Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
526/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con el numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, remitido la secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual derivado de la resolución dictada en el conflicto competencial C.C.A. ***, remite el expediente *** de su índice, promovido por ***, por conducto de ***, contra acto(s) que reclama del Director de la Penitenciaría de esta ciudad y otra(s) autoridad(es); háganse las anotaciones en el libro de gobierno; intégrense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes; acúsese recibo. En estricto cumplimiento a lo ordenado en el conflicto indicado, por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, de las consideraciones expuestas en la resolución mencionada, se advierte que los magistrados integrantes del tribunal revisor, consideraron la tesis 2a. XXIII/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUANDO SON SEÑALADOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable, entre otros, al Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conoció del mismo asunto, atribuyéndosele como acto reclamado la sentencia que dictó en un juicio de amparo anterior, no debe declararse incompetente porque el acto reclamado no deriva de un procedimiento ordinario federal o de alguno diverso al juicio de garantías tramitado ante el mismo órgano; por tanto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento, como acto reclamado, de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. Además, no deben considerarse impedidos los Magistrados de Circuito para conocer del nuevo juicio de amparo donde son señalados como autoridad responsable o porque dictaron la resolución impugnada, en términos del artículo 66, fracción IV, de la Ley citada, pues para que se actualice dicha hipótesis se requiere que realmente hayan tenido el carácter de autoridad responsable. Lo contrario significaría admitir que los quejosos pueden impedir el conocimiento de sus demandas por determinados Tribunales Colegiados por el solo hecho de mencionarlos como autoridades responsables". En esa línea argumentativa, desde luego ponderando los aspectos que pueden ser aplicables en vía de amparo indirecto; este juzgador, una vez analizado íntegramente el escrito de demanda, establece que no puede recaerle propiamente el carácter de autoridad responsable en el presente juicio, dada las funciones propias previstas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que con base en ello, se considera que esta autoridad judicial queda excluida del planteamiento contenido en la demanda de amparo. Sin que en el caso resulte procedente proveer lo relativo a la admisión de la demanda, en tanto existe un obstáculo procesal que lo impide. I. En efecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Tal precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6° de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:.- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso puede comparecer al juicio por sí mismo; o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, podrá hacerlo por conducto de: a) su representante o apoderado; b) su defensor; o incluso, c) cualquier persona. Es en relación con los últimos supuestos, que este juzgador considera necesario abundar, en tanto se encuentran vinculados con el presupuesto procesal denominado legitimación procesal activa, que debe de satisfacerse cuando el juicio de amparo sea promovido por conducto de una persona diversa a la agraviada. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/97, consultable en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En ese orden, la Ley de Amparo prevé diversas hipótesis en las que el quejoso puede promover el juicio por conducto de un tercero que ostente su representación legal. La primera se observa en el numeral 6°, en relación con el diverso 114, fracción III, de la ley de la materia, relativa a que el promovente se trate del representante o apoderado legal de la parte quejosa y, al promover el juicio exhiba adjunto a la demanda, documento con que acredite su personalidad. A partir de ello, el juez de amparo podrá determinar, según sea el caso, si el promovente carece de facultades de representación; insuficiencia de las mismas; o, ineficacia de la documentación presentada para ese efecto; lo cual propiciará que aquél lo prevenga para subsanar tal irregularidad detectada. La segunda hipótesis es acorde con el numeral 11 de la Ley de Amparo y surge cuando la persona, al instar la acción constitucional a nombre del quejoso, afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable. Bajo este supuesto, la regla general es admitir la demanda, siempre que acredite lo anterior con las constancias respectivas; salvo en materia penal, en la que basta la afirmación en ese sentido. En el entendido que, en este último caso, si quien acude es el defensor del justiciable, tal manifestación tendrá que realizarla bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el precepto 14 de la ley reglamentaria. La tercera hipótesis, se trata de aquellos asuntos promovidos en términos de lo que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que se reclaman actos ahí precisados, incluyendo a los que se refiere el diverso 22 constitucional. En estos casos, la demanda podrá promoverla cualquier persona -incluso siendo menor de edad- a nombre del quejoso; siempre y cuando, este último se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De esta forma, si quien insta la acción constitucional a nombre del quejoso carece de legitimación procesal activa, traerá como consecuencia la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando 'el agraviado se encuentre imposibilitado para' promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Significa entonces que la falta de legitimación procesal activa, provoca el desechamiento de la demanda al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del mismo ordenamiento y 107, fracción I constitucional. El primer numeral indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." II. En el caso, *** promueve la demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carece de firma electrónica, en representación del justiciable, bajo el supuesto que ampara el artículo 15 de la Ley de Amparo, y señala como actos reclamados los siguientes: ". Actos de molestia y extorsión por el interno **** y *** con conocimiento y consentimiento, así como con el encubrimiento de las autoridades penitenciarias descritas. Fraude procesal y actos de calumnia e intimidación por parte del interno *** y *** con conocimiento y consentimiento, así como con el encubrimiento de las autoridades penitenciarias descritas. Actos de represalias, represión, intimidación, amenazas y de coacción para desistir de los recursos jurídicos interpuestos. Extorsión, cohecho y actos de corrupción, así como amenazas, represión, violencia psicoemocional y psicofísica de parte de personal de seguridad y custodia de la penitenciaría de la Ciudad de México. Discriminación por condición. Violación al principio pro hominem. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem". III. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. En la demanda, tampoco se expusieron argumentos, ni se acompañaron pruebas a partir de las que se generen indicios tendentes a establecer que el quejoso se encuentra imposibilitado para promover el juicio de amparo indirecto por sí mismo. Con apoyo en lo anterior, es válido afirmar que si en el particular no se está ante el supuesto de representación que prevé el numeral 15 de la ley en la materia, resulta evidente que la persona que promovió la demanda de amparo carece de legitimación procesal activa para instar la acción constitucional. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. IV. Dado que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se obtiene que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no ha remitido las constancias originales del juicio de amparo *** de su registro, las cuales le fueron requeridas en proveído de nueve de noviembre pasado, por tanto, solicítesele que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, envíe las mismas. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria adscrita al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial C.C.A. ***; acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, el órgano revisor resolvió lo siguiente: "Único. Se declara que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, le corresponde al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México". En ese sentido, a efecto de acatar lo determinado por el referido tribunal, solicítese al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, que de no existir inconveniente legal alguno, remita las constancias originales del juicio de amparo *** de su registro, a este órgano jurisdiccional. Cúmplase.

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