación sea devuelta sin diligenciar por la falta de algún requisito de forma. Para lo anterior se pone a su disposición los números telefónicos: 667-846-57-00, extensiones 2101, 2106 y 2102, dentro del horario de las nueve a las catorce horas treinta minutos, hora estándar del pacífico de México -una hora menos de la Ciudad de México-, de lunes a viernes, y el diverso 667-142-41-27, en el cual será atendido por el secretario de guardia. De igual forma, para el caso de que los órganos jurisdiccionales exhortados se encuentren con suspensión de labores con motivo de la contingencia decretada por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y consideren que el desahogo de la presente comunicación no se encuentre dentro de los supuestos urentes, se pide de manera comedida, no haga la devolución del mismo por esa razón; pues a consideración de este órgano constitucional, podrá realizar la diligencia correspondiente una vez se levante la suspensión de actividades decretada. Peticiones que se formulan a fin de evitar devolución de comunicaciones oficiales por cuestiones que puedan ser subsanadas de manera pronta, debido a las herramientas tecnológicas con las cuales cuentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y así evitar mayor gasto en los recursos materiales y humanos de los órganos implicados en su diligenciación, en pleno apego a las medidas de austeridad implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal; de igual forma, se busca agilizar la integración del expediente en el cual se actúa, en aras de una justicia pronta y expedita acorde a lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se ordena remitir el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se solicita a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada. Notifíquese y emplácese por exhorto al tercero interesado Emprendedores Tu Comunidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Tu nómina plus).

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa Ana Lidia López Ríos, en la que expone que el dos de septiembre del año en curso, denunció la repetición del acto reclamado, la cual fue admita mediante auto de seis de septiembre del presente año, que la responsable compareció mediante escrito de fecha trece de del mismo mes, por lo que solicita se dicte resolución al respecto. Por tanto, procédase a dictar la resolución correspondiente Notifíquese.

  4. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan las actuaciones se advierte que para el día de hoy está programada celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se cuenta con las constancias necesarias que sustentan los descuentos reclamados. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la ley de la Materia requiérase al Director y Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa para que dentro del plazo de tres días remitan copia certificada de la totalidad de constancias que sustentan los actos reclamados y, en caso de existir, de lo siguiente: Solicitud de créditos otorgados a la parte quejosa, relativos a los descuentos cuestionados. Contrato celebrados respecto esos créditos. Los primeros dos comprobantes de pago de los descuentos efectuados con motivo de esos créditos. Estados de cuenta actuales de los indicados créditos. Identificación de la parte quejosa que haya en el expediente administrativo respecto a la solicitud de los créditos. Convenio de colaboración entre las instituciones crediticias respecto a la domiciliación de pago de créditos celebrados con su personal activo o jubilado vía recibos de nómina o pensión. La totalidad de cartas autorización, instrucción, conformidad o mandatos de pago que la parte quejosa haya signado para la realización de los descuentos de nómina por esos créditos. Por otro lado, el Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa fue requerido en mediante proveído de veintidós de septiembre pasado, notificado el veintisiete siguiente, sin que hiciera manifestación alguna, por lo que a efecto de proveer sobre la multa correspondiente, requiérase al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado proporcione el registro federal de contribuyentes y nombre completo de la persona que ocupó dicho cargo a partir del veintisiete de septiembre pasado, fecha en el que recibió oficio de requerimiento. Se le apercibe a las autoridades, que de no cumplir con los requerimientos señalados, a la omisa se le aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Notifíquese.

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